Desde el año 2018 Venezuela ha estado bajo la consideración de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que varios Estados Parte presentaran una denuncia formal ante este tribunal internacional, alegando que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que la justicia venezolana no ha llevado a cabo procedimientos e investigaciones que conduzcan a la rendición de cuentas de los perpetradores y a la reparación de las víctimas y/o de sus familiares.
Durante estos últimos años el Estado venezolano se ha caracterizado por llevar a cabo maniobras para poner fin a este proceso, mostrando una aparente cooperación con la Fiscalía de la Corte y exponiendo un sistema de justicia nacional que dista mucho de la realidad, pues el aparato judicial venezolano a la fecha no ha garantizado investigaciones independientes, imparciales y expeditas contra los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, en este sentido tampoco se han reparado a las víctimas o a los familiares.
Así pues, a pesar de la última solicitud de Venezuela de diferir las investigaciones de la Fiscalía debido a que el Estado estaría llevando a cabo esas investigaciones, en junio del 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió autorizar a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre Venezuela, pues no evidenciaron investigaciones profundas por parte del Estado tal y como lo exige la Corte. Esta decisión fue apelada por Venezuela.
¿Qué está pasando?
Debido a la apelación de Venezuela de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar la investigación, los días 7 y 8 de noviembre se llevaron a cabo dos audiencias para dirimir este asunto bajo la intervención de la Fiscalía de la Corte, los representantes del gobierno de Venezuela y la Oficina Pública de la Defensa de las Víctimas de la CPI.
En estas dos audiencias las partes presentaron sus alegatos sobre, entre otros, los siguientes aspectos legales:1) El nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tienen la intención de investigar. 2) La posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares se base en documentos proporcionados por el Estado, en apoyo a sus delegaciones que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte. 3) El grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el Fiscal de la CPI, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos.
Próximos escenarios
Una vez culminadas las audiencias los jueces deliberarán y emitirán su decisión a través de una audiencia pública sobre la cual todavía no hay una fecha pautada. En esta decisión pueden ocurrir tres escenarios: los jueces pueden confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, pueden revertir esa decisión o modificarla, o pueden enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación.
Venezuela debe ser investigada por la Corte Penal Internacional
“La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos”, han sido las contundentes palabras de Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, en la primera audiencia celebrada este 7 de noviembre. Su intervención en esta audiencia ha permitido finalmente darle voz a las víctimas y a una sociedad que aún no encuentra justicia.
Las crisis en derechos humanos en Venezuela no se encuentra superada, por el contrario, se ha agudizado y transformado con mecanismos de persecución selectivos y blandos con los que el Estado pretende darle apariencia de normalidad a estos actos que ya han sido reconocidos como crímenes de lesa humanidad, no solo por la Corte Penal Internacional, sino también por otros mecanismos de investigación como la Misión de Determinación de los Hechos y otros órganos independientes de las Naciones Unidas.
Bajo la permanencia de este sistema de represión perfeccionado tampoco se llevan a cabo investigaciones independientes que permitan la rendición de cuentas de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, ni que las víctimas y sus familiares encuentren justicia y reparación. La falta de independencia del sistema de justicia nacional ha sido un asunto ampliamente documentado y reconocido por los distintos mecanismos y expertos independientes de las Naciones Unidas.
Así pues, a pesar de las maniobras del Estado para dilatar y evitar que el proceso ante la CPI continúe, la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía es esencial para las víctimas que encuentran en la CPI un espacio en el que finalmente podrán ser escuchadas.
Por su parte, la necesidad de justicia y reparación viene acompañada de la actuación de otros mecanismos, como ha sido la Misión de Determinación de los Hechos. La investigación ante la Corte Penal Internacional no puede reemplazar la necesidad de otros mecanismos que incluso han producido una cooperación efectiva, recopilando sólida evidencia que bajo coordinación y colaboración pueden fortalecer esfuerzos y facilitar un proceso de rendición de cuentas y de justicia para las víctimas de crímenes internacionales.
