¿Qué sigue en la respuesta internacional a la crisis venezolana? ¿Cómo lograr una respuesta multilateral coordinada?  El pasado 18 de septiembre el Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, Chatham House y The Inter-American Dialogue, realizaron un panel de discusión para abordar las implicaciones de la crisis de Venezuela ante los venideros procesos electorales, donde se analizaron las posibilidades y desafíos que enfrentan las personas venezolanas y la comunidad internacional para avanzar en un camino democrático para el país.

En su intervención, Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), abordó tres dimensiones de la crisis venezolana: la situación humanitaria, la persecución política y la violencia, y las estrategias actuales utilizadas para restringir el espacio cívico.

Emergencia subestimada y no reportada

Borges señaló que la emergencia humanitaria compleja que fue denunciada por las organizaciones de la sociedad civil venezolana desde el año 2015 aún avanza, con dimensiones y alcances claros, que aún no han sido reconocidos oficialmente.

Según la plataforma de información humanitaria de la sociedad civil venezolana, HUM Venezuela, a agosto de 2023 hay 19 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria. La consecuencia más evidente de esta emergencia es el éxodo de venezolanos vulnerables que encuentran pocas esperanzas de supervivencia o vivir con dignidad en el país. Según cifras de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes (R4V), al mes de agosto de 2023 el número de personas venezolanas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a nivel mundial alcanzó los 7,71 millones, marcando un aumento de más de 390 mil personas respecto a mayo de este año.

Violaciones persistentes de derechos humanos y violencia política

Recalcó la directora del Centro de Justicia y Paz que en Venezuela continúan ocurriendo graves violaciones de derechos humanos que no son investigadas. Además las personas venezolanas no cuentan con un sistema de justicia independiente e imparcial que no permita la impunidad por estas violaciones.

La coalición Justicia y Verdad publicó recientemente un informe que afirma que Venezuela ha recibido alrededor de 180 recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de justicia y derechos humanos, pero el gobierno no ha tomado medidas efectivas para abordar estos temas. «El sistema de justicia en Venezuela está debilitado y manipulado, negando justicia a sus ciudadanos. Esta situación no es nueva y se ha convertido en un problema de larga data en el país», indicó Borges. El informe pide que estas normas internacionales de derechos humanos estén en el centro de cualquier negociación o diálogo para resolver la crisis, enfatizando la importancia de la transparencia y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. «Por ello, el grupo en el poder enfrenta investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos y atentados al estado de derecho».

«En este contexto, estamos muy preocupados por la creciente violencia política en contextos electorales.  El Monitor de Persecución Política de Cepaz recoge que el primer semestre del año 2023 terminó con al menos 385 casos de persecución y criminalización. Esto significa que en Venezuela, cada 12 horas, alguien se convierte en víctima de violaciones de derechos humanos a través de actos de persecución y/o criminalización. En términos más simples, de enero a junio de 2023, dos personas por día fueron víctimas del empeoramiento de la crisis de derechos humanos en el país», agregó Borges.

«Esto tiene como objetivo infundir miedo y desmovilizar a la población y a los líderes políticos y ha sido parte del sistema de represión en curso por el que actualmente se investiga al gobierno. Recordemos que el gobierno está investigando por estas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos». Destacó Borges que estas acciones forman parte de una estrategia del gobierno para mantenerse en el poder.

La sociedad civil y la estrategia gubernamental de cerrar el espacio cívico

«Si hay algo esperanzador en Venezuela es su sociedad civil, vibrante y comprometida. Sin embargo, después de años de crisis y represión, está cansada y afectada», aseveró la defensora de derechos humanos.

«Durante años ha habido amenazas, criminalización y proyectos legislativos restrictivos destinados a silenciar a la sociedad civil. Gracias a declaraciones de la comunidad internacional esto no ha sucedido, pero nos preocupan las nuevas estrategias que buscan cerrar el espacio cívico», añadió.

A juicio de Borges hay un esfuerzo activo por fragmentar la sociedad civil, convirtiéndola en una voz que represente ciertos intereses. «La estrategia de quienes están en el poder apunta a crear una división entre ‘radicales’ e ‘interlocutores’, buscando dividir a la sociedad civil. Algo muy similar a lo que se hizo con los partidos políticos».

«Hay un sector en el país que quiere negociar, ya sea de buena o de mala fe, y el gobierno crea un esquema para legitimar a ese sector. Como resultado, la sociedad civil está experimentando un debilitamiento de sus capacidades para impulsar una transformación del conflicto y crear las condiciones necesarias para la reinstitucionalización, la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad», explicó Borges.

Para la directora del Centro de Justicia y Paz la máxima prioridad es garantizar que la respuesta humanitaria permanezca dentro del país, evitando que millones de personas queden desatendidas. «Esta respuesta humanitaria la lleva a cabo la sociedad civil a través de diversas organizaciones, y cualquier ayuda debe estar dirigida a fortalecer las capacidades de estas organizaciones sociales en el terreno. No debería sustituirse la respuesta humanitaria por la imposición de un plan de desarrollo que carezca de conexión con la realidad».

Borges también mencionó las ideas que han surgido de una reflexión colectiva que varias organizaciones de derechos humanos han emprendido en una iniciativa llamada «Ideas para la democracia» y que han llamado «La ventana de la oportunidad».

En primer lugar, las elecciones deben convertirse en un terreno fértil para la esperanza democrática en Venezuela. «Hay una sensación de esperanza de cambio generada por las primarias y sus candidatos y este tema está ganando importancia entre la ciudadanía».

Por otra parte, «la violencia política no beneficia a nadie. Los incidentes de violencia política han aumentado en el país, con efectos adversos sobre las perspectivas de reinstitucionalización democrática.
Se han producido agresiones, actos de intimidación y criminalización contra miembros de la Comisión de Primarias, candidatos, sus equipos y ciudadanos que colaboran o asisten a actividades relacionadas con el calendario electoral. Esto incluye detenciones arbitrarias y amenazas de revocar la nacionalidad venezolana».

Denunciar la violencia

Beatriz Borges culminó su intervención mencionando algunas acciones que pueden emprenderse desde la comunidad internacional para apoyar un camino pacífico y democrático para la solución a la crisis en Venezuela. Entre ellas, «una presión coordinada por parte de la comunidad internacional y la continuación de las investigaciones llevadas a cabo por organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional o la Misión Independiente de Determinación de los Hechos».

También mencionó la urgente necesidad de abogar por una mejora económica, «pero entendiendo que las mejores condiciones para hacer negocios se encuentren en la democracia. Tenemos también que abogar por elecciones auténticas y por la no violencia, como acciones pacíficas para construir la paz en Venezuela. No podemos dejar de exigir nuestros derechos y de exigir democracia en el contexto autoritario. Además tenemos que estar preparados para denunciar la violencia. Los recientes hechos ocurridos en Yacapana, son un ejemplo de violencia contra una población indefensa y esto es inaceptable», concluyó Borges.