El pasado 25 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° periodo de sesiones.
La actualización presentada por la Misión de Determinación de los Hechos consta de dos informes exhaustivos. El primero aborda el uso de mecanismos de represión selectiva por parte del Estado venezolano, en donde no solo identificó las violaciones enumeradas en su mandato, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; sino que también identificó otros mecanismos de represión dirigidos a restringir el espacio cívico y democrático, como son los ataques, amenazas, intimidación y acoso, declaraciones difamatorias y desacreditadoras, criminalización, inhabilitación política, censura y restricciones a los medios de comunicación; así como limitaciones a la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos y partidos políticos.
Entre tanto, un segundo informe presentado por la Misión abordó la estructura, mando y modus operandi de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y su relación con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A juicio de la Misión de determinación de los hechos estas estructuras se encuentran involucradas en los patrones de violaciones de derechos humanos en el país, bajo la complacencia del Estado que no ha llevado a cabo acciones para desmantelar estas estructuras y que los perpetradores rindan cuentas.
Persecución y criminalización sofisticada
La Misión hizo especial mención en su informe a la forma en la que actúa el aparato opresivo del Estado, afirmando tener razones para considerar que estos mecanismos dejan en evidencia tácticas de “línea dura” y tácticas de “línea blanda” para atacar a personas y organizaciones percibidas como enemigas al Estado. Ambas tácticas se complementan y son utilizadas de acuerdo con los distintos niveles de intensidad, naturaleza y relevancia que las acciones de disidencia tengan para el Estado.
Además, el aparato represivo se ha vuelto más selectivo debido a que los esfuerzos del pasado han sido exitosos y en ese sentido ha causado un “efecto amedrentador” sobre las personas. A pesar de ello, la Misión considera que el Gobierno sigue teniendo la capacidad para recurrir a las tácticas de “línea dura” en caso de que lo consideren necesario como mecanismo para anular a la oposición o a cualquier persona considerada enemiga a la política del Estado.
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a través del Monitoreo de Persecución y Criminalización, hemos insistido en la necesidad de comprender de manera amplia esta forma sofisticada de perseguir y criminalizar por parte del Estado y que bien ha sido expuesta por la Misión. En definitiva, los mecanismos blandos aplicados por el Estado han permitido darle una apariencia de normalidad y legitimidad a los actos de persecución y criminalización; aún más, las tácticas duras implementadas en el pasado han servido como castigos ejemplarizantes que ocasionan un temor fundado en la población en torno al ejercicio de derechos que pueden llevarlo a ser percibido enemigo del Estado. En este sentido, es importante señalar, tal y como lo ha hecho la Misión, que si bien el aparato represor ha cambiado, los mecanismos de persecución y criminalización se mantienen, se han sofisticado e incluso se agudizan con el pasar del tiempo y en determinados contextos, como en los procesos pre y post electorales.
Mecanismos de represión identificados por la Misión
La actualización presentada por la Misión de Determinación de los Hechos ante el Consejo abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2023. En este periodo, la misión investigó 43 nuevos casos, que han afectado a 72 víctimas directas (47 hombres y 25 mujeres).
En la investigación realizada por la Misión desde el año 2020 identificó la ejecución de determinados patrones como mecanismos de represión, entre ellos, la privación arbitraria de la vida, la desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la violencia de género.
La Misión investigó 9 casos de muertes desde 2020, tres muertes relacionadas con protestas, cuatro muertes de actores de la sociedad civil y dos muertes en detención. Además, identificó a 14 personas desaparecidas forzosamente durante un corto periodo de tiempo, presuntamente por autoridades del Estado. Por otra parte, desde el año 2020 identificó 58 casos de personas detenidas arbitrariamente. La Misión destacó que en algunos casos la detención se llevó a cabo sin orden judicial, la prisión preventiva se excedió del máximo permitido, y en otros casos las personas permanecieron privadas de libertad a pesar de contar con orden de liberación inmediata. Aún más, la Misión recibió información de 28 personas privadas de libertad que fueron víctimas de tortura o malos tratos, incluyendo la violencia sexual o de género como forma de tortura y humillación.
Asimismo, la Misión identificó otras formas de represión contra personas consideradas enemigas al partido oficialista. Específicamente la Misión se refirió a ataques físicos o amenazas, campañas de difamación y estigmatización, criminalización, inhabilitaciones políticas, censura y restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, restricciones a la creación y el funcionamiento de la sociedad civil y los partidos políticos.
La Misión mostró su preocupación por los ataques, amenazas, vigilancia, acoso y normativas restrictivas que limitan las operaciones de las personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y políticos. Esto actos se desarrollan bajo la complacencia del sistema de justicia penal venezolano, que se ha utilizado para criminalizar a estas personas, imputarle arbitrariamente delitos y someterlas a juicios prolongados.
Asimismo, se refirió a las campañas de difamación y descrédito emitidas por funcionarios del Estado y concertadas para socavar la reputación de las personas opositoras o percibidas como tales.
Un aspecto sobre el cual la Misión mostró especial preocupación fue sobre la censura y las restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, siendo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el principal perpetrador de estos actos contra emisoras de radio y televisión, limitando el contenido en dichos espacios, denegando permisos, confiscando equipos y cerrado emisoras de radio y televisión. De acuerdo con las investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos entre el año 2003 y 2022 casi 300 emisoras de radio del país fueron cerradas por Conatel.
Los mecanismos de represión identificados por la Misión dan cuenta de la sistematicidad y gravedad de la crisis en derechos que persiste en el país desde hace al menos una década, y que a pesar las maniobras llevadas a cabo por el Estado para minimizar y darle apariencia de legitimidad a esta práctica violatoria de derechos humanos, el informe de la Misión ha sido contundente y demuestra que lejos de desaparecer los mecanismos de represión, estos solo han mutado, siendo igual o incluso más graves que en el pasado.
Desde Cepaz hemos alertado sobre los más de 1700 casos de persecución y criminalización documentados por la organización en los últimos tres años y la identificación de al menos 24 patrones de persecución y criminalización desde el año 2014.
El Estado venezolano no coopera y no cumple con las recomendaciones de la Misión de Determinación de los Hechos
La Misión recordó en su informe las resoluciones 42/25, 45/20 y 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, que instaron al Estado venezolano a cooperar plenamente con la Misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país; y a proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato.
Además, reiteró la vigencia de las recomendaciones planteadas por la Misión en anteriores actualizaciones, y asimismo señaló otras en las que destacamos: la necesidad de llevar a cabo investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes con respecto a todas las violaciones y delitos documentados en los informes de la misión. Asimismo, garantizar que se respetan y protejan los derechos a la libertad de expresión y de opinión, de asociación, de reunión pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos de toda la población; y garantizar el cese del uso de normas para criminalizar a defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
