Más de 30 organizaciones de la sociedad civil venezolana exigieron en un comunicado que el abordaje de los graves casos de corrupción  se realice respetando y garantizando «en todo momento los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado venezolano, en las investigaciones y sanciones a funcionarios involucrados en la presunta malversación y desvío de recursos públicos».

«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país. También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión sólo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin», recalcaron las organizaciones firmantes.

Violación del principio de presunción de inocencia

En su informe del año 2021, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela alertó sobre la «influencia significativa» ejercida por actores políticos de alto nivel sobre el sistema de justicia venezolano y sobre la la selección unilateral de jueces y fiscales. Esta práctica ha perjudicado su independencia. El mismo informe concluyó que es otra práctica reiterada la prisión preventiva en instalaciones del SEBIN y la DGCIM, en donde se cometen actos de tortura. Agregó que «el Estado no había adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones de los derechos humanos en la administración de justicia». Las recomendaciones efectuadas sobre esta materia por la Misión no han sido atendidas por las autoridades nacionales.

El comunicado señala que las personas detenidas han sido presentadas ante la autoridad judicial pasado el lapso de 48 horas. Agrega que es motivo de preocupación que «uno de los detenidos sea un diputado que no habría sido aprehendido en flagrancia». A este parlamentario no se le hizo el antejuicio de mérito conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución. Adicionalmente, en sus declaraciones, altos funcionarios han violado el principio de la presunción de inocencia. Citando como ejemplo las realizadas por el fiscal Tareck William Saab, que anunció que los acusados enfrentarían cargos por “traición a la patria”.

El comunicado reitera que «todas las personas son iguales en dignidad y todos sus derechos humanos deben ser garantizados aún frente a la gravedad de los posibles delitos en los que se considere que estén inmersas. En este sentido, el Estado está obligado a garantizar y respetar los derechos de todas las personas que se encuentren en un proceso ante el sistema de justicia, incluso si, culminado el mismo, son declaradas culpables».

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