Este martes, 20 de septiembre, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas presentó su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En el informe destacó la responsabilidad de la cadena de mando por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia de Venezuela como parte de un plan para reprimir a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Además, se refirió a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado Bolívar

La Misión mostró especial preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Venezuela bajo total impunidad, en la que pudieron identificar actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro o percibidas como tales, incluyendo sus familiares. Identificaron también asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trabajo forzado, explotación sexual y trata de personas contra indígenas y otros habitantes de los estados Amazonas y Delta Amacuro; y actos de persecución, intimidación, detenciones arbitrarias contra medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.

Agentes de la DGCIM y el SEBIN cometieron actos sistemáticos de torturas, violencia sexual y otros tratos crueles inhumanos o degradantes

Desde el año 2014 hasta la fecha la Misión ha documentado 122 casos de víctimas de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en las sedes de Boleíta, El Helicoide y en una red de centros de detención clandestinos en todo el país. Estas acciones buscaron intimidar, humillar, coaccionar, obtener confesiones y robar dinero y otros bienes de las víctimas.

A su vez, la Misión investigó 51 casos en los que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) torturaron o sometieron a personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Las principales víctimas fueron civiles identificados con la oposición o percibidos como tal, periodistas, personas que trabajaban en organizaciones estudiantiles y lideres y lideresas estudiantiles y de las protestas.

La Misión destacó que tanto el Sebin como la Dgcim son entidades que funcionan y están organizadas con cadenas de mandos bien establecidas. En esta estructura las violaciones cometidas responden a ordenes impartidas a funcionarios de menor rango por autoridades de más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, y al director general del Sebin y el del Dgcim quienes tienen una línea de mando directa con todas las jefaturas de todas las direcciones del organismo. Por ello, estas personas de alta jerarquía tenían conocimiento, autoridad y control sobre los delitos y violaciones que estaban cometiendo sus subordinados. A juicio de la Misión son responsables y deben responder por las violaciones cometidas por sus subordinados.

Persisten las violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar

La Misión mostró una profunda preocupación por la situación en el estado Bolívar y otras zonas mineras. Aseguró que las poblaciones locales se encuentran viviendo una violenta batalla entre actores estadales y grupos armados criminales por el control del oro.

La Misión en su informe resaltó que las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales, actuando bajo total impunidad y en muchos casos bajo conchupancia, cometen asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencia sexual y de género contra residentes y trabajadores de las zonas mineras del estado Bolívar. Los lideres y lideresas que buscan impedir el paso de mercancías de contrabando o el acceso a las minas en sus territorios han sido fuertemente perseguidos, amenazados o atacados tanto por actores estatales como no estatales.

La situación en Venezuela continúa siendo grave

La Misión concluyó su informe asegurando que la situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo grave, por lo que instó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando atención a la situación en Venezuela, sobre todo evaluando si existen progresos creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Las violaciones a los derechos humanos continúan, entre tanto persisten las barreras para acceder a una justicia cooptada por quienes controlan el poder, no hay investigaciones creíbles, sobre todo en las cadenas de mando. Tal es así, que la Misión logró identificar funcionarios involucrados con actos que constituyen crímenes de lesa humanidad que continúan trabajado para los servicios de inteligencia de Venezuela, y en algunos casos estos funcionarios han sido ascendidos.

El análisis que ha presentado la Misión en este importante informe da cuenta de la existencia de un plan perfectamente estructurado por el gobierno de Nicolás Maduro y otras esferas de alta jerarquía, para silenciar, intimidar y castigar a personas y organizaciones que han sido percibidas como enemigas del gobierno. En tal sentido que, frente a la agudización de la crisis en derechos en Venezuela es imprescindible que el trabajo de la Misión se mantenga, visibilizando y documentando estos actos atroces identificados como crímenes de lesa humanidad.