Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentamos durante el segundo trimestre de 2022 al menos 201 casos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro como parte de su política de Estado para permanecer en el poder. En el mes de abril registramos 38 casos, e igual número en mayo. Mientras que en el mes de junio se evidenció un importante aumento de los casos de persecución y criminalización, con 125 actos ejercidos contra periodistas y trabajadores de la comunicación, personas vinculadas al activismo político, oficiales de la Fuerza Armada Nacional y contra la población.
Con esta alarmante cifra, junio se convierte en el mes con más personas perseguidas y criminalizadas en Venezuela durante el año 2022. Esto se traduce en la agudización de la crisis en derechos y la sistemática violación de las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas venezolanas.
Patrones identificados en junio
En el monitoreo y análisis de los 125 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de junio, hemos identificado las siguientes acciones: 11 detenciones arbitrarias, 18 actos de hostigamiento o amenazas, tres procesos judiciales arbitrarios y 93 órdenes de aprehensión irregulares.
De la totalidad de estos casos, identificamos que ocho se cometieron contra trabajadores y medios de comunicación, diez contra personas vinculadas al activismo político, 93 contra oficiales de la Fuerza Armada Nacional, y 14 contra ciudadanos.
Aumenta la censura y la criminalización contra medios y periodistas
Durante el mes de junio pudimos documentar al menos siete actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra periodistas y medios de comunicación. Todas estas acciones fueron ejecutadas por funcionarios del Estado o personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Tres de los casos se ejercieron a través de medios de comunicación y redes sociales, y cuatro se llevaron a cabo de manera presencial, fotografiando e intimidando a miembros de la prensa mientras realizaban una cobertura periodística, impidiéndole el ejercicio de su labor.
El escolta del director del despacho de la alcaldía de Táchira fotografió e intimidó a la periodista Luzfrandy Contreras mientras entrevistaba a un comerciante que denunciaba que estaba siendo desalojado por las autoridades municipales. Por su parte, funcionarios del Hospital Central de San Cristóbal también intimidaron y fotografiaron a las periodistas Luz Dari Depablos, Anggy Polanco y Zulma López, quienes registraban una protesta de los pacientes del centro de salud por el retraso en las cirugías programadas.
Por otra parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, utilizó el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), para criminalizar a la prensa, específicamente al Diario 2001, responsabilizándolo de intentar desestabilizar el país. Del mismo modo, el también conductor de mismo canal, Pedro Carvajalino, amenazó a través de la red social Twitter, al periodista de Armando Info, Roberto Deniz. Y, finalmente, el alcalde de Guaicapuro arremetió contra el Diario El Tequeño por supuestamente no informar de problemas en Los Salias.
Proceso judicial arbitrario
En anteriores monitoreos hemos visibilizado las irregularidades en el proceso judicial que cursa contra el periodista y colaborador del partido Voluntad Popular, Ronald Carreño, quien fue acusado hace mas de un año por los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir. Tras 18 meses de encontrarse detenido sin iniciar el juicio, la audiencia de Carreño fue nuevamente diferida por ausencia del juez. Se trata del tercer diferimiento desde que inició el juicio.
Este caso evidencia una vez más la violación sistemática de los derechos humanos que existe en Venezuela, particularmente contra las personas que ejerciendo una labor legítima, son consideradas enemigas al gobierno de Nicolás Maduro. Carreño fue detenido de forma arbitraria, violando la garantía de ejercicio de sus derechos civiles y políticos como activista y periodista, y también su derecho a la libertad personal, pero además ha sido víctima de un proceso judicial que vulnera abiertamente las garantías judiciales y la protección judicial.
Ataques a personeros políticos a través de medios del Estado
Durante el mes de junio, Juan Guaidó, fue víctima en dos oportunidades de actos de hostigamiento y violencia. En la ciudad de Maracaibo, personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro arrojaron sillas contra los ciudadanos que presenciaban una actividad donde Guaidó estaba presente. Posteriormente, en el estado Cojedes, mientras el líder opositor se encontraba en un restaurante, fue agredido por personas también vinculadas con el gobierno de Maduro quienes lo sacaron del lugar.
El canal del Estado VTV, fue nuevamente utilizado para arremeter contra los líderes políticos vinculados con la oposición. En el programa «Con el Mazo Dando», Diosdado Cabello atacó a diversas organizaciones políticas, entre ellas Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, denominándolas “células terroristas”. Del mismo modo atacó verbalmente al dirigente político Yon Goicochea a quién se refirió como ladrón.
Por otra parte, la coordinadora de la asociación ciudadana Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, fue víctima de actos de violencia, intimidación y secuestro por parte del CICPC. La activista fue obligada a subir a una patrulla donde la mantuvieron retenida por al menos dos horas, tras grabar un acto que parecía abuso de poder.
Reapertura del caso Ceballos
También durante el mes de junio se reabrió el juicio contra Daniel Ceballos, exalcalde vinculado con la oposición. Ceballos fue acusado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento en el año 2014 y condenado a cuatro años y cinco meses de prisión. Fue liberado a finales de 2018 bajo medidas cautelares y régimen de presentación cada 30 días, y aunque cumplió más de cuatro años de cárcel, el proceso judicial continúa abierto.
Su caso, desde el inicio, constituyó un acto de persecución política que forma parte del patrón de detenciones arbitrarias que ha aplicado el gobierno de Maduro contra el liderazgo vinculado con la oposición. Estas detenciones arbitrarias vienen acompañadas de juicios irregulares en donde se vulneran abiertamente las garantías judiciales y la protección judicial.
Por otra parte, durante el mes de junio la ex gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, anunció que fue demandada por daño moral por el actual gobernador de dicha entidad, Freddy Bernal. De acuerdo con nuestros monitoreos mensuales, en el transcurso del presente año, la ex gobernadora y sus familiares han sido víctimas en reiteradas oportunidades de actos de persecución.
Orden de aprehensión contra 93 efectivos militares
En el mes de junio el Comando de Zona 21 de la Guardia Nacional, en el estado Táchira, ordenó la aprehensión inmediata de 93 efectivos militares. A juicio de sus defensores, la orden de aprehensión es violatoria a los principios del debido proceso judicial, además se trata de una medida o castigo ejemplificante para el resto de los oficiales, que bajo el miedo de ser perseguidos evitan ejercer sus derechos, como opinar, denunciar o manifestarse contra la situación socio económica que están viviendo.
Persecución, hostigamiento e intimidación a ciudadanos
Un joven fue detenido, acusado de instigación al odio, por hacer una denuncia en su estado de WhatsApp sobre el cierre de un local por parte de efectivos militares. Del mismo modo, un ciudadano fue detenido y acusado de incitación al odio por publicar un video en TikTok en donde denunciaba las acciones arbitrarias de la Policía Nacional Bolivariana contra una mujer.
Entre tanto, cuatro jóvenes fueron detenidos mientras participaban en un acto en homenaje por el quinto aniversario del asesinato de Neomar Lander, un manifestante de las protestas del año 2017. Por su parte, cinco jóvenes más fueron detenidos por encontrarse en un transporte público del municipio en donde se llevaba a cabo el homenaje antes referido, estos jóvenes no se encontraban participando en la actividad.
El presidente de la junta directiva del Grupo Banesco, Juan Carlos Escotet, fue intimidado por el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodriguez. Este acusó a Escotet de robarse el dinero de los venezolanos y aseguró: “voy por ti”. Además, a un ciudadano, vulnerando la libertad de pensamiento y expresión, le suspendieron su sueldo en el IVSS por denunciar públicamente los maltratos que sufren los trabajadores de la salud.
Caso Telefónica
Por último, un reciente informe de la empresa Telefónica, reveló la intercepción de las líneas telefónicas y conexión a internet de al menos un 20% de la población. Este es un acto que arremete contra la población en general y por lo tanto no es posible cuantificar el número de víctimas. Aunque la normativa venezolana permite la intercepción de las líneas telefónicas, la misma debe hacerse bajo un procedimiento y características particulares, y siempre con un objetivo legítimo y proporcional. Sin embargo, estas solicitudes que ha recibido Telefónica se extralimitan de lo contemplado en la normativa, entrañan acciones políticas y arbitrarias que finalmente buscan perseguir y criminalizar a actores sociales y políticos.
El cierre de medios, la promulgación de leyes y providencias restrictivas, el bloqueo de páginas web, las detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y violencia contra toda persona considerada enemiga a la política del gobierno, revela una vez más la censura, criminalización, persecución y control que ejerce desde el poder Nicolás Maduro y algunos de los funcionarios gubernamentales.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de junio de 2022 aquí
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de mayo de 2022 aquí
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de abril de 2022 aquí
