Durante la cuarta edición del seminario internacional «La trata de personas, más allá de nuestras fronteras», organizado por el Grupo de Trabajo Sobre Esclavitud Moderna (GTEMV), las ponentes coincidieron en afirmar que la migración forzada incrementa los riesgos de ser víctima de trata de personas. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas,

En sus intervenciones, el grupo de expertas reconoció que no existe en la región una respuesta coordinada a este fenómeno. Recomendaron la creación de un registro oficial de víctimas y la adopción de programas de prevención y atención para las personas sobrevivientes.

Políticas migratorias con perspectiva de género

Nicole Hernández, abogada e investigadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), indicó que a pesar de las convenciones internacionales y las obligaciones suscritas por los estados, la trata de personas está muy lejos de erradicarse. Aseveró que Venezuela, después de Haití, tiene el mayor índice de esclavitud moderna en la región.

Explicó Hernández que existe una estrecha vinculación entre la trata de personas y la crisis de movilidad humana venezolana.  «Este contexto aumenta los riesgos de ser víctimas de trata, particularmente para las mujeres, niñas y adolescentes».

Millones de personas venezolanas han tenido que huir del país desesperadas porque no cuentan con los medios para sobrevivir, ni con la protección de sus derechos. Para junio de este año, según ACNUR, la cifra era de seis millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Casi la mitad de ellas mujeres, alcanzando un 49%. Pero incluso antes de salir del país, ya las mujeres se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, que tiene mucho que ver con los roles y estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad.

Una vez tomada la decisión de migrar ¿cómo salen las mujeres de Venezuela? Destacó Hernández que lo hacen en muy malas condiciones. «Con muy poco dinero, sin documentación, sin la información necesaria, ni redes de apoyo. Salen literalmente desesperadas».

Debido a estas circunstancias, las mujeres corren mayores riesgos de ser víctimas de trata, tanto en el tránsito, como en los países de acogida. Sin suficiente información ni conocer los riesgos que se encuentran asumiendo, transitan pasos peligrosos como el del Darién, que fue atravesado por más de 28 mil personas venezolanas de enero a junio de 2022. En estos territorios, controlados por grupos delincuenciales, las mujeres son víctimas de violencia por razones de género, trata, explotación sexual, trabajos forzados, e incluso femicidios.  A juicio de Hernández, urge que los estados diseñen políticas migratorias de atención, protección y regularización de los flujos migratorios con perspectiva de género.

80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado

Carolina Rudnick, directora de la organización Libera de Chile, recalcó a lo largo de su exposición que para abordar de manera eficaz la prevención y el combate de la trata y el trabajo forzado en América Latina hay que cumplir con la responsabilidad que tienen no solo el Estado, sino también las empresas, de no permitir las vulneraciones de los derechos humanos y el trabajo forzado en sus operaciones y cadenas de suministro.

Explicó Rudnick, que el deber de las empresas es respetar los derechos humanos y establecer mecanismos de reparación en caso de que ocurra la vulneración de derechos. Aseveró que el 80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado, tanto en lo interno de las empresas, como en la cadena de suministros. Consideró que es importante comenzar a implementar sistemas de debida diligencia para no vulnerar derechos humanos y para evitar la presencia de trata y trabajo forzado en sus operaciones.

Sin registro oficial

Por su parte Reina Baiz de Éxodo y Aimé Zambrano, de Utopix, presentaron un monitoreo de las desapariciones de personas y su relación con la trata de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela. Para entender esta conexión es fundamental comprender cómo la crisis que atraviesa el país fomenta la salida forzada del país. «Existe una relación significativa entre la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) y la magnitud de los flujos de trata originados desde Venezuela», aseveró Baiz.

Indicó que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) determinó que la movilidad forzada, insegura y masiva, expone a las personas a situaciones de trata, explotación sexual y otras formas de violencia por razones de género. Según los datos recogidos en el monitoreo, 430 personas venezolanas fueron identificadas como víctimas de trata en 21 países de América y Europa, pero esto solo se refiere a la trata transfronteriza. Es decir, a aquellas personas que han cruzado fronteras y luego han sido rescatadas.

Venezuela no cuenta con un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas, existiendo opacidad en los datos oficiales. «No sabemos cuántas personas están desaparecidas en Venezuela, ni tenemos sistemas de alerta». Tampoco la desaparición está consagrada o tipificada como un delito o una forma de violencia contra las mujeres en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por su parte Aimee Zambrano, de Utopix, recalcó que desde las organizaciones feministas y de la sociedad civil hay que exigir la creación de una alerta para la búsqueda de personas desaparecidas. «No puede ser que haya que esperar 72 horas para poner una denuncia. Esas primeras horas son cruciales para encontrarla». Recomendó la creación y automatización del registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas en Venezuela.

Abordaje integral de la trata

Selene Soto, abogada, integrante de Women’s Link Worldwide, explicó que desde una perspectiva histórica la conversación sobre el fenómeno de la trata de personas se ha dado con un enfoque de persecución penal del delito. Cuando se prioriza este enfoque, suele quedar de lado un abordaje más integral desde la perspectiva de los derechos humanos.

Un enfoque de derechos humanos permite impulsar las medidas que tienen que adoptar los estados para prevenir con debida diligencia este fenómeno. Así como políticas públicas que eviten que se materialicen riesgos concretos a través de la prevención. La falta de protección a las víctimas por parte del Estado es otra de las fallas recurrentes que se han identificado en casos de trata.

Otras de las barreras en el acceso a la justicia para las víctimas es priorizar la información o las pruebas que puede aportar la víctima y no su seguridad. Pues no se analiza la situación de riesgo en la que la misma pueda estar. A esto se añaden los estereotipos de género, que en América Latina y el Caribe es una barrera estructural que afecta en general a todas las víctimas de violencia basada en género.

Sometimiento por necesidad

Para María Gabriela Cuevas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, a lo que más se le ha dado importancia en el abordaje del tema es a la persecución. Incluso por encima de la prevención y la protección a las víctimas.

La realidad es que la cantidad de investigaciones que realmente se inician son muy inferiores a la cantidad de casos que se reportan, lo que contribuye con la impunidad. Otro de los problemas es la falta de data confiable de estos casos. «Solo con información verificada de la magnitud de este problema vamos a saber qué tan eficaz es la respuesta». Aunque las cifras han crecido en los últimos años, en la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito hay un solo caso de trata reportado desde Venezuela, agregó Cuevas.

Añadió que una idea generalmente aceptada es que porque una persona mayor de edad acepte ser explotada no puede considerarse como una víctima de trata. Esto es falso. Hay otros medios de captación que tienen que ver con situaciones de poder y el abuso por parte del victimario y la vulnerabilidad de la víctima. Una persona puede aceptar ser explotada porque tiene una necesidad específica que subsanar para ella o su familia. Esto no disminuye la responsabilidad del victimario, porque hay un abuso de la situación de vulnerabilidad que ha conducido a una persona al sometimiento.

Hacer ruido

Desde la Red Clamor, Sor Deisis Andrade recomendó «hacer ruido» para que las personas conozcan qué es la trata, cómo se hace la captación de víctimas y cómo denunciar. Para ello son necesarias las campañas informativas y preventivas,

La red Clamor reúne a organizaciones apoyan a migrantes y refugiados víctimas del tráfico y trata de seres humanos, para aunar recursos y esfuerzos en su favor. «Sobre todo en este momento en que Venezuela se ha convertido en un país con una movilidad humana sin precedentes».

Movimiento feminista articulado

Victoria Capriles, directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, hizo una revisión de los acuerdos internacionales existentes en materia de trata de personas. Explicó detalladamente cómo las organizaciones feministas lograron poner la agenda de prevención de la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes en la palestra pública.

A lo largo de los 70 años que ha estado vigente el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, han surgido otros convenios para complementarlo, señaló Capriles. Agregó que el movimiento feminista ha sido capaz de articularse y exigir a los estados asumir la erradicación de la trata de personas como una de sus responsabilidades urgentes.

Contención para las víctimas

Además de la prevención y la represión a los responsables, es necesario contener a las víctimas de trata, darle atención y reparar el daño sufrido, aseveró Zunilda Niremperger, jueza argentina. Agregó que la vulnerabilidad es una especial condición de las víctimas que no les permite resistirse a ser sometidas a explotación.

En tal sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar la debida diligencia para prevenir la violación de sus derechos humanos y garantizar la reparación, pues la trata es una de las formas más graves de violencia de género. Exhortó a la creación de leyes y fondos de ayuda que permitan ofrecer a las víctimas asistencia integral y capacitación con miras a su reinserción en el mercado laboral.

Explotación por supervivencia

En el año 2021 se documentaron 430 víctimas rescatadas de redes de trata, indicó durante su intervención Verónica Mesa de Mulier. Agregó que se han ampliado las modalidades de este delito, como aquellas con fines de explotación laboral, mendicidad ajena y venta de bebés, entre otras,

Destacó Mesa que la visibilidad de la trata fluctúa según la agenda noticiosa, como ocurrió en el 2019 con los naufragios. «En Venezuela es más fácil encontrar noticias de detención de personas implicadas en redes de trata que del rescate de víctimas». A su juicio, cada vez hay más mujeres implicadas en este delito y se ha normalizado la explotación de otras personas como una dinámica de supervivencia ante la crisis que enfrenta el país. Solo en el primer trimestre de 2022, desde el monitoreo que realiza Mulier, se han identificado 157 víctimas rescatadas. De estas  20 son menores de edad. Recomendó la creación de un plan nacional contra la trata de personas.

Para Cristina Ciordia, internacionalista y coordinadora de Redes y Activismos de Cepaz, la trata no es un delito que afecte exclusivamente a las mujeres, pero si lo hace de manera desproporcionada. El 74% de las víctimas en la región son mujeres, niñas y adolescentes.

Para realizar una efectiva evaluación de la actuación de los estados en estos casos se debe analizar si hay una respuesta regional coordinada. Además de si esta tiene perspectiva de género y de derechos humanos. Considera Ciordia que no hay una respuesta coordinada de los Estados a la trata y tráfico. Además, aunque existe una perspectiva de género en la legislación, esta no se aplica en la práctica. A su juicio lo que existe es una criminalización de la migración, a través del cierre de las vías regulares y el aumento de requisitos para la migración legal.

En cuanto a la respuesta nacional, esta es a todas luces insuficiente, además de inescrutable e inauditable. La falta de datos es uno de los problemas más graves. No existe información consolidada y confiable en el país sobre casos de trata.

Concluyó señalando que las mujeres venezolanas en las Américas no cuentan con una respuesta efectiva ni con perspectiva de derechos humanos, ni en Venezuela ni tampoco en los países de tránsito y acogida. Por lo que es posible afirmar que las vulnerabilidades de base que configuran este problema permanecen en la región.

La trata en México tiene cara de mujer

Para conversar sobre la situación de la trata de personas en México estuvo presente en el seminario Mitzi Cuadra, de Anthus. Aportó un dato preocupante: México ocupa el quinto lugar en tráfico y trata de personas a nivel mundial. Un tercio de la población afectada en este país son niñas, niños y adolescentes, víctimas de mendicidad forzada y explotación sexual. Afirmó que en su país la trata de personas tiene cara de mujer. 

Adicionalmente explicó que uno de los principales retos es el acceso a la justicia sustantiva para las víctimas nacionales y extranjeras, En México el 93% de las mujeres explotadas, sobre todo sexualmente, son nacionales. Mientras que del 7% de víctimas extranjeras, el mayor número son mujeres venezolanas.

Denunció que las víctimas de trata en movilidad son las que más sufren violaciones a sus derechos. Muchas veces la justicia no investiga estos casos, sino que se limita a deportarlas. Esto sin ver si en sus países de origen tienen mayores riesgos. Reiteró que es necesaria la creación de planes de prevención, así como la formación de los funcionaros que atienden estos casos para lograr que las víctimas tengan un acceso real a la justicia, evitando la revictimización.

Experiencia de prevención

Para cerrar el seminario intervino Norma Ferrer, de Transparencia Venezuela, quien afirmó que en Venezuela presentar una denuncia es bastante doloroso para la víctima, porque en su mayoría los funcionarios no están sensibilizados para tratar estos casos.

Ferrer explicó que se ha hecho un trabajo en centros educativos del estado Carabobo para evitar que las adolescentes sean víctimas de trata y para que aprendan a diseñar sus propias estrategias de prevención. En estos espacios formativos han participado 152 alumnas de dos centros de educación media ubicados en Tocuyito, y 60 docentes y personal administrativo de dos liceos de la misma localidad. Durante la actividad se distribuyeron 1.000 folletos informativos y se pusieron en práctica diversas estrategias formativas.