Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos realizado un monitoreo de la aplicación de patrones de persecución y criminalización en Venezuela desde el año 2014. Pero ha sido a partir del 2021, como consecuencia de la agudización de la crisis en derechos que persiste en Venezuela, que este monitoreo se realiza de forma mensual. Esta periodicidad nos ha permitido evidenciar el ejercicio de determinados patrones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra las mujeres venezolanas que han sido recogidos en el informe «Mujeres víctimas de la persecución y la criminalización en Venezuela».
73 casos documentados
De la totalidad de los 818 casos de persecución y criminalización registrados durante el año 2021, 73 ocurrieron contra mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no han podido disgregarse por género.
En los 73 casos de persecución y criminalización contra mujeres pudimos identificar los siguientes grupos de víctimas: 42 trabajadoras de la comunicación, 14 mujeres vinculadas con la política, seis ciudadanas y activistas sociales, nueve familiares de alguna víctima de persecución y/o criminalización y dos defensoras de derechos humanos.
Patrones de persecución y criminalización
También pudimos enmarcar los casos documentados en los siguientes patrones: 36 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas; 14 detenciones arbitrarias; 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso; cinco actos de violencia, tres inhabilitaciones políticas; un allanamiento de vivienda y cuatro medidas cautelares de prohibición de salida del país.
Si bien el informe no tiene como finalidad abordar las violencias basadas en el género, o afirmar que en Venezuela existe una persecución política por motivos de género, no es menos cierto que el ejercicio de los patrones que han perseguido y criminalizado a las mujeres víctimas entraña una discriminación estructural, en donde se exacerba la violencia basada en el género, es por ello que los hombres y las mujeres no son perseguidos y criminalizados de la misma forma.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en sus conclusiones presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos en el año 2020, aseguró que las violaciones y los delitos que la Misión analizó, incluyendo los actos de persecución y criminalización, han afectado de manera diferente a las mujeres, debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos patriarcales que enfatizan a la mujer dentro de la esfera doméstica y que sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol.
Como víctimas directas, las mujeres que son perseguidas y criminalizadas reciben otro tipo de ofensas en razón de su género. Por ejemplo, la Misión ha podido documentar casos en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios. Estas mujeres además no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos. En los interrogatorios de las mujeres detenidas también se desarrollan actos de violencia sexual. La Misión documentó que funcionarios del SEBIN han amenazado a las mujeres de violarlas durante los interrogatorios.
Como víctimas secundarias, las mujeres familiares de presos políticos cuando acuden al centro penitenciario para poder acceder a la visita en muchas ocasiones deben desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los funcionarios de seguridad. Esto es una acción recurrente que también ha sido documentada por la Misión.
Otro caso en donde las mujeres han sido víctimas secundarias es en los procesos de desalojo a las personas familiares de sus hogares para detenerlos. En estos casos la Misión logró determinar que las mujeres han sido golpeadas, arrastradas o maltratadas, incluso han recibido insultos de género.
Por su parte, la Alta Comisionada ha podido documentar un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas.
Mujeres vinculadas con la política
Catorce casos de persecución y criminalización contra mujeres vinculadas con la política han sido documentados durante el año 2021. Entre ellos: cuatro imposiciones de medidas cautelares, cinco detenciones arbitrarias, tres inhabilitaciones políticas y dos actos de violencia.
Aunque cuando revisamos las cifras de persecución y criminalización en Venezuela nos encontramos que las víctimas en su mayoría son hombres, esto no ocurre porque el gobierno de Nicolás Maduro no ataque o ataque menos a las mujeres en el ejercicio de estas acciones sistemáticas y continuadas de persecución, sino que este fenómeno en realidad se deriva de la discriminación que existe en la participación de las mujeres en los espacios políticos y públicos.
En definitiva, la escasa participación de las mujeres en la política venezolana trae como consecuencia que contabilicemos menos actos de persecución en su contra. Aunado a lo anterior, las pocas mujeres que pueden participar en la política, en su mayoría han sido rezagadas a ocupar puestos menos influyentes y por tanto no representan una amenazada para el gobierno de Nicolás Maduro en su política de permanencia en el poder.
Trabajadoras de la comunicación
Cuarenta y dos casos contra mujeres trabajadoras de la comunicación han sido documentados durante el año 2021. Entre ellos 28 casos de hostigamiento, intimidación o amenaza, 10 casos impedimento de registrar un hecho noticioso, tres actos de violencia y una detención arbitraria.
Los patrones más recurrentes fueron los actos de intimidación, hostigamiento y amenaza. En total pudimos documentar 28 actos de este tipo, en los que se incluye la violencia verbal y la violencia digital haciendo uso de redes sociales y medios de comunicación del Estado.
A través de las redes sociales pudimos documentar ocho casos en los que trabajadoras de la comunicación fueron catalogadas de mentirosas, terroristas, de manipular información e incluso fueron agredidas con comentarios misóginos. Las agresiones provinieron de funcionarios del Estado y de personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro bajo la total complacencia del Estado.
Asimismo, bajo estos patrones de intimidación, hostigamiento y amenaza pudimos documentar 20 actos ejecutados por funcionarios del Estado, principalmente funcionarios de seguridad nacional, que criminalizaron personalmente a las trabajadoras de la comunicación a través de actos como amenazas en el lugar de residencia de las periodistas, coacción a borrar el material registrado, intimidación en lugares en donde la trabajadora registraban algún hecho noticioso (protestas, irregularidades electorales, situaciones particulares derivadas de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país como la escasez, el mal funcionamiento de los servicios públicos y/o la falta de vacunas, entre otras). En el caso de una de las víctimas pudimos documentar incluso amenazas de muerte recibidas por funcionarios de seguridad del Estado.
En otro orden, pero muy vinculado con el patrón de intimidación, hostigamiento y amenaza, pudimos documentar 10 casos de impedimento de registrar un hecho noticioso, los cuales ocurrieron en su mayoría en el contexto de las elecciones regionales y municipales.
Por otra parte documentamos una detención arbitraria a una periodista mientras fotografiaba la fachada de un hospital, y por último, durante el año 2021 documentamos tres actos de violencia, uno relacionado con un intento de allanamiento de vivienda, el segundo relacionado con un acto de violencia policial que culminó con una coacción monetaria, y finalmente un robo violento contra una periodista en el ejercicio de sus funciones.
El contexto de criminalización que existe en Venezuela contra las mujeres que ejercen el periodismo constituye una clara vulneración a los derechos humanos. Las trabajadoras de la comunicación son censuradas si expresan, registran o evidencian públicamente alguna situación que el gobierno de Nicolás Maduro considere que colisiona con su política de permanencia en el poder.
Familiares de víctimas de persecución y/o criminalización
Nueve casos contra mujeres familiares de alguna víctima de persecución y/o criminalización han sido documentados durante el año 2021. Entre los cuales se encuentran: cinco actos de intimidación, tres detenciones arbitrarias y un allanamiento de vivienda.
Los cinco casos de intimidación y el allanamiento de viviendas que hemos documentado se encuentran vinculados a mujeres familiares de dirigentes políticos. Mientras que los tres casos de detenciones arbitrarias fueron contra mujeres familiares de periodistas y defensores de derechos humanos, uno de los casos de detención debemos agregar que ocurrió mientras se llevaba a cabo el allanamiento irregular de la vivienda de la víctima.
Aunque existe un contexto generalizado de persecución y criminalización en Venezuela, cuando hablamos de este patrón de arremetida contra un familiar, debemos referirnos a la afectación diferenciada en las mujeres. De hecho, durante el 2021 pudimos documentar 12 ataques contra familiares, en los que nueve fueron contra mujeres. Esto significa que existe una tendencia, cuando se atacan a los familiares, de persecución y criminalización contra las mujeres, especialmente a las parejas, hijas o hermanas, quienes son atacadas para crear un entorno de intimidación y coacción en contra de quienes ejercen cualquier tipo de activismo que incomode a la política del gobierno de Nicolás Maduro.
Defensoras de derechos humanos
Dos actos de amenaza u hostigamiento contra mujeres defensoras de derechos humanos fueron documentados durante el año 2021. El gobierno de Nicolás Maduro en su política de permanencia en el poder ha buscado restringir los espacios de denuncia y visibilización de la crisis en derechos que persiste en Venezuela. Para ello ha arremetido contra las organizaciones humanitarias que buscan prestar una ayuda a la población en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y finalmente ha atacado en reiteradas oportunidades a las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos de la población y que persisten en la búsqueda de la justicia y la reparación a favor de las víctimas y sus familiares.
El primero de los dos casos que pudimos documentar fue contra la directora regional de la asociación civil Transparencia Venezuela, Yonaide Sánchez, quien fue agredida por colectivos simpatizantes del chavismo durante el proceso electoral celebrado el 21 de noviembre. El segundo caso fue contra la abogada Theresly Malave, defensora de varios casos de personas detenidas arbitrariamente y presuntamente torturas. La defensora ha denunciado haber sido intimidada en diversas oportunidades por funcionarios de los Tribunales de la República y asimismo por funcionarios de seguridad del Estado, como ha sido la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Actos contra la población y control social
Seis casos de criminalización contra la población y el control social, han sido documentados durante el año 2021. Entre ellos un acto de intimidación, cinco detenciones arbitrarias y acciones de control social generalizadas y sistemáticas
Durante el año 2021 hemos documentado al menos cinco actos contra la población que han afectado directamente a las mujeres venezolanas. En primer lugar, documentamos cinco detenciones arbitrarias. En el primero de los casos se trata de una enfermera que fue detenida luego de exigir al Estado, a través del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, insumos médicos y vacunas contra la Covid-19. El segundo de los casos se trató de una profesora universitaria que fue detenida y acusada de corrupción, asociación para delinquir y revelación de información indebida; la profesora no tuvo contacto con sus familiares y estuvo desaparecida por varios días. El tercero de los casos fue el de una escritora quien fue detenida luego de publicar un artículo en donde mencionaba al fiscal Tarek William Saab. En el cuarto caso fue detenida, bajo represalias políticas, una trabajadora de la Coorporación de Salud del estado Táchira, y en el último de los casos se trató de la vecina del periodista Roberto Deniz, quien fue detenida y trasladada hasta la sede del CICPC para interrogarla.
Además de las detenciones arbitrarias, también documentamos un caso de intimidación. Se trata de una activista social que luego de expresar su descontento con la gestión del gobierno de Nicolás Maduro fue sometida a actos degradantes, obligándola a grabar un video, disculparse y agradecer por los bonos sociales que reciben algunos sectores de la población registrados en el Sistema Patria.
A estos casos particulares debemos añadir el control social que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la población como un mecanismo de persecución y criminalización y que afecta de forma diferenciada y desproporcionada a las mujeres.
Desde al menos el año 2015 Venezuela se encuentra sumergida en una crisis humanitaria compleja propiciada por la misma gestión de quienes hoy se mantienen en el poder. Esta crisis ha sido utilizada para crear un entorno de dependencia, para que, a cambio del respaldo político, la población pueda ser beneficiaria de los planes alimentarios y económicos, que, sin ser suficientes para aminorar los efectos de la crisis, en muchos casos son la única salida que encuentran los grupos más vulnerables para obtener un mínimo sustento.
Desde Cepaz hemos podido entrevistar y recibir testimonios de mujeres en condiciones vulnerables. Sus testimonios han narrado la forma en que estos beneficios sociales son utilizados para controlarlas, especialmente en contextos electorales.
Las mujeres entrevistadas, cuyos datos personales nos reservamos por su seguridad y protección, aseguraron que personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro realizan censos a través de visitas casa por casa preguntando «si tienen voto blando, voto duro o voto opositor», es decir, si tienen un apoyo rotundo al gobierno de Nicolás Maduro, si su voto es oscilante y por tanto depende de los candidatos y otras circunstancias, o si su voto es contrario al gobierno. Las mujeres en sus testimonios denuncian que «son ellos quienes deciden el voto», ya que condicionan las respuestas en estas visitas a la continuidad de los beneficios sociales, incluyendo la denominada caja de alimentos Clap.
Reflexiones finales
Este informe con perspectiva de género deja en evidencia que en el marco de la persecución y criminalización que existe en Venezuela, las mujeres también son víctimas y de una manera diferenciada, pues en estos contextos también sobresalen las actitudes discriminatorias basadas en el género.
Desde Cepaz, condenamos la forma sistemática y reiterada en la que se vulneran los derechos humanos de la población venezolana, y especialmente destacamos la necesidad de documentar y visibilizar la crisis de derechos que existe en Venezuela bajo una perspectiva de género. Además reiteramos la necesidad de aplicar medidas urgentes para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población, y que se realice las investigaciones prontas, eficaces e independientes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.
Consulte el informe completo aquí
