Las organizaciones de la sociedad civil que firman esta carta manifiestan su rechazo ante las declaraciones del Canciller, Jorge Arreaza, en las que criticó el reciente pronunciamiento emitido por cuatro mandatos de procedimientos especiales por la detención arbitraria de cinco de los integrantes de la ONG humanitaria Azul Positivo, como consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a defender derechos humanos y brindar apoyo humanitario a las personas con VIH y otras personas y comunidades vulnerables en el estado Zulia.

El  pasado 18 de febrero de 2021 el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, emitieron un comunicado en el que solicitaron al Estado venezolano que se retiren los cargos en contra de los integrantes de la organización Azul Positivo, señalando que “las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ´Ley contra el Odio´ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”.

Este pronunciamiento de los cuatro procedimientos especiales llegó en un momento especialmente valioso ya que, en primer lugar, constituye un deber de los sistemas de protección exigir al Estado venezolano la liberación plena de los miembros de Azul Positivo, lo cual no había ocurrido hasta la fecha de esta carta, debido a que su labor no constituye delito alguno ni este puede presumirse a partir de programas humanitarios coordinados por las Naciones Unidas en Venezuela. En segundo lugar, este pronunciamiento responde a la intensificación de los patrones de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, trayendo como consecuencia serias amenazas de cierre del espacio cívico y mayor desamparo de la población venezolana en la defensa de sus derechos, como lo muestra el aumento de casos de ataques desde 2019 hasta el presente.  Como consecuencia de estos patrones, se ha cerrado aún más el espacio cívico y el libre ejercicio acceso de la población a sus derechos económicos y sociales, particularmente a la salud e incluso ha afectado la actuación de Naciones Unidas como se demuestra en la reciente decisión de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de suspender programas de asistencia directa a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Los ataques se han llevado a cabo en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos, incluyendo el derecho a la protección y asistencia humanitaria, restringiendo aún más el acceso de la población a programas, bienes y servicios que son esenciales para su vida, seguridad y subsistencia, de lo cual es una muestra la suspensión de programas de asistencia directa a personas y familias en situación de vulnerabilidad coordinados por el Equipo Humanitario de País en Venezuela.

En dicho comunicado además se desconoce el derecho internacional, al poner por encima de los derechos de las personas “la soberanía, la integridad territorial y la necesidad de contar con el consentimiento de los Estados respectivos en el ejercicio de las labores humanitarias”, incumpliendo obligaciones internacionales e incurriendo en faltas al criminalizar la labor humanitaria y negar los principios de independencia de los equipos humanitarios y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos exigen que se les permita funcionar libres de cualquier tipo de presión externa por parte de los Estados.

Por estas razones, hacemos un llamado a:

– Respaldar el llamado de los procedimientos especiales que buscan proteger los derechos de la población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil. La realidad demuestra que las labores de defensa de derechos humanos, incluyendo las humanitarias, están siendo criminalizadas por el Estado venezolano, y se necesita que la comunidad internacional haga llamamientos altos y claros como los realizados por los cuatro procedimientos especiales.

 – Demandar a las autoridades nacionales garantías jurídicas e institucionales de respeto y protección de los derechos al libre desempeño y acceso a la cooperación internacional de la sociedad civil venezolana, para ejercer la defensa de derechos humanos y la asistencia humanitaria, sin temor a actos o medidas de intimidación o represalia por el uso de fondos internacionales para estos fines legítimos, de los cuales dependen millones de personas, comunidades y poblaciones por la emergencia humanitaria compleja y la pandemia de la COVID.

 – Solicitar el reforzamiento y ampliación de los mandatos de las agencias, órganos y procedimientos de las Naciones Unidas y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dado que no hay avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado para implementar sus recomendaciones, sin que ello ponga en riesgo su permanencia en el país; y es necesario poner fin a los ataques, restricciones y medidas coercitivas contra la población venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y los actores humanitarios, que contrariamente a lo esperado y lejos de prevenirse o disminuirse con su presencia en el terreno, han sido más recurrentes, sistemáticos y de mayor gravedad.

Firman

1. C. Médicos Unidos de Venezuela
2. C. Reforma Judicial
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Solidaria
5. Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
6. Aguaclara AC
7. América Diversa Inc.
8. Amnistía Internacional
9. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
10. Asociación Civil Justicia y Paz OP Venezuela
11. Asociación Civil NUPAZ
12. Asociación Movimiento Vinotinto
13. Asociación por la Vida (ASOVIDA) Mérida
14. Aula Abierta
15. Ateneo Ecológico del Orinoco
16. CADAL
17. Caleidoscopio Humano
18. Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora
19. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero / Universidad de Los Andes
20. Cátedra de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
21. Cecodap
22. Centro de Animación Juvenil
23. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
24. Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
25. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV
26. Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
27. CISFEM
28. Ciudadanía Activa
29. Civilis Derechos Humanos
30. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
31. Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
32. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
33. Control Ciudadano para la seguridad, la defensa y las Fuerza Armada Nacional
34. Convite
35. Cultura Democrática
36. Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
37. EDEPA AC
38. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
39. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES
40. Freedom House
41. Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama FUNCAMAMA
42. Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres
43. Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana (Fudemul Venezuela)
44. Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
45. FundaRedes
46. GobiérnaTec
47. Hearts on Venezuela
48. Hombres por la Equidad y a Igualdad
49. Liga Merideña contra el Sida
50. Monitor Social AC
51. Movimiento Ciudadano Dale Letra
52. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
53. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
54. Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
55. Organización StopVIH
56. Padres Organizados de Venezuela
57. Prepara Familia
58. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
59. Proiuris
60. Proyecto 860
61. PROMEDEHUM
62. Race & Equality
63. RedLAD
64. Robert F. Kennedy Human Rights
65. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
66. Red Juvenil Cultura de Paz y VIHSIDA
67. Red de organizaciones vecinales de Baruta
68. Sinergia
69. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
70. Una Ventana a la Libertad
71. Unión Afirmativa de Venezuela
72. Unión por Venezuela
73. Venezuela Diversa A.C

Personas

1. Ingrid Orjuela
2. Tamara Adrián