En una carta abierta dirigida al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, 73 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo ante las declaraciones del funcionario, en las cuales criticó el pronunciamiento realizado el pasado 18 de febrero por cuatro mandatos de procedimientos especiales de Naciones Unidas por la detención arbitraria de cinco de los integrantes de Azul Positivo, organización humanitaria venezolana.
En el pronunciamiento, suscrito por Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas integrado por Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, los expertos «instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas» en Venezuela y solicitaron que los cargos contra los cinco defensores de derechos humanos de Azul Positivo fueran retirados.
También señalaron que «las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ‘Ley contra el Odio’ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”.
En la carta dirigida al Canciller Arreaza, las organizaciones firmantes reiteran que «constituye un deber de los sistemas de protección exigir al Estado venezolano la liberación plena de los miembros de Azul Positivo, lo cual no había ocurrido hasta la fecha de esta carta, debido a que su labor no constituye delito alguno ni este puede presumirse a partir de programas humanitarios coordinados por las Naciones Unidas en Venezuela».
Agrega la misiva que los patrones de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana y contra las personas defensoras de derechos humanos en el país se han agudizado. Lo cual «trae como consecuencia serias amenazas de cierre del espacio cívico y mayor desamparo de la población venezolana en la defensa de sus derechos, como lo muestra el aumento de casos de ataques desde 2019 hasta el presente».
Por tal motivo, en Venezuela «se ha cerrado aún más el espacio cívico y el libre ejercicio acceso de la población a sus derechos económicos y sociales, particularmente a la salud e incluso ha afectado la actuación de Naciones Unidas como se demuestra en la reciente decisión de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de suspender programas de asistencia directa a personas y familias en situación de vulnerabilidad».
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a respaldar el pronunciamientos de los procedimientos especiales «que buscan proteger los derechos de la población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil»; a demandar a las autoridades nacionales «garantías jurídicas e institucionales de respeto y protección de los derechos al libre desempeño y acceso a la cooperación internacional de la sociedad civil venezolana», y solicitaron «el reforzamiento y ampliación de los mandatos de las agencias, órganos y procedimientos de las Naciones Unidas y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dado que no hay avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado para implementar sus recomendaciones».
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