El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, señalaron este 17 de agosto, 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre Venezuela. La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas.

Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.

Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato, dijeron las organizaciones. Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.

El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.

La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones. Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.

Si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias.

Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.

El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.

Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.

Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las organizaciones.

Venezuela: UN Human Rights Council Should Renew Experts’ Mandate

The United Nations Human Rights Council should renew the mandate of its Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, 125 national and international organizations working on Venezuela said today. The Mission, established in 2019 to investigate systematic human rights violations in Venezuela, has played a key role in pushing for accountability for serious crimes in the country and ensuring international scrutiny over the ongoing crisis, the groups said in a joint question-and-answer document.

The Mission’s experts are scheduled to present their third report at the 51st session of the Human Rights Council, from September 12 to October 7, 2022. A resolution is needed to extend the mission’s mandate beyond September. In the past, a group of Latin American countries led this initiative and presented a text establishing the Mission’s mandate for adoption. If a vote is called, a simple majority of voting members is needed to adopt the text.

Latin American governments should once again lead this effort for accountability and ongoing monitoring and urge all UN member states to support the renewal of the mandate, the groups said. The groups will hold a news conference about this key issue on August 17 at 10 a.m. Caracas time.

The Human Rights Council established the Mission in 2019 to investigate “extrajudicial killings, enforced disappearances, arbitrary detentions and torture and other cruel, inhuman or degrading treatment since 2014,” including sexual and gender-based violence, with a view to “ensuring full accountability for perpetrators and justice for victims.” In 2020, the mission’s initial one-year mandate was extended for another two years, until September 2022.

In 2020, the mission concluded that there were sufficient grounds to believe that crimes against humanity had been committed in Venezuela, that “high-level authorities had knowledge of those crimes”, and that “commanders and superiors knew or should have known about those crimes and … did not take measures to prevent or repress them.” A year later, in its second report, the Mission documented the country’s lack of judicial independence and impunity for human rights violations, and reported that Venezuela’s justice system served as a mechanism of repression instead of a guarantor of rights, emboldening state agents to continue carrying out abuses.

The failure of the Venezuelan authorities to implement the Mission’s recommendations and the structural conditions that prompted the creation of the Mission remain, including impunity, lack of domestic avenues for redress for victims of abuses, and the government’s continued attempts to evade international scrutiny, the groups said. In the face of a Venezuelan government that does not seriously respond to the recommendations, the Mission has advanced the search for truth, justice, and reparation for victims and survivors of human rights violations. It has also outlined the fundamental reforms needed to prevent further violations and abuses.

Renewing the mandate would allow experts to continue gathering evidence of serious, ongoing human rights violations, report on current dynamics in the country, and provide recommendations for necessary action.

Presidential elections are scheduled for 2024, and legislative and regional elections are set to take place in 2025. Government repression has peaked during past election periods. The Mission can perform a crucial early warning role that may help to deter such abuses, the groups said.

The question-and-answer document explains how the Fact-Finding Mission complements and supports the role of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and that of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. It also emphasizes that the Mission can help to strengthen political dialogue, helping to ensure that any discussions include a human rights approach that contributes to improving the situation in Venezuela.

Venezuelan authorities are undertaking a strategy of apparent, but not genuine, engagement with the Human Rights Council and its procedures, as they did in 2019 and 2020. However, during her oral update in July 2022, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet reported that while crimes under international law continue being committed, her team is no longer granted access to two Venezuelan detention centers, Helicoide and Boleita, and military detention centers, where detainees are being arbitrarily detained for political reasons.

Venezuelan authorities have also failed to implement recommendationsby various human rights mechanisms. Justice system reforms recently announced by Venezuelan authorities have not meaningfully addressed the serious damage done to judicial independence, and do not ensure full and effective investigations of human rights violations, the groups said.

Lista de Firmantes / List of Signatories:

AC Conciencia Ciudadana

AC Instituto Mead de Venezuela

AC Liderazgo y Vision

AC Los Naguaritos

AC Médicos Unidos de Venezuela

AC Trabajando Sin Frontera

Acceso a la Justicia

Acción En Positivo

Acción Solidaria

AlertaVenezuela

Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla)

Amnesty International

Asociación Cauce

Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA)

Asociación Mujeres Sin Fronteras

Asociacion Venezolana para la Hemofilia

Asosaber

Aula Abierta Bandesir Lara

CADAL

Caleidoscopio Humano

Caminos de la Memoria

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia)

Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre)

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI)

Centro de Atención Psicosocial CAPS

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM)

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Children Believe

Ciudadanía Con Compromiso AC

Civil Rights Defenders

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Comisión Episcopal de Acción Social – Peru

Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de

Venezuela del estado Lara

Comisión ULA Mujer

Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad

Comunidad en Movimiento AC

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

DefensActiva

Defiende Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Doria Esther Benaim

Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Entretejidas

Epikeia Derechos Humanos

Espacio Público

Foro Penal

Freedom House

Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer

Fundacion Aguaclara

Fundación Aylwin Chile firma

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Fundación Construir

Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ)

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Lucelia

Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez

FundaRedes

FUNDEMUL Venezuela

Global Centre for the Responsibility to Protect

GobiérnaTec

Hearts On Venezuela

Hombres por la equidad e igualdad

Human Rights Watch

Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX

Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú)

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

International Center for Transitional Justice

International Service for Human Rights (ISHR)

Justicia Encuentro y Perdón

KISTH

Laboratorio de Paz  Maria Antonieta Torres Ferrer María Teresa Sánchez.

Monitor de Víctimas

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento Ciudadano Dale letra

Movimiento Decode

Movimiento San Isidro (MSI)

Mulier

Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes

Observatorio Global de Comunicacion y Democracia

Observatorio Venezolano de Prisiones

ODEVIDA, Capítulo Venezuela

Ong Hombres por la equidad e igualdad

Operación libertad internacional

Pacientes Oncologícos

Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR

Paz y Esperanza

People in Need

Prepara Familia

PROMEDEHUM

Provea

Proyecta Ciudadanía AC

Race & Equality (Raza e Igualdad)

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos

Red Naranja Venezuela

Robert F. Kennedy Human Rights

Rosibel Torres

Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil

SOS Pacientes Renales

The Kota Alliance

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

UNFPA

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

Veneactiva Perú

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women Riots

Women’s Link Worldwide

WUNRN-Women’s UN Report Network

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