Por Héctor Briceño
Politólogo, profesor del CENDES de la UCV, actualmente doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de Rostock, Alemania.
La llegada del COVID-19 ha impuesto grandes retos electorales en todo el mundo. De 70 países que habían programado elecciones durante los dos primeros trimestres del año, 50 decidieron posponerlas para evitar la propagación del virus, mientras los restantes 20 los realizaron con resultados muy variados.
En todos esos casos el desafío ha sido evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis política, intentando construir un equilibrio entre el riesgo que implica posponer las elecciones y la obligación de proteger la vida de las personas.
En Venezuela, sin embargo, la pandemia llega en el marco de una profunda crisis política que le antecede, por lo que el COVID-19 se transforma, en el contexto electoral, en una variable adicional que debe resolverse junto a otras incógnitas de una muy complicada ecuación.
¿Cuáles son las otras incógnitas de la ecuación?
En primer lugar, en el país se ha extendido una profunda desesperanza electoral. Y no faltan razones. El deterioro de las condiciones electorales se ha acelerado luego de las elecciones parlamentarias de 2015, la última elección democrática realizada en el país.
A partir de entonces, se ilegalizaron los más importantes partidos políticos de oposición y la empresa Smartmatic se retiró del país, luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados y los recogidos por el sistema automatizado durante la elección de la ANC en 2017. Meses después, durante las elecciones de gobernadores, los electores y centros electorales fueron redistribuidos para castigar a los electores opositores. La crisis migratoria, que ha movilizado a una proporción importante de venezolanos, ha reconfigurado su distribución tanto en el territorio nacional como en el mundo. Cerca del 20% de los electores ha abandonado el país desde 2016 para escapar de la crisis interna. Y otra cantidad importante ha migrado internamente huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de la escasez de servicios públicos que azota con especial dureza las zonas rurales, para refugiarse en las grandes ciudades, que gozan de privilegios como agua y electricidad.
Más recientemente, un incendio en los galpones del CNE destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado, que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación.
Por último, pero no por ello menos importante, las autoridades electorales mantienen su doble estatus de gran desprestigio e ilegitimidad, mientras la Asamblea Nacional (AN) ha detenido indefinidamente el proceso de designación de nuevas autoridades.
En resumen, no es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano.
Así, el principal desafío electoral es invertir la ecuación de la desesperanza. Reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio frente a aquellos que afirman que no se debe hablar de elecciones en medio de la crisis o que “las elecciones son una trampa del gobierno en la que no se debe caer”[1].
Al contrario, solo es posible enfrentar la compleja crisis estructural que atraviesa el país (crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política), si se lucha por mejorar las condiciones electorales, denunciando el ventajismo electoral, revelando al mundo, una y otra vez, cómo la institucionalidad de Estado se alinea para impedir la manifestación de la voluntad popular.
Las razones para confiar en las elecciones como herramienta de cambio son muchas. Incluso en las condiciones actuales.
La victoria democrática obtenida en las parlamentarias de 2015 no fue solo una sorpresa, sino también el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples actores orientados por un mismo objetivo: luchar contra toda la maquinaria institucional del Estado para permitir que la voluntad popular se pudiese expresar libremente. Así, convergieron partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicatos, gremios, comunidad internacional, observadores electorales nacionales e internacionales, en una lucha por alcanzar las mejores condiciones electorales posibles. Perseverancia que fue reconocida por millones de ciudadanos que decidieron participar, aún en contra de los peligros, adversidades y desconfianza que rodearon esa elección.
A ese esfuerzo le siguieron otros: en 2016 el intento de activar el referéndum revocatorio presidencial. En 2017 la denuncia de la inconstitucionalidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la participación en las elecciones de gobernadores del mismo año. Finalmente, en 2018 las denuncias de las condiciones electorales de las presidenciales.
Todas esas experiencias son relatos, no de fracasos sino de victorias electorales que han permitido contener un régimen que, obsesionado con el poder, desea el control total del país. No ha llegado ahí en parte gracias a la lucha electoral.
La elección parlamentaria por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. Por lo que el reto no es sencillo. Los obstáculos son muchos, el tiempo es escaso, y aún así el costo de renunciar a la elección es demasiado alto. La legitimidad de la Asamblea Nacional no es infinita nacional ni internacionalmente. Permitir que el gobierno gane unas elecciones por forfeit, sin siquiera pelear por el cambio de las condiciones complicaría aún más la grave crisis política.
Adicionalmente, la pérdida de la confianza en el voto y la abdicación electoral incentivan las aventuras violentas. Y violencia y democracia son antagónicas. La historia de las transiciones recientes así lo confirma. La inmensa mayoría de las democracias que surgieron durante los últimos 50 años nacieron de procesos electorales, mientras que los métodos de lucha violentos frente a gobiernos autoritarios culminaron casi siempre en la imposición de otros gobiernos autoritarios de distinto cuño. Por ello, la lucha por elecciones justas es también la mejor garantía del triunfo de la democracia, para evitar que se construya un nuevo autoritarismo.
Finalmente, las elecciones son el único mecanismo que coloca la responsabilidad de la reconstrucción de la democracia en las manos de todos los venezolanos, convirtiéndolos así en los protagonistas de su propio destino.
La lucha por las elecciones comienza por la designación de nuevas autoridades a través de un proceso apegado a la normativa electoral. El comité de postulaciones electorales instalado desde marzo por la Asamblea Nacional tiene por delante las siguientes tareas: aprobar su reglamento interno y la metodología de evaluación de credenciales, la apertura del período de postulaciones, la recepción y revisión de las postulaciones, objeciones y descargos, para finalmente elaborar una lista con los seleccionados para presentarla a la Asamblea Nacional, a la cual le corresponde designar los nuevos rectores con una votación de las dos terceras partes[2].
Es también imprescindible diseñar un ciclo electoral apoyado en herramientas tecnológicas a distancia que permitan romper los posibles focos de transmisión del coronavirus y evitar la conformación de una potencial cadena de contagio, que obligue a escoger entre el derecho a la vida y el derecho a elegir. Es necesario organizar elecciones y votar en condiciones que no pongan en peligro la vida de la gente, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Por ello es recomendable pensar en sistemas híbridos a lo largo del ciclo electoral.
Donde unos ven problemas otros ven oportunidades. Hasta el momento, lamentablemente, el Gobierno ha aprovechado la pandemia para afianzar su control político, persiguiendo a opositores, encarcelando a periodistas, amenazando a intelectuales. La oposición, también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional como llave de acceso a la ayuda humanitaria internacional, para generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político. En este escenario, el último de los grandes desafíos es evitar que la pandemia se convierta en una herramienta electoral. Por ejemplo, al utilizarla para incentivar o desincentivar electores, al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo de electores.
[1] https://efectococuyo.com/politica/diputados-apoyan-a-guaido-pj-pide-golpe-de-timon-y-ad-habla-de-falsa-oposicion-19may/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
[2] https://efectococuyo.com/politica/asi-se-elige-el-cne-en-venezuela/
Este artículo forma parte de la serie La democracia no se suspende presentada desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia (Red Venezolana de OSC).
Lea también:
Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras
¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?
