Urge política de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela

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Urge política de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela

Derechos Humanos

marzo 27, 2020

Quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra preocupación por la ausencia de una política de asistencia y protección de las personas mayores en Venezuela. Esta situación en la actual coyuntura de pandemia del COVID-19 pone en riesgo la vida de cerca de 3.5 millones de personas de 60 años y más, las cuales según las evidencias médicas en el mundo son la población con grandes riesgos de letalidad frente al virus, alcanzando una tasa de mortalidad cercana al 15% y la cual puede ser aún superior para las personas mayores de 80 años con condiciones crónicas de salud previas.

Considerando:

• Que la protección de los derechos de las personas mayores es un mandato consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Considerando:

• Que las personas mayores son el grupo poblacional que enfrenta mayores riesgos frente al COVID-19.

Considerando:

• Que según un reciente estudio de detección rápida de necesidades humanitarias realizado por Convite en alianza con HelpaAge en los Estados Miranda, Lara y Bolívar se detectó que el 23% de la población adulta mayor vive en situación de soledad.

Considerando:

• Que, según el precitado estudio, tres de cada cinco personas mayores se acuestan regularmente sin comer y una de cada diez se acuesta cada noche sin comer, y 77% de las personas mayores no tienen acceso suficiente a alimentos.

Considerando:

• Que muchas personas mayores no tienen la capacidad económica de poder hacer compras para cumplir una cuarentena social que podría ser prolongada, sumando a esta situación que muchas personas mayores viven solas y por tanto dependen de sí mismas para realizar sus compras.

Considerando:

• Que un porcentaje cercano al 70% del total de las personas mayores en Venezuela son diabéticas e hipertensas, razón por la cual requieren medicación regular y de por vida. Siendo estas dos morbilidades altamente potenciadoras de la letalidad del COVID-19.

Considerando:

• Que grupos organizados de pensionados, jubilados y sobrevivientes a escala nacional expresan que alrededor de 700 mil pensionados no disponen de tarjetas de débito, dado que las entidades bancarias desde hace buen tiempo dejaron de suministrar las tarjetas e incluso libretas bancarias.

Considerando:

• Que Venezuela no cuenta con ningún plan nacional de envejecimiento que profundice las normas y políticas dirigidas a este grupo etario, sobre todo en un escenario donde el país vive una profunda crisis económica, la cual se ramifica en la afectación de numerosos derechos humanos, siendo la población adulta mayor una de las que más sufre.

Considerando:

• Que estudios de la organización Convite revelan que entre 400 y 500 mil personas en edad pensionable se encuentran fuera del sistema de pensiones.

Considerando:

• Que existen alrededor de 12.000 pensionados venezolanos en España, Italia, Portugal, Chile, Ecuador y Uruguay que desde hace más de 40 meses dejaron de percibir sus pensiones.

Frente a esto proponemos:

PRIMERO:

Que se reconozca a las personas mayores como sujeto pleno de derechos, garantizando que la edad no se convierta en un factor de discriminación para la prestación de asistencia. Las personas mayores deben ser incluidas de manera diferenciada dentro de cualquier programa de respuesta humanitaria y tienen el derecho a ser consultadas. Igualmente deben implementarse mecanismos que garanticen la protección de las personas mayores frente a situaciones de violencia, incluso intrafamiliar.

SEGUNDO:

Que los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local declaren a las personas mayores como población objeto de su política de prevención del COVID-19, valorando en cada entidad geográfica la presencia de personas de 60 años y más, sectorizando sus lugares de mayor concentración y estableciendo un mapeo de los casos que requieren especial soporte.

TERCERO:

Que desde el ejecutivo nacional se diseñe un programa de apoyo y soporte domiciliario para las personas mayores. Este programa debe contener los siguientes componentes: provisión de alimentos, dotación de medicinas, atención médica y psicológica domiciliaria para los casos que así lo requieran, traslado a unidades de diálisis u a otros protocolos médicos. Este programa debe estar activo durante todo el tiempo que permanezca vigente la medida de cuarentena social.

CUARTO:

Que se privilegie la dotación de insumos, medicinas y alimentos a las entidades de atención de personas mayores, indistintamente de su condición privada o pública (ancianatos, casas hogares, clínicas de reposo, sanatorios mentales), tomando en cuenta que las personas mayores dependientes están más expuestas a la privación de derechos sociales y económicos.

QUINTO:

Que es necesario buscar urgentemente alternativas para que 700 mil pensionados que nos disponen de tarjetas de débito hagan efectivo su pago y que motivado a la suspensión de la actividad bancaria no podrán retirar su menguado ingreso. Asimismo, es necesario garantizar que la asignación de cualquier ayuda económica, sea de carácter universal, y prescindir de cualquier otro tipo de acreditación para su otorgamiento, que no sea la cédula de identidad.

SEXTO:

Que es imperioso privilegiar la dotación de los protocolos farmacológicos para las personas mayores con padecimientos crónicos como cáncer, esclerosis múltiple, VIH, padecimientos mentales y otros que en sí mismos suponen riesgos letales. Así como para diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, depresión y convulsión, cuyos índices de escasez en once ciudades de Venezuela superan el 60%

SÉPTIMO:

Que desde el ejecutivo nacional se estudie URGENTEMENTE la manera de compensar a toda persona mayor cuya única fuente de ingreso sea el arrendamiento de un inmueble o habitación. La medida tomada recientemente de exonerar los pagos de alquiler de inmuebles o locales comerciales es regresiva, ya que solo beneficia al arrendatario y deja desprotegido al arrendador. Hay un importante número de personas mayores que son arrendadores, incluso en zonas populares.

OCTAVO:

Que el ejecutivo nacional y las representaciones diplomáticas venezolanas acreditadas en los países donde rige el Convenio de Seguridad Social (España, Portugal, Italia, Chile, Ecuador y Uruguay) establezcan algún plan especial de ayuda a los más de 12.000 pensionados que desde hace 40 meses han visto suspendidos los pagos de sus pensiones.

NOVENO:

Que la Asamblea Nacional emita un decreto legislativo en el cual se declare a la población adulta mayor de toda Venezuela como prioridad en la asignación de recursos para atender la emergencia.

DÉCIMO:

Que se brinden facilidades logísticas y garantías de protección a todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluso organizaciones internacionales que actualmente estén desplegando programas de ayuda humanitaria, dirigidos a las personas mayores en cualquier parte del país.

Organizaciones de la sociedad civil que suscriben:

A.C. Centro de Animación Juvenil
A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
AC Amigos Trasplantados Francisco Valencia
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI
ACIVA
ACOANA
Aconvida
AJUP CHACAO
Ajupeven
Alfa Ciudadana
Alianza Ciudadana
Aprende más Centro de Formación y Atención Integral
APUFAT-UCV
Asamblea de Ciudadanos de Carabobo
Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
Asociación Civil Centro de Educación Integral Gurrufio
Asociación civil Cuadra Segura Guacara Guigue
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación de jubilados y Pensionados de Venezuela en Andalucía
Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela en Andalucía España (AJUPEVEN)
Asociación de Pensionados Venezolanos en Canarias ASOPEVEC
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Uruguay APEJUVENUR
Asociación de Profesionales Universitarios APUFAT UCV
Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios Atraem
Asociación de Trasplantes de Venezuela
Asociación Nacional de jubilados (AS) y pensionados (AS) del Ministerio del Poder Popular para la Salud y entes adscritos Anjupminsa
Asociación por la Vida (Asovida) Merida
Asociación Venezolana de Mujeres Josefa Márquez de Cordero
Asopenjubilbao
ASOPEVEC
AsoSaber
AVESA
AVH
B.I.O.
Banco del Libro
CADEF
Caleidoscopio Humano
Caracas Sostenible
Catedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro occidental
Catedra de la Paz Universidad de los Andes
Catia Posible
Cecodap
Cendif-Unimet
Cepaz (Centro de Justicia y Paz)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Formación Para La Democracia
Centro de Formación para la Democracia CFD Nicolasa Caraballo
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES)
Centro de las mujeres
Centro Monseñor Arias Blanco
Civilis AC
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
CODEHCIU
CODEVIDA
Codhez
Colegio de Odontólogos del Táchira
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, del estado Apure
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Mérida
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Comité de DDHH de la Carucieña Barquisimeto
Comunidad del barrio las flores
Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico
Consejo comunal Prebo
Consejo Comunal Trigal Centro Sector 1
Consorven
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite Asociación Civil
Coordinación de los DDHH de los Colegios de Abogados estado Guárico
Crea País
Creemos Alianza Ciudadana
Defensa en Acción
Defiende Venezuela
Democracia Emprendedora
Dirección General de Extensión Social Universitaria UCAB
EDEPA A.C.
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Equipo Voluntario de Ayuda Humanitaria EVAH
Estado Táchira
Exalumnos Salesianos
EXCUBITUS
FETRASALUD
Frente Nacional de Mujeres
FUNCAMAMA
Fundación Aguaclara
Fundación CELTA
Fundación Ecocivico
Fundación Emprendedores Solidarios
Fundación Jóvenes por los Derechos humanos Venezuela
Fundación Lucelia
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Fundación Váyalo
FundaRedes
HelpAge
Hombres por la Equidad e Igualdad
INVESP
IVSS Y UNIVIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Jubilados y Pensionados de Venezuela
Justicia y Paz OP Venezuela
Labo Ciudadano
Laboratorio de Paz
Liga merideña contra el sida
MAPANI VENEZUELA
Mavid Carabobo
Mérida cátedra de la paz
Meals4Hope
Metro de Caracas
MID movimiento independiente democrático del Táchira
Monitor Social AC
Montalbán en Movimiento
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movivargas
Mujer y Ciudadana a.c.
Mulier
MUV Táchira
No Permitas Malos Tratos
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de Violencia
OPEM República Dominicana
Oportunidad AC
Padres Organizados de Venezuela
Parroquia San Alberto Hurtado
Pensionados en el exterior
Plataforma Agroalimentaria Nacional Luis Hidalgo
PROENA
Programa de atención al adulto mayor
Proiuris
PROMEDEHUM
Provea
Psicodehu
Red por los Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes, REDHNNA.
Red Venezolana de Gente Positiva
REDAC
REDHANZ
Revista SIC del Centro Gumilla
Senosayuda
Sinergia
Sociedad Civil FAVL Mérida
StopVIH
Transparencia Venezuela
Ufajup
Una Ventana a la Libertad
Uniandes
Unión Afirmativa
Vecinos Organizados Sabana Larga
Venezuela Ciudadana
Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Voto Joven