Gracias al apoyo de la Unión Europea (UE), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), ampliarán la cobertura del servicio de atención psicosocial y legal que brindan a las mujeres víctimas de violencia por razones de género a otros estados del país.

El proyecto “Aliadas por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, se desarrollará durante 30 meses y ofrecerá acompañamiento a las mujeres víctimas en los estados Miranda, Zulia, Mérida, Táchira y Lara. Los recursos aportados por la UE permitirán además fortalecer a las organizaciones que brindan este servicio en las diferentes regiones, reforzar el trabajo que han venido adelantando con las víctimas, ampliar la capacidad de los espacios de atención psicosocial, asesoría y orientación legal y realizar campañas preventivas en los estados antes mencionados.

Bajo el lema “Unidas por ti”, las organizaciones participantes de esta alianza, integrada también por el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y Fundamujer, estarán además realizando una campaña de sensibilización a la opinión pública sobre los efectos de la violencia contra la mujer, a partir de la información registrada y documentada durante el acompañamiento y atención psicosocial y legal brindada a las víctimas, con la intención de contribuir a una mejor comprensión de los factores que favorecen el aumento de la violencia de género en Venezuela.

La atención y acompañamiento que se ofrecerá a las víctimas de violencia de género con este proyecto impulsado por la UE, escapará de la visión tradicional y aislada de las vertientes psicológicas y legales, organizando un servicio integrado de atención conjunta, es decir, un abordaje psicosocial y legal integral de un problema complejo.

También, como parte del proyecto “Aliadas por el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”, se ofrecerá formación a profesionales del derecho, funcionarios y funcionarias públicas, psicólogas, psicólogos, docentes y comunicadores sociales para la prevención de la violencia contra la mujer por razón de género y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, un asunto de seguridad pública, un problema de derechos humanos, un obstáculo al desarrollo, una amenaza estructural a la convivencia pacífica, así como una fuerte restricción al ejercicio de la ciudadanía para las mujeres, que requiere atención inmediata para su prevención y erradicación.