Por Rafael Uzcátegui. Sociólogo y coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea)
Imaginemos por un momento que existe un conflicto armado entre, por un lado, un grupo guerrillero que cuenta con recursos financieros, y por otro, un gobierno despótico que controla buena parte del territorio. En medio de esa confrontación, que lleva varios años, ocurre una tragedia natural. Pongamos que es un terremoto, que además cobra muchas víctimas y devasta casas e instalaciones del pueblo epicentro del antagonismo. El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para atender a los sobrevivientes e iniciar el trabajo de reconstrucción. Entre los muertos y heridos hay familiares de miembros de la insurgencia, quienes impotentes no tienen la libertad de movimientos necesaria para dar sepultura a sus seres queridos y ayudar a levantar sus casas. ¿Qué hacer? Si el conflicto persiste como hasta ese momento, gobierno y guerrilla estarán disputándose unas ruinas. El terremoto es una tragedia mayúscula que coloca, momentáneamente, en segundo plano la confrontación.
Una situación similar ocurre en la Venezuela de hoy. Un gobierno transformado en una dictadura que controla el territorio, asfixiado por la corrupción y años de inmenso gasto público y presionado por sanciones internacionales. En la acera del frente una Asamblea Nacional, liderada por el político con mayor popularidad del país, con respaldo internacional y acceso a posibilidades de financiamiento. El país, inmerso en una crisis económica y política sin precedentes, debe enfrentar con las mayores precariedades de la región, una pandemia de Coronavirus. Las estimaciones se hacen en voz baja, no sólo por la censura sino también por el sombrío escenario que proyectan. Países con sistemas de salud robustos se han visto sobrepasados por el número de afectados y fallecidos. Cuando se escribe este artículo, salvo por la creencia ciega en la providencia, no hay razón para pensar que la situación venezolana no será similar a la del promedio regional. Una catástrofe a toda regla.
Además de la situación sanitaria, a todas luces deplorable, se encuentran las condiciones para que la población cumpla la cuarentena: Con salarios disminuidos en su capacidad adquisitiva, con ingresos inciertos ante la parálisis del aparato productivo y el mercado, con amplios estratos de la población dependientes de la informalidad, con escasez de gasolina, fallas recurrentes de luz y agua en ciudades del interior del país, con el fantasma de la escasez orbitando en los inventarios y con rumores crecientes de la posibilidad del colapso de internet. Las situaciones derivadas del insuficiente acceso a los alimentos pueden ser tan preocupantes como la pandemia misma.
Si en este crucial momento se coloca la salud de la población sobre cualquier otra consideración, sería de sentido común que las diferentes autoridades se pongan de acuerdo para diseñar el mejor plan posible para abordar la enfermedad. Y para ello convoquen a toda la capacidad técnica y humana distribuida en los diferentes sectores de la sociedad venezolana. Esto necesita de una generosidad que parece solapada por la polarización y de estadistas de altura.
El equipo de Nicolás Maduro cuenta con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud, con un despliegue sobre el terreno que privilegia lo militar y la hegemonía de los medios de comunicación sobre cualquier otra consideración técnica y científica. El gobierno apuesta a que su respuesta pueda contener la expansión del Coronavirus y, públicamente repite que “todo está controlado”. Pero en privado, quienes conocen la situación del sistema hospitalario y el presupuesto disponible redoblan sus plegarias al cielo. La propia OMS establece como una acción de “alta prioridad” en el peor momento de la expansión del virus, el de la llamada “transmisión comunitaria”, el “Mejorar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad para apoyar la preparación y la respuesta, incluida la salud, transporte, viajes, comercio, finanzas, seguridad y otros
sectores”.
Una tregua de naturaleza humanitaria, con el único objetivo de salvar vidas y mitigar el sufrimiento, no es legitimar ninguno de los argumentos de las partes enfrentadas, sino reconocer que son hoy un actor necesario para el abordaje del Covid-19. Un mediador pueden ser las agencias internacionales de la propia Naciones Unidas o los actores humanitarios transnacionales, quienes supervisen la ejecución presupuestaria mediante criterios de transparencia y no discriminación.
Hay quienes piensan que el Coronavirus era la pieza que faltaba para imponerse sobre el otro bando y finalmente neutralizarlo. Esta es una apuesta no sólo triste sino peligrosa. También habrá quien señale a quienes solicitamos esta pausa como ingenuos, pero preferimos pecar de cualquier cosa antes de obviar y no exigir la condición que nos permita estar en la mejor posición posible para enfrentar la epidemia, un gran acuerdo nacional. Sin embargo, no estamos solos. Los cándidos, por la cantidad de opiniones similares que han aparecido en las redes sociales, somos bastantes.
