La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en Santo Domingo su 168 Período de Sesiones, a invitación del Estado de República Dominicana, del 3 al 11 de mayo de 2018. A continuación un resumen de las audiencias sobre Venezuela.
Situación de derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela
El Estado informó sobre medidas adoptadas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad (Pcd), como la ampliación de la protección legal, la creación de agencias especializadas, la implementación de cupos mínimos para PcD en el acceso a la educación universitaria y empleo, y medidas de protección sanitaria y social, entre ellas una prestación económica. La sociedad civil enfatizó la ausencia de estadísticas actualizadas y accesibles sobre la situación social del colectivo. Mostraron preocupación por la ausencia de reglamentación de la Ley especial; la falta de accesibilidad real en materia educativa y laboral; los elevados índices de desempleo en el grupo y el incumplimiento del cupo laboral en el sector público; entre otros. Destacaron el impacto diferencial provocado por la crisis alimentaria y sanitaria. La CIDH apreció la activa participación del Estado y la sociedad civil, se puso a disposición a fines de encauzar el diálogo constructivo e insistió en la necesidad de visitar al país para verificar la situación.
Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela
Las organizaciones solicitantes denunciaron la existencia de acciones sistemáticas tendientes al debilitamiento del pluralismo político y a la libertad de elegir en Venezuela. Denunciaron una política de persecución a la disidencia, en particular refirieron patrones de persecución consistentes en la inhabilitación política que ha afectado a los principales partidos y liderazgos de la oposición. Indicaron que el evento electoral previsto para el 20 de mayo se desarrolla en un contexto de medios afectados por un marco regulatorio restrictivo y medios oficiales de propaganda al servicio del gobierno. Indicaron que los observadores invitados no gozan del acuerdo de los distintos candidatos en contienda. El representante del Estado manifestó que el sistema electoral de Venezuela es considerado uno de los mejores del mundo. Asimismo, indicó cómo ha mejorado el sistema con la creación de nuevos centros de votación, la implementación del voto electrónico con dispositivos de seguridad. En relación a las lecciones de mayo señaló que se ha cumplido el calendario electoral y se vienen realizando las auditorías correspondeintes. La CIDH reafirmó que la democracia representativa es el mecanismo para la vida política en nuestros países y que son indispensables elecciones que cumplan con determinadas garantías, entre otras, de imparcialidad, transparencia y pluralismo político. La CIDH indagó sobre la independencia del poder electoral, el acceso a la información electoral y los electores jóvenes que no habrían logrado inscribirse en el registro, entre otros temas.
Denuncias de violaciones de derechos humanos por la justicia militar en Venezuela
Las solicitantes denunciaron que el poder ejecutivo manipula al poder judicial en el área militar y refirieron el uso de la justicia militar como herramienta de persecución política, el procesamiento de civiles en este fuero especial, así como la manipulación de los tipos penales como mecanismos de amedrentamiento. Además, destacaron que en Venezuela existen 796 personas sometidas a la justicia militar y 249 presos políticos. Las solicitantes manifestaron su preocupación por el caso del diputado Gilber Caro. El Estado enfatizó que la justicia militar no se establece en razón de las personas sino que la jurisdicción sigue la suerte de la naturaleza de la infracción. Asimismo, resaltó que el sistema de justicia militar de Venezuela es el único en Latinoamérica que goza de una defensa pública. La CIDH expresó que el tema de la audiencia está resuelto en el sistema interamericano, recordó que el orden jurídico interamericano ha fijado claramente que en tiempos de paz los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, lo cual no está en discusión. Reiteró su preocupación por tareas encomendadas a las fuerzas armadas para el control de manifestaciones.
Denuncias de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Venezuela
Las organizaciones solicitantes plantearon temas sobre violación a la libertad de expresión, así como sobre la falta de adecuación de la “Ley contra el Odio” a los estándares internacionales de libertad de expresión y los efectos inhibitorios de su aplicación. Además, informaron sobre hostigamiento, criminalización y descalificación pública contra periodistas y defensores de derechos humanos por parte de autoridades y a través de medios oficialistas, y la persecución contra funcionarios públicos que denuncian la situación en el país. Por su parte, el Estado manifestó que la Ley referida posee un fin legítimo y acorde a estándares internacionales, y presentó casos en los cuales alegó que ocurrieron situaciones de intolerancia y violencia. La CIDH manifestó diversas preocupaciones, tanto sobre la persecución de periodistas, como sobre la tipificación de delitos de odio bajo términos vagos y ambiguos. El Relator Especial señaló, entre otros, la falta de papel para la prensa y su preocupación por la revocación de frecuencias para operar medios independientes y la falta de garantías para su adjudicación y/o renovación.
Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil informó a la CIDH sobre la situación relativa a la llegada masiva de migrantes y refugiados venezolanos a múltiples países de la región y en particular respecto a los principales obstáculos que enfrentan en materia de derechos humanos en países de tránsito y destino, tales como el acceso a la salud; malnutrición de niños y niñas; acceso a documentación para regularización y acceso a derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a pasaportes y apostillas emitidos por Venezuela; la falta de reconocimiento de personas venezolanas como refugiadas; la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que han tenido que desplazarse forzadamente; el tratamiento abordaje de esta situación como un problema de seguridad nacional; la discriminación; el tráfico y la trata de personas principalmente con fines de explotación sexual, prostitución forzada y laboral; entre otros. A su vez, las organizaciones destacaron también buenas prácticas en las respuestas que están dando diversos países de la región ante estos hechos, tales como los permisos especiales y temporales de permanencia en Colombia, Perú y Brasil; las visas Mercosur en Argentina y Uruguay; y el reconocimiento como refugiados con la Declaración de Cartagena en México, entre otros. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la CIDH que continúe instando a los Estados para brindar una respuesta de naturaleza regional basada en la responsabilidad compartida y en un enfoque de derechos humanos. La CIDH expresó su compromiso en brindar asistencia técnica a los Estados y a impulsar que conozcan e implementen las recomendaciones de su Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas.
