Organizaciones de la sociedad civil manifiestan su profunda preocupación y rechazo por las situaciones de violencia y hostigamiento propiciadas por autoridades del Estado y agentes afectos al gobierno de facto, en las cuales se ha constatado un patrón de violación a la autonomía universitaria a través de la ejecución permanente de acciones de desestabilización de los gobiernos legítimos universitarios.

Al menos, desde el año 2010 se han registrado distintas decisiones del Poder Judicial venezolano que han intervenido en asuntos internos de las universidades públicas, cuyo contenido se pronuncia sobre la asignación de cupos universitarios, la reanudación de clases universitarias, incluso sobre el ingreso de personal universitario y la remoción de cargos. Asimismo, uno de los principales asuntos internos afectados ha sido el gobierno universitario, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante diversas sentencias ha ordenado la suspensión de los procesos electorales de autoridades universitarias, gobierno y co-gobierno estudiantil de universidades autónomas como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Central de Venezuela (UCV), y la Universidad del Zulia (LUZ); hasta tanto no se “reformen” sus reglamentos electorales internos en los términos impuestos en sus decisiones, lo que representa una grave transgresión a la autonomía universitaria.

En este sentido, durante los últimos años, el Estado venezolano ha implementado una serie de medidas dirigidas a generar una insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas de la nación. El Ministerio del Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) ha inobservado de manera desproporcionada los proyectos de presupuesto presentados, al aprobar partidas presupuestarias que no alcanza a cubrir los requerimientos reales de las universidades.

Por ende, la insuficiencia de recursos para las universidades se traduce en falta de mantenimiento de los espacios universitarios, carencia de materiales, baja   remuneración de profesores y empleados universitarios; lo que ha traído una decadencia en el nivel de educación de las universidades, afectando el derecho a una educación de calidad. Asimismo, el déficit presupuestario, comporta una pérdida de la autonomía financiera que poseen las universidades autónomas para organizar y administrar sus recursos económicos.

Sumado a esta situación, los espacios donde se ejercen labores de gobierno y co-gobierno universitario han sido tomados arbitrariamente por agentes que públicamente  manifiestan estar ejecutando directrices del gobierno de facto y autoridades del Estado. Como sucedió el 30 de abril de 2019, cuando las oficinas del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO) fueron ocupadas ilegalmente por un grupo de personas que públicamente han manifestado ser adeptos al gobierno de facto, entre ellos algunos estudiantes, quienes han sostenido que “actúan bajo órdenes del Ministro para la Educación Universitaria”. Además, han exigido la destitución de la rectora Dra. Milena Bravo, quien ha debido permanecer en su cargo debido al impedimento por parte del TSJ para realizar elecciones universitarias. Hasta la actualidad, este grupo ha impedido el acceso de las autoridades e incluso del personal de seguridad a la sede rectoral.

Recientemente, el 7 de junio de 2019, sujetos adeptos al Gobierno de facto y al Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, tomaron por la fuerza las instalaciones  de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (FCU-UC), ubicada en la facultad de Ingeniería del Campus Bárbula; lo que generó enfrentamientos contra representantes de la FCU-UC que intentaban recuperar la sede.

Por otro lado, en fecha 12 de junio de 2019, el Consejero Universitario de la Universidad  de Carabobo, Luis Yaguarate, fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tras la acción de recuperación de la sede de la FCU-UC junto a Marlon Díaz y varios estudiantes el 10 de junio de 2019. El secretario general de la FCU-UC, Jesús Díaz, responsabilizó al gobernador Rafael Lacava por la detención arbitraria del representante estudiantil Yaguarate. Posteriormente de haber sido liberado el mismo día,  el  13 de  junio  Yaguarate  fue  nuevamente  citado  y detenido  por  el  CICPC,  lo que evidencia claramente la persecución política y represalias en contra de dirigentes estudiantiles.

Como muestra de las represalias continuas y acciones violentas en contra de las universidades, en fecha 17 de junio de 2019, se presentaron actos vandálicos en la escuela de Estudios Políticos de la UCV debido a que presuntos estudiantes causaron daños a cuatro aulas de clases, incluso incendiaron cauchos y basura en la fachada principal que da acceso a la escuela. Así como también, causaron daños a áreas verdes y baños de la escuela.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento rechazamos la existencia de estas situaciones, las cuales evidencian una serie de políticas intervencionistas en el gobierno universitario por parte de agentes del Estado, dirigido a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica con el fin de silenciar a las universidades como principal espacio de generación del pensamiento crítico en las democracias. En este sentido, exigimos el cese de la persecución contra las universidades y actores  universitarios por su rol de actores críticos y pilares de la democracia.

Suscriben:

• Acceso a la Justicia
• Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)
• Asociación civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
• Aula Abierta
• Caleidoscopio Humano
• Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
• Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Mons. Oscar A. Romero de la Universidad de los Andes”
• Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH UNIMET)
• Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
• Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
• Civilis Derechos Humanos
• Clima21 Ambiente y Derechos Humanos
• Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
• Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
• Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados – Capítulo Nueva Esparta
• Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Mérida
• Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados del Estado Táchira
• Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
• Conciencia Ciudadana C.
• Convite C.
• Defensa en Acción
• Defiende Venezuela
• EDEPA C.
• Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
• Excubitus C.
• Federación Nacional     de     Sociedades     de     Padres     y     Representantes (FENASOPADRES)
• Fundación Aguaclara
• Fundación Mavid Carabobo
• FundaRedes
• Instituto Mead de Venezuela C.
• Labo Ciudadano
• Mapani Venezuela
• Monitor Social C.
• Movimiento Ciudadano Dale Letra
• Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
• Organización StopVIH
• Padres Organizados de Venezuela
• Proyecta Ciudadanía C.
• Red de Acción por los Derechos Humanos – Cojedes
• Red de Defensores de Derechos Humanos Nueva Esparta
• Sociedad Hominis Iura (SOHI)
• Un Mundo sin Mordaza
• Uniandes C.
• Unión Vecinal para la Participación Ciudadana C.
• Venezolanos en Acción
• Ventana a la Libertad
• Voto Joven