El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres ha venido denunciando continuamente, desde hace ya varios años, los excesos que diferentes órganos del Poder Público, especialmente los cuerpos policiales, han cometido para reprimir el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a opinar y a manifestar pacíficamente.

Asimismo, hemos estado exhortando y requiriendo de los funcionarios de mayor nivel del Estado para que tomaran las medidas necesarias que impidieran estos excesos en el futuro.

No obstante, desde el Observatorio vemos con gran preocupación que, por el contrario, la violación de los derechos humanos en nuestro país, traducida en violencia institucional, psicológica, física y encarcelamientos tanto a los ciudadanos que protestan en forma pacífica como a los dirigentes de los partidos de oposición, va en aumento.

Las agresiones a la entrada de la Asamblea Nacional contra la defensora de los derechos humanos, diputada Delsa Solórzano, por simpatizantes oficialistas, tolerada por los guardias nacionales que se supone deben proteger a los parlamentarios representantes del pueblo, así como los brutales golpes que varios agentes de la policía del Estado Aragua propinaron a Laura Lara, una sencilla mujer, sin ningún tipo de justificación, son sólo dos ejemplos de cómo se ha venido erosionando el Estado de Derecho en Venezuela.

Es obligación ineludible de este Observatorio solidarizarse con ambas mujeres, que representan valientemente a todos los estratos sociales y niveles de participación ciudadana. Igualmente, exigir a la Fiscalía y al gobierno, investigar y sancionar a los culpables. No sólo repudiamos dichas agresiones y ofrecemos nuestro apoyo y ánimo a Delsa Solórzano y Laura Lara, sino que denunciamos, una vez más, la violación constante a los derechos humanos de hombres y mujeres venezolanos que han decidido protestar pacíficamente dentro de los límites que les permite tanto la Constitución como los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado venezolano y de obligatorio cumplimiento.

Pareciera inoficioso repetir aquí toda la lista de incidentes que el Observatorio ha denunciado anteriormente, así como las razones de hecho y derecho que nos han llevado a exigir al Poder Público que cese en la violación constante de los derechos humanos a las mujeres, a la juventud estudiantil y en contra de cualquier persona que disienta del gobierno o que ejerza su derecho a la protesta pacífica.

Ante la falta de receptividad por parte de los funcionarios en cuyo poder está el que tales situaciones dejen de repetirse, no queda más camino que insistir, recordando que la violación de los Derechos Humanos Fundamentales constituye un crimen contra la humanidad, y que existen instancias internacionales con capacidad para sancionar y castigar tales violaciones.

En Caracas, a los 31 días del mes de octubre de 2016