Preguntas y respuestas

Este documento fue elaborado por 11 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales que han monitoreado y documentado el agravamiento progresivo de la emergencia humanitaria y el deterioro de derechos humanos en Venezuela durante años (ver la lista al final del documento). Las organizaciones instan al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a establecer una comisión de investigación sobre Venezuela durante su 42º período de sesiones que tendrá lugar en septiembre de 2019.

¿Cuál es la situación en Venezuela hoy?

Desde 2014, las autoridades venezolanas han detenido arbitrariamente a más de 15.000 personas, incluidos cientos de civiles que fueron procesados en tribunales militares. Más de 8.500 obtuvieron libertad condicional, pero siguen sujetos a procesos penales.

Miembros de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra detenidos que en algunos casos constituyen tortura, tales como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. Estos abusos han sido parte de un patrón sistemático de abusos por las fuerzas de seguridad, que actuaron en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”.

En 2018 y en los primeros cinco meses de 2019, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), casi 7.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”, en el contexto de operativos de seguridad pública. Muchos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Desde hace años, diversas organizaciones de derechos humanos han informado sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante operativos de seguridad pública en Venezuela. El modus operandi utilizado en los últimos operativos de seguridad pública ha sido similar y al menos seis personas vinculadas a protestas contra el gobierno fueron ejecutadas en 2019 por policías.

Las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo las protestas pacíficas empleando fuerza intencionalmente letal y deteniendo a opositores —o a personas que perciben como tales— en todo el país. Algunas organizaciones de derechos humanos consideran que, por su magnitud y alcance, estas graves violaciones de derechos humanos podrían constituir delitos de lesa humanidad.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El sistema de salud de Venezuela está absolutamente colapsado, lo cual queda en evidencia con el aumento de las cifras de mortalidad materna e infantil, el resurgimiento y la propagación de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria, y el incremento de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Investigaciones de organizaciones y universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil.

Las autoridades venezolanas han contribuido a esta emergencia humanitaria realizando declaraciones públicas que minimizan la crisis, censurando información al respecto, y hostigando y tomando represalias contra quienes recopilan datos o hablan sobre lo que ocurre en el país. Mientras tanto, hacen muy poco por paliar la situación.

Un éxodo masivo de venezolanos —más de cuatro millones en los últimos años, según la ONU— representa la mayor crisis migratoria y de refugiados de su tipo en la historia reciente de América Latina y está generando una fuerte presión en los países de acogida.

¿Por qué es necesaria una comisión de investigación y cuál sería su mandato?

A nivel nacional, no quedan en Venezuela instituciones estatales independientes en pie que puedan ponerle un freno al poder ejecutivo. A través de medidas adoptadas por los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces que no tienen siquiera la más mínima pretensión de independencia. Las autoridades también han despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Al no contar con un poder judicial independiente, los responsables de graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir delitos conforme al derecho internacional, no han sido llevados ante la justicia por sus acciones.

Una comisión de investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país.

Una comisión de investigación sobre Venezuela debería investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación. Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. El propósito de esta tarea es contribuir a la plena rendición de cuentas, incluyendo por aquellos abusos que constituyen delitos conforme al derecho internacional. Con respecto a las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud, la comisión debería identificar las causas de la grave falta de acceso de los venezolanos a servicios de salud, medicamentos y alimentos adecuados que subyace a la emergencia humanitaria, así como quiénes son los responsables.

Una comisión de investigación no tiene por objeto reemplazar las investigaciones penales de delitos específicos, pero la información que recabe puede ser relevante para procedimientos penales. Por ende, su mandato debería incluir compartir pruebas con autoridades judiciales competentes para determinar la posible responsabilidad penal individual, siempre que exista consentimiento y existan garantías de debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo y medidas para proteger a testigos y víctimas.

¿Por qué una comisión de investigación podría ser decisiva?

En julio de 2019, la oficina de la ACNUDH publicó un informe que documenta un amplio espectro de violaciones de derechos humanos perpetradas en Venezuela y deja en evidencia la impunidad con que han cometido estos hechos las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno. Este informe es consistente con los hallazgos anteriores de esta oficina, de organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2018, un panel de expertos, creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió que estas violaciones de derechos humanos podrían constituir delitos de lesa humanidad conforme al derecho internacional.

Al recabar testimonios de víctimas, sus familiares y testigos, y reunir toda la información disponible, una comisión de investigación podría producir el relevamiento mejor documentado a la fecha de los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela y contribuir así a asegurar justicia, verdad y reparación a las víctimas de esta crisis sin precedentes. También podría facilitar el seguimiento diplomático y político necesario en Ginebra, así como instar a los gobiernos a considerar la adopción de otras medidas específicas destinadas a proteger los derechos humanos en Venezuela.

Asimismo, podría recomendar medidas concretas para abordar estos abusos a nivel nacional e internacional. La divulgación pública de este informe dejaría en claro a los responsables de estas atrocidades que las violaciones de derechos humanos que cometieron serán objeto de escrutinio público y, eventualmente, juzgamiento. También respaldaría esfuerzos que busquen disuadir la comisión de nuevos abusos y favorecería que se respeten los derechos humanos en el futuro.

La Oficina de la ACNUDH ha instado expresamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una comisión de investigación sobre Venezuela. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013. Por tal motivo, una comisión con sede en Ginebra podría jugar un papel fundamental. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está en una posición especialmente favorable para permitir que países o un grupo de países, especialmente de la región, tomen la iniciativa de movilizar apoyo para abordar esta crisis de derechos humanos.

¿Qué medidas debería adoptar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cuándo?

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería crear una comisión de investigación sobre Venezuela durante su 42º período de sesiones en Ginebra. Durante este período de sesiones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindará su último informe oral de actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, conforme lo instruyó el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 39/1 de septiembre de 2018. Una medida lógica de seguimiento a este informe sería que un grupo de Estados que tengan posiciones afines, como los miembros del Grupo de Lima, integrado actualmente por 10 países latinoamericanos y Canadá, impulsen la creación de una comisión de investigación. Estos países han encabezado iniciativas en Ginebra para realizar un atento seguimiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y otros países deberían replicar su ejemplo y apoyar el establecimiento de una comisión de investigación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería dotar a la comisión de investigación de un mandato sólido y claramente definido, además de recursos suficientes para investigar e informar al consejo sobre este tipo de violaciones dentro de un plazo determinado. La comisión debería estar obligada a transmitir sus conclusiones a otros órganos relevantes de la ONU, como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Secretaría, a través de su secretario general. Se debería invitar a un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estar presente cuando se presente el informe.

¿De qué modo la cooperación de Venezuela con una comisión de investigación podría incidir en su funcionamiento?

Las autoridades venezolanas deberían cooperar plenamente con una comisión de investigación de la ONU. No obstante, la eventual negativa de las autoridades de Venezuela de colaborar con la comisión o brindarle acceso al país no debería impedir que los comisionados lleven a cabo su tarea. De hecho, existen comisiones de investigación exitosas que elaboraron informes que documentaron violaciones de derechos humanos y delitos internacionales en Corea del Norte, Myanmar y Siria. Estas comisiones brindan buenas prácticas para recabar pruebas valiosas, dar voz a las víctimas, establecer los hechos y las circunstancias de las violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, incluso identificar a los responsables, a pesar de la falta de cooperación del gobierno y de acceso.

La necesidad de realizar investigaciones en el exterior no impide que se realice este trabajo. Debido al éxodo sin precedentes de ciudadanos venezolanos, muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, periodistas independientes y activistas de derechos humanos viven fuera de Venezuela y podrían ser fuentes valiosas de información y pruebas.

¿Cuál sería el nexo entre el trabajo de una comisión de investigación y otros mecanismos para la rendición de cuentas, incluido el examen preliminar en curso sobre la situación en Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)?

La comisión de investigación complementaría otras vías internacionales para la rendición de cuentas.

En febrero de 2018, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el inicio de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela ocurridos desde el 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo a la solicitud.

Una comisión de investigación podría transmitir sus conclusiones a la fiscal de la CPI para asistirla en su evaluación de la situación en Venezuela. Si la Fiscalía avanzara con una investigación exhaustiva, la información de la comisión también podría proveer indicios para obtener pruebas que la CPI considere admisibles. La comisión debería respaldar los esfuerzos de la Fiscalía, entre otras cosas, transmitiendo pruebas, testimonios y otra información relevante que recopile y documente.

Otros países podrían usar la información reunida por la comisión y el análisis que elabore para apoyar esfuerzos, cuando sean consistentes con el derecho interno, de juzgar casos de abusos cometidos en Venezuela aplicando el principio de jurisdicción universal.

Lista de organizaciones

Acción Solidaria

Amnistía Internacional

Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Civilis Derechos Humanos

COFAVIC

Espacio Público

Global Centre for the Responsibility to Protect

Human Rights Watch

Comisión Internacional de Juristas

PROVEA