Las organizaciones que suscriben consideramos necesario realizar el siguiente pronunciamiento para manifestar nuestra preocupación por las serias debilidades del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela publicado el pasado miércoles 14 de agosto por Naciones Unidas y elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Caracas, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario (CH) en el Equipo Humanitario de País (EHP). De acuerdo con su formulación, este plan se hace dentro de un período de ejecución de 6 meses, de julio a diciembre 2019, con requerimientos financieros de 223 millones de dólares para atender una meta de 2,6 millones de personas con necesidades humanitarias en 10 estados del país priorizados, mediante 98 proyectos presentados por 61 socios.
En primer lugar, el plan se plantea como una continuación de la respuesta de Naciones Unidas iniciada en octubre de 2018 cuando se reaccionó tardíamente a una emergencia humanitaria que ya había sido alertada por organizaciones de sociedad civil y altos voceros de la ONU desde 2015. En esta fase se asignaron fondos de emergencia destinados en su mayoría al alivio de las necesidades de 3,4 millones de refugiados y migrantes que huyeron masivamente del país entre 2017 y 2018 (11% de la población), para 2019 esta cifra alcanza los 4 millones de personas. Varias agencias en Venezuela también ampliaron a partir de esas fechas sus acuerdos de cooperación para un plan de escalamiento con severas restricciones de operación ante la negativa del gobierno a reconocer la emergencia y dar acceso a datos oficiales. De esta fase 2018, el plan destaca como logros algunas dotaciones de las que no se ofrece evidencia para evaluar hasta qué punto pueden ser considerados como logros, ni en qué medida pudieron contribuir a reducir los impactos de la emergencia.
En segundo lugar, el plan parte de una línea base de al menos 7 millones de personas con necesidades humanitarias en el país (25% de la población), cuya estimación se realizó en marzo de 2019. Sin embargo, esta cifra presenta considerables subestimaciones debido a la falta de datos nacionales y a que los indicios de fuentes secundarias y la información de terreno indican profundos impactos a nivel estructural que dejaron a millones de personas privadas de bienes y servicios esenciales en todos los sectores (salud, alimentación, agua, educación, servicios básicos, entre otros), sin contar que la emergencia ha continuado agudizando las necesidades humanitarias y para agosto existe un mayor número de personas afectadas que las estimadas en marzo de 2019. A pesar de que esta línea base es trascendental para la elaboración de un plan, hasta la fecha el documento de evaluación de donde se extrae no se ha hecho público en Venezuela, dejando a la población nuevamente sin acceso a información de la que dependen la protección de sus derechos y el cumplimiento de los objetivos que tienen los principios y normas esenciales humanitarias.
En tercer lugar, en su texto se admite que el plan es limitado por cubrir solamente a 37% de los 7 millones de personas con necesidades humanitarias. Sobre estas limitaciones debemos agregar que: a] no se explica en qué plazo ni cómo se cubrirá a las 4,4 millones de personas postergadas para nuevos planes a partir de 2020, las cuales requieren de una respuesta urgente y eficaz, dado que tener necesidades humanitarias significa estar privadas de uno o más mínimos esenciales que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad humana; b] el plan fue elaborado dentro de un escaso margen de tiempo para un período de apenas 6 meses y se publicó mes y medio después de haber comenzado este periodo, lo cual limita sus posibilidades reales de ejecución; y c] requiere para su implementación de 223 millones de dólares que, además de ser un monto extremadamente insuficiente para atender las necesidades humanitarias de las 2,6 millones de personas, son recursos que todavía deben obtenerse entre posibles donantes durante el corto período de ejecución, comprometiendo la viabilidad del plan.
En cuarto lugar, el plan contempla que 73% del financiamiento requerido será destinado a proyectos de las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela y 27% a organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. De este financiamiento se desconoce cuántos son los recursos disponibles y cuál será el procedimiento para recabar lo que falta, dejando en incertidumbre a la sociedad civil que ha realizado un arduo trabajo para participar en una respuesta humanitaria coordinada a través de la formulación de proyectos.
En vista de estas debilidades, exigimos a las autoridades de las Naciones Unidas:
- Informar acerca de los resultados de la respuesta humanitaria implementada desde octubre de 2018, más allá de las meras dotaciones, de forma que permita examinar en cuánto ha contribuido esa respuesta a cubrir las necesidades humanitarias existentes, por estados del país, recursos obtenidos y agencias responsables.
- Publicar el Panorama de Necesidades Humanitarias de Venezuela, elaborado en marzo de 2019, a fin de que la población conozca la dimensión y el alcance necesario de la respuesta a partir de las evaluaciones realizadas en poblaciones y territorios por sectores, así como hacer públicos posteriores análisis de necesidades que impliquen ajustes al Plan de Respuesta Humanitaria para el año 2020.
- Reconsiderar los procedimientos de planificación incluyendo a la totalidad de las personas con necesidades humanitarias y grupos vulnerables, así como el financiamiento real requerido dentro de un horizonte temporal que permita evaluar las brechas y los avances de la respuesta.
- Incluir en todos los planes un análisis de las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en todos los sectores afectados por la emergencia y las restricciones de contexto que impiden cumplir con mandatos de protección y principios humanitarios tradicionales.
- Comunicar a las organizaciones de la sociedad civil de manera clara y transparente en las respectivas instancias de coordinación las condiciones para obtener los fondos requeridos para los proyectos de los cuales esperan respuesta una gran cantidad de personas en riesgo.
Ver Plan de Respuesta Humanitaria
- A.C. Médicos Unidos de Venezuela
- A.C. María Estrella de la Mañana
- Acceso a la Justicia
- Acción Campesina
- Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
- Acción Solidaria
- ACOANA
- Aconvida
- Alianza Venezolana por la Salud
- Amigos Trasplantados de Venezuela
- Asociación Civil Impulso Vital Aragua ACIVA
- Asociación Civil Mujeres en Línea
- Asociación Civil Movimiento Vinotinto
- Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita – ADHAM
- Asociación Venezolana para la Hemofilia
- Aula Abierta
- AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
- Caleidoscopio Humano
- Cátedra de DDHH de UCLA
- Cátedra de la Paz de la Universidad de los Andes
- CDH-UCAB
- CECODAP
- Cendif-Unimet
- Centro de Acción y Defensa Por los Derechos Humanos – CADEF
- Centro de Animación Juvenil
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
- Centro de Formación Para la Democracia – CFD
- Centro de Justicia y Paz – Cepaz
- Ciclovías Maracaibo
- Ciudadanía con Compromiso A.C
- Civilis Derechos Humanos
- Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
- Creemos Alianza Ciudadana Carabobo
- Codevida
- Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – Codhez
- Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – Codehciu
- Comisión Nacional de DDHH de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela del estado Lara
- Comisión Nacional de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
- Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
- Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Mérida
- Comisión de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Monagas
- Comité de derechos humanos de la guajira
- Comité Popular de DDHH de Coche
- Comunidad en Movimiento A.C
- Conciencia Ciudadana A.C
- Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
- Convite A.C.
- Defensa en Acción
- Defiende Venezuela
- Democracia emprendedora
- ECCOS de Paz
- EDEPA A.C.
- Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
- Equipo Voluntario de Ayuda Humanitaria EVAH
- Espacio Humanitario
- Espacio Público
- EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
- Federación Colegios de Bioanalistas de Venezuela
- Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -Fenasopadres-
- Funcamama
- FUNDACION AGROINLACA
- fundacion Aguaclara 63. Fundación Ayudate
- Fundación Emprendedores Solidarios
- Fundación Incide
- Fundación La Tortuga
- Fundación Mavid
- Fundación Papagayo
- Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
- Fundación prodefensa del derecho a la educación y la niñez
- Fundación Rehabilitarte
- Fundación Red Venezolana de Hombres Positivos RVH+
- Gran Familia de la Salud
- Gente & Ciudad Corp
- Gobiernatec
- Grupo de trabajo sobre Asuntos Indígenas – GTAI
- Instituto Mead de Venezuela A.C
- Instituto Venezolano de Estudios Políticos y Sociales-INVESP
- Justicia y Paz OP VENEZUELA
- Labo Ciudadano
- Laboratorio de Paz
- Madres y Padres por los Niños en Venezuela – Mapani Venezuela
- Monitor Social A.C. (Nueva Esparta)
- Movimiento Ciudadano Dale Letra
- Movimiento SOMOS 86. Mulier
- MUV Capítulo LARA
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
- Observatorio Global de Comunicación y Democracia – OGCD
- Observatorio Venezolano de la Salud
- ONG DEMOCRACIA EMPRENDEDORA
- Organización StopVIH
- Padres Organizados de Venezuela
- Prepara Familia
- Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
- Provea
- Proyecta Ciudadanía A.C
- PSICODEHU
- Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Venezuela
- Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Internacional
- Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDHNNA
- RVG+ Red Venezolana de Gente Positiva
- Red Naranja
- RedOrgBaruta
- Revista SIC del Centro Gumilla
- Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
- Sociedad Hominis Iura – SOHI
- SOS PACIENTES RENALES
- Superatec AC
- Transparencia Venezuela
- Un Mundo Sin Mordaza
- Una Ventana a la Libertad
- Unión Afirmativa de Venezuela
- Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
- Venezolanos en Acción
- Voto Joven
- 100% Estrógeno
English
UN Humanitarian Response Plan for Venezuela presents serious weaknesses that compromise its viability
The undersigned organizations consider it necessary to express our concerns in regards to the serious weaknesses of the Humanitarian Response Plan for Venezuela published last Wednesday, August 14, by the United Nations and prepared by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in Caracas, under the leadership of the Humanitarian Coordinator (HC) in the Humanitarian Country Team (HCT). According to its formulation, this plan provides for a 6-month implementation period, from July to December 2019, with financial requirements of $223 million to meet a goal of 2.6 million people with humanitarian needs in 10 Priority Venezuelan states, through 98 projects submitted by 61 partners.
First, the plan is proposed as a continuation of the United Nations response initiated in October 2018 when it reacted belatedly to a humanitarian emergency that had already been alerted by civil society organizations and senior UN spokespersons since 2015. In this initial phase emergency funds were allocated mostly for the relief of the needs of 3.4 million refugees and migrants who had fled Venezuela massively between 2017 and 2018 (11% of the population); by 2019, this number reaches 4 million people. At the time, some UN agencies in Venezuela also expanded on their cooperation agreements, scaling up but with severe operating restrictions due to the government’s refusal to recognize the emergency and to provide access to official data. From this 2018 phase, the HRP highlights as achievements some endowments of which no evidence is offered to assess the extent to which they can be considered as such achievements, nor to what extent they have contributed to reducing the impacts of the emergency.
Second, the plan is based on a baseline of at least 7 million people with humanitarian needs in Venezuela (25% of the population), whose estimate was made in March 2019. However, this figure presents considerable underestimations due to the lack of national data and given that secondary indicator sources and information from the field indicate profound impacts at the structural level, leaving millions of people deprived of essential goods and services in all sectors (health, food, water, education, services basic, among others), making evident that the emergency has continued to increase humanitarian needs and that for August there are greater numbers of people affected than those estimated in March 2019. Although this baseline is transcendental for the development of a plan, to date the evaluation document from which it is extracted has not been made public in Venezuela, leaving the population again without access to information on which the protection of their rights and the fulfillment of the objectives of the essential humanitarian principles and norms depend.
Third, the HRP´s text admits that the plan is limited to cover only 37% of the 7 million people with humanitarian needs. Regarding these limitations, we must add that: a] it is not explained in what time frame or how the remaining 4.4 million people will be covered for new plans as of 2020, which require an urgent and effective response, given that having humanitarian needs means being deprived of one or more essential minimums that endanger life, integrity and human security; b] the plan was drawn up within a short timeframe for a period of just 6 months and was published a month and a half into this period, which limits its real possibilities of execution; and c] requires $223 million for its implementation which, in addition to being an extremely insufficient amount to meet the humanitarian needs of the 2.6 million people, are resources that must still be obtained among potential donors during the short period of execution, compromising the viability of the plan.
Fourth, the plan contemplates that 73% of the required financing will be allocated to projects of the United Nations agencies in Venezuela and 27% to national and international civil society organizations. It is unknown how much of these resources is available and what will be the procedure to collect the remaining funds, leaving in uncertainty the civil society organizations which have done a hard job to participate in the coordinated humanitarian response through project formulation.
In view of these weaknesses, we demand that the United Nations authorities to: 1. Inform about the results of the humanitarian response implemented since October 2018, beyond the amount of endowments, in order to examine how much that response has contributed to cover the existing humanitarian needs, by states, resources obtained and responsible agencies. 2. Publish the Humanitarian Needs Overview, prepared in March 2019, so that the population knows the dimension and the necessary scope of the response from the assessments carried out in populations and territories by sectors, as well as making public subsequent analysis of needs that imply adjustments to the Humanitarian Response Plan for the year 2020. 3. Reconsider the planning procedures to include all people with humanitarian needs and vulnerable groups, as well as the actual financing required within a time horizon that allows for assessing the gaps and progress of the response. 4. Include in all plans an analysis of concerns about human rights violations in all sectors affected by the emergency and context restrictions that prevent compliance with protection mandates and traditional humanitarian principles. 5. Communicate to civil society organizations clearly and transparently, in the respective instances of coordination, the conditions to obtain the funds required for projects of which a large number of people at risk await response.
See the Humanitarian Response Plan
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