El pasado 19 de junio de 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela para realizar una visita de 3 días. En este lapso se reunió con diversos actores (representantes de Nicolás Maduro, de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de presos políticos) y constató la situación del país.

En el encuentro con la sociedad civil, 26 voceros hicieron peticiones a la Alta Comisionada, representando a organizaciones, alianzas y coaliciones.

Las peticiones, que fueron compiladas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pueden ser consultadas aquí

Y la petición hecha por las organizaciones pertenecientes a la Red Naranja:

Señora Alta Comisionada,

Las brechas de género estructurales que Venezuela viene exhibiendo por décadas, se han visto profundizadas por la emergencia humanitaria compleja. En interés del tiempo, nos referiremos a las dos áreas donde observamos la mayor afectación y donde se requieren acciones inmediatas.

La primera es en el área de salud sexual y reproductiva, donde se ha registrado un gravísimo retroceso en materia de derechos. En Venezuela a las mujeres se les niega su autonomía reproductiva, la cual es un derecho protegido por la Constitución en su artículo 76. No hay anticonceptivos. Su escasez en farmacias privadas y hospitales públicos ronda el 90%.

Los embarazos no deseados van en aumento. El embarazo entre adolescentes también, siendo Venezuela uno de los 3 países de la región con el mayor índice de ellos. No hay posibilidades de interrupción porque la ley prevé sólo cuando la vida de la mujer corra peligro. Cáritas nos dice que cada vez son más las embarazadas que presentan desnutrición.

Las muertes maternas también están en aumento. El último dato disponible de los boletines epidemiológicos del año 2016 dan cuenta de un aumento de la mortalidad materna en 65% en tan sólo un año. Aunque no tenemos datos oficiales, todo parece indicar que esa cifra es hoy mucho peor. Estas muertes usted sabe bien que son evitables. Pero las mujeres no pueden acceder a servicios de atención prenatal o medicamentos esenciales durante el embarazo. Y cuando llegan a los centros hospitalarios – donde ocurre la mayor proporción de estas muertes – hay poco o nada para atenderlas. Un ejemplo es la situación de la emblemática Maternidad Concepción Palacios, donde cosas básicas como antibióticos, tubos de ensayo, alimentación para las pacientes, y hasta productos que aseguren la higiene y la asepsia no están garantizados. Por eso la CIDH otorgó medidas cautelares a ese centro hospitalario.

La segunda área es la violencia de género contra la mujer. En este tema estamos en la más abyecta oscuridad y orfandad. El Estado venezolano, ocupado por un gobierno que falsamente se hace llamar feminista, ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Comité de la CEDAW en relación a la publicación de cifras que den cuenta de la magnitud del problema.

A las venezolanas las agreden física, verbal, psicológica y sexualmente y no tienen a dónde ni a quién acudir. La emergencia humanitaria compleja ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres ante la trata, el tráfico y la explotación sexual. Los femicidios han registrado un repunte en los últimos meses y no hay respuestas oficiales para atender esta preocupante situación.

Según las últimas cifras oficiales disponibles correspondientes al año 2016, de unas 75 mil denuncias en todo el país menos del 1% llegó a juicio – es decir, prácticamente ninguno. No hay un plan nacional para combatir la violencia de género, no hay protocolos para la investigación de femicidios, el personal no está sensibilizado, no hay albergues para mujeres víctimas de violencia ni servicios de atención legal o psicológica. Venezuela fue condenada por la Corte Interamericana por lo ocurrido a Linda Loaiza, un caso emblemático de violencia de género y a seis meses de la sentencia, el Estado venezolano ni siquiera se ha comunicado con la víctima, lo cual es un ejemplo clarísimo de la falta de compromiso con la atención y erradicación de la violencia contra la mujer.

Tenemos 3 peticiones concretas:

1. Que cualquier esfuerzo coordinado por las Naciones Unidas y otros actores nacionales e internacionales por atender la emergencia humanitaria compleja tomen en cuenta debidamente las necesidades y condiciones específicas de vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes;

2. Que abogue por el despliegue inmediato de mecanismos que aseguren la disponibilidad de anticonceptivos y servicios e insumos de salud sexual y reproductiva;

3. Que abogue por la atención inmediata de la problemática de violencia contra la mujer, en particular de femicidios, trata, tráfico y explotación sexual agravadas por la emergencia humanitaria compleja y que se publiquen las cifras al respecto.

Fotografia: Guillermo Suárez