Por Deborah Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.

El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.iviles

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales.

Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.