Las organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscribimos el siguiente comunicado solicitamos a los Honorables Comisionados y Comisionadas de la CIDH, ante la gravedad de la situación, la publicación de un nuevo informe país sobre Venezuela. Como se recordará, ha transcurrido un apreciable período de tiempo desde el último informe publicado en el año 2009, durante el cual no ha sido posible realizar visitas en terreno debido a las negativas del Estado. En este lapso, la Comisión ha conocido y alertado respecto de las magnitudes alcanzadas por el deterioro de los derechos humanos y la gravedad de las amenazas que existen contra el Estado de Derecho y el sistema democrático venezolano, en un contexto de severos retrocesos y fragilidad institucional para garantizar niveles adecuados de vida. Esto ha causado una crisis humanitaria sin precedentes, con una pobreza generalizada y daños irreparables a miles de personas debido a la dificultad de acceso a los alimentos, medicamentos y servicios de salud.

Desde enero de 2016[1], el Ejecutivo Nacional ha sometido a la población a un régimen de Estado de Excepción con el cual se ha dotado de poderes extra-constitucionales y ha transferido mayores facultades de control civil a las Fuerzas Armadas Nacionales, acentuando la militarización del Estado. Pese a que la Emergencia Económica ha sido justificación para mantener Estados de Excepción continuos, las medidas adoptadas, lejos de mejorar, han llevado al extremo las condiciones económicas, sociales, institucionales y políticas del país y han servido para desconocer a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. De este modo, el Ejecutivo utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para impedir que la oposición contara con la mayoría calificada de 2/3, desconociendo los resultados electorales del estado Amazonas; para despojar al Parlamento de competencias legislativas y contraloras a través de más de 50 fallos que alegan razones de “desacato” a órdenes del Tribunal, al punto de anular toda actuación del máximo órgano legislativo, incluyendo actos futuros. Además, el Consejo Nacional Electoral suspendió de manera irregular el procedimiento de activación de un Referendo Revocatorio contra el presidente y suspendió de manera indefinida los comicios a gobernadores regionales, que debieron haberse realizado en diciembre 2016 según la Constitución.

La situación se agravó con los fallos 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia de marzo de 2017, mediante los cuales el Presidente fue habilitado para legislar en materia penal con el fin de hacer juicios contra opositores por terrorismo y traición a la patria, incluyendo delitos militares, así como la Sala Constitucional del Tribunal disolvió a la Asamblea Nacional, absorbiendo todas sus competencias. Ante estos actos, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y diversos sectores de la sociedad civil venezolana, denunciaron la ruptura del orden constitucional y la grave alteración del orden democrático, considerado así también por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, como se desprende de la resolución aprobada el 03 de abril del 2017. En respuesta, el Ejecutivo Nacional optó por iniciar el proceso de retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, al considerar injerencistas las acciones emanadas de dicho organismo.

Estos hechos motivaron la protesta pacífica de miles de ciudadanos que se ha mantenido a lo largo de tres meses, a lo cual el Ejecutivo ha respondido con la activación de planes militares que comprenden acciones conjuntas de represión sistemática y uso de fuerza letal contra manifestantes entre componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos de civiles armados como fuerzas de apoyo al Estado para el mantenimiento del orden público. Estos planes han causado el fallecimiento de 83 personas según el Ministerio Público, la mayoría por armas de fuego, y violaciones atroces a los derechos humanos, entre las que se encuentran: detenciones indiscriminadas, desapariciones temporales, juicios de civiles en tribunales militares, torturas y tratos crueles y degradantes; así como ataques a zonas residenciales, centros de salud, centros educativos y recintos universitarios.

La crisis institucional y democrática del país se ha profundizado con la decisión del Presidente de convocar a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente sin la obligatoria consulta popular previa ni igual participación de todos los electores. Tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía General de la República han advertido sobre los efectos ampliamente regresivos que tendría esta nueva constituyente para la vigencia del Estado de Derecho democrático y las garantías al ejercicio de libertades y derechos humanos en Venezuela, encontrándose por ello en una jornada permanente de defensa activa de la Constitución de acuerdo con los medios previstos en ella.

Es en estas circunstancias apremiantes que hacemos nuestro el deber de solicitar a los honorables miembros de la Comisión se considere la publicación de un nuevo informe país sobre Venezuela con el único propósito de contribuir a los esfuerzos para resguardar la democracia, la paz y las libertades en Venezuela, antes que el curso de los acontecimientos pueda tener desenlaces más difíciles de revertir.

Suscriben:

1. Acceso a la Justicia
2. Acción Campesina
3. Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
4. Acción Solidaria
5. Asamblea de Educación
6. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C.)
7. Asociación Civil Mujeres en Línea
8. Asociación Civil Niña Madre
9. Asociación Civil PhyNatura
10. Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH)
11. Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
12. Aula Abierta Venezuela
13. Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
14. Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
15. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
16. Centro de Animación Juvenil
17. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)
18. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH UNIMET)
19. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE)
20. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
21. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
22. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDDHH-UCV)
23. Civilis Derechos Humanos
24. Coalición Clima 21
25. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)
26. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
27. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del estado Táchira
28. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
29. Comisión de Derechos Humanos del estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
30. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
31. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
32. Convite A.C.
33. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
34. Cultura Sin Fronteras
35. Derechos Humanos Ya
36. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
37. Escuela de Vecinos de Venezuela (EVV)
38. Espacio Humanitario
39. Espacio Público
40. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
41. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
42. Foro Penal Venezolano
43. Fundación AguaClara
44. Fundación Banco del Libro
45. Fundación Bengoa
46. Fundación Futuro Presente
47. Fundación Reflejos
48. Fundamujer
49. Grupo Social CESAP (Centro al Servicio de la Acción Popular)
50. Humano Derecho Radio Estación
51. Incide
52. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
53. Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS)
54. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)
55. Movimiento Vinotinto
56. Nueva Esparta en Movimiento
57. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
58. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
59. Opción Venezuela
60. Padres Organizados de Venezuela
61. Prepara Familia
62. PROADOPCIÓN
63. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
64. Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
65. Proyecto Ciudadanía A.C.
66. Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
67. Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red ARA)
68. Redes Ayuda A.C.
69. Revista Sic.
70. Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
71. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
72. StopVIH
73. Transparencia Venezuela
74. Un Mundo Sin Mordaza
75. Una Ventana a la Libertad
76. Uniandes A.C.
77. Unión Afirmativa de Venezuela
78. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
79. Venezuela Diversa
80. VIVEMUJER-ONG
81. Voces de Género Venezuela
82. Voces Vitales Venezuela

[1] Los Estados de Excepción iniciaron en agosto del 2015 en los municipios fronterizos con Colombia, bajo el argumento de que serían necesarios para “vencer el contrabando de extracción” de bienes de primera necesidad, como gasolina y alimentos básicos.