Venezuela fue el centro de atención entre los países que conforman el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una sesión convocada para el martes 28 de abril de 2020, a pedido de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Estonia, Alemania y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), sobre la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Los miembros de la Unión Europea (UE) que tienen presencia en el Consejo de Seguridad mostraron su preocupación por la crisis que se ha profundizado de forma severa en Venezuela y los efectos desestabilizadores que ha tenido en la región, haciendo énfasis en las consecuencias que pueden surgir a partir de la pandemia de COVID-19.

Ya el pasado miércoles 22 de abril fue advertido por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que el COVID-19 podría duplicar el número de personas que padecen hambre aguda, posicionando a Venezuela entre los cinco países en mayor riesgo.

La UE teme que la pandemia ponga en mayor riesgo a los ciudadanos venezolanos con un “impacto humanitario devastador”, considerando la crisis social, económica, política y de salud que atraviesa el país caribeño. En este sentido, apoyaron el llamado del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a trabajar para que se provea asistencia humanitaria por parte del órgano, la Cruz Roja Internacional y por ONG nacionales e internacionales.

“La comunidad internacional y el #UNSC no puede abandonar a los venezolanos”, resaltó el embajador Schulz en la cuenta de Twitter de la delegación alemana.

Asimismo, hicieron un llamado a no politizar la asistencia humanitaria, así como dar acceso a la misma de forma segura, sin discriminación por diferencias ideológicas, a lo largo del país.

“Instamos a todas las partes a garantizar el acceso sin obstáculos para #HumanitarianAid y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. La disputa política debe dejarse de lado para entregar una respuesta conjunta a #COVID19 y garantizar el acceso de las personas a la atención médica, agua limpia e información”, reforzó Estonia a través de Twitter.

Por otro lado, los países de la UE reiteraron que las sanciones impuestas por la UE son específicamente a individuales que son considerados responsables por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y están diseñadas para no afectar directa o indirectamente a la población, por lo tanto, las sanciones no impiden la compra de alimento o medicinas.

No obstante, Rusia insistió en que las sanciones, tildadas por el embajador como unilaterales, complican “los esfuerzos” del Estado venezolano y que al país caribeño “le está yendo mejor que otros países de Latinoamérica en relación al COVID-19”.

La posición de la UE fue reforzada por los Estados Unidos, que aprovechó la oportunidad para anunciar en voz de la embajadora Kelly Craft que ante la probable profundización de la crisis a raíz de las medidas tomadas por el Coronavirus, el país norteamericano donaba 9 millones de dólares americanos.

Sudáfrica también utilizó su derecho a palabra para reafirmar la posición de su país que cree en “la soberanía y el diálogo político interno entre todas las partes”, agregando que este debe realizarse “sin trabas para permitir la estabilidad política y económica del país”.

Por su parte, la OCHA acordó mantener y expandir su presencia en Venezuela, considerando que el COVID-19 puede profundizar la crisis. También solicitaron un mecanismo que permita a las ONG internacionales tener mayor presencia en el territorio venezolano.

Finalmente, el organismo alertó que ante los efectos de la pandemia en los países vecinos, muchos venezolanos están regresando al país, siendo un posible vector de COVID-19. Estimaron que para mediados de marzo ya habían retornado entre 30.000 y 6.000 personas.

El gobierno de facto de Nicolás Maduro no ha cumplido con las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reflejadas en un informe realizado después de su visita a Venezuela en junio de 2019 y que ha sido actualizado recurrentemente.

El informe refleja la crisis humanitaria que está atravesando el país, las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad, la persecución política, el control social, entre otros patrones que han sido denunciados en reiteradas oportunidades por la sociedad civil venezolana.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en su incesante labor por la defensa de los derechos humanos, ha pedido en reiteradas oportunidades que la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela sea un tema de discusión entre los países que conforman el Consejo de Seguridad, con miras a lograr una solución a través de medidas concretas, aplicadas a la situación que ha afectado a todos los venezolanos y que ha impulsado a casi 5 millones de personas a dejar el país.

En este sentido, como parte de la labor de incidencia internacional, la directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, ha participado en reiterados encuentros que buscan impulsar estos objetivos. En febrero pasado participó en el diálogo de la sociedad civil con el presidente del Consejo de Seguridad, el embajador Marc Pecsteen de Buytswerve, representante permanente de Bélgica ante la ONU.

Borges señaló a Marc Pecsteen que durante su participación en varios de estos diálogos con la sociedad civil ha hecho la misma pregunta: “¿por qué Venezuela, siendo una de las más grandes crisis humanitarias, de movilidad y política del mundo; no está permanentemente en la agenda del Consejo de Seguridad? Me gustaría que usted me explique y cómo podemos hacer que suceda”.

Pecsteen respondió: “Venezuela… ¿Por qué no está en la agenda? Bueno, creo que usted sabe que el Consejo está profundamente dividido en este asunto. Tuvimos unas reuniones el año pasado. Pero no fuimos muy productivos en el sentido de que las dos partes estaban repitiéndose. Pienso que no hay apetito en el Consejo de repetir eso porque la división persiste y no creo que haya evolución”.

Efectivamente, desde hace un año no se hablaba de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad, pero el pasado 22 de abril, el órgano se reunió en una sesión privada en la que se discutió a pedido de Rusia sobre las operaciones militares que ha emprendido Estados Unidos en el Caribe venezolano contra el narcotráfico y el informe del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas (DPPA) sobre Venezuela.

La última reunión pública se realizó en abril de 2019 y contó con la presencia del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien solicitaba el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte de la ONU.

Sobre los despliegues militares de Estados Unidos, el Estado venezolano se había pronunciado previamente a través de una carta fechada el 3 de abril, asegurando que estas “acciones peligrosas” son consideradas una amenaza “a la paz y la seguridad de Venezuela y del resto de la región”.

Por su parte, Estados Unidos había ordenado el 1 de abril un envío de destructores, buques de combate y aviones de vigilancia adicionales al Comando Sur del Ejército estadounidense, a cargo de Suramérica para emprender una gran operación antidrogas en la región. Asimismo, el 26 de marzo, el país norteamericano inculpó a Nicolás Maduro ante una corte federal neoyorquina por narcoterrorismo.

Ante este panorama, fuentes diplomáticas revelaron que en la sesión privada, Rusia se negó a hacer una ampliación de los temas políticos y humanitarios relacionados con Venezuela, por lo tanto, Alemania, Bélgica, Francia y Estonia pidieron una nueva reunión que se realizó este martes 28 a puerta cerrada.

Desde Cepaz, con el apoyo de otras organizaciones venezolanas, seguiremos insistiendo en esta labor de incidencia internacional en todos los foros posibles. En tal sentido, hemos alertado sobre las graves consecuencias que la emergencia humanitaria tiene en la población. También, sobre la escalada de la violencia y la persecución por parte del Estado de facto. Los venezolanos requieren una respuesta integral, y más considerando que Venezuela está entre los países con mayor riesgo de duplicar la hambruna a raíz del COVID-19. La misma debe combinar la protección de los derechos humanos y la atención humanitaria.

La emergencia humanitaria compleja continúa empeorando en Venezuela. Es necesario mantener informados a los organismos internacionales de las serias y profundas dimensiones de la crisis.  Por ello, hoy más que nunca, hay que continuar con la labor de documentación, denuncia y difusión de la violaciones de derechos humanos. Allí las organizaciones de la sociedad civil y activistas venezolanos tienen un papel fundamental que cumplir.