Desde el año 2014 el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha sido consecuente en la documentación y la denuncia de la persecución política en Venezuela. En este periodo hemos presentado los principales patrones de persecución que son ejercidos de manera sistemática y continuada por parte del gobierno de facto, demostrando que el hostigamiento en contra de la disidencia venezolana es preexistente y se agudiza mientras también se agrava la crisis multidimensional que existe en Venezuela.
Ahora, en medio de la pandemia, se utiliza la emergencia sanitaria para continuar con la declaratoria de un estado de excepción, que ya tiene una vigencia inconstitucional de más de 4 años, y que ha sido aprovechado para vulnerar derechos y aplicar mayores restricciones, las cuales, lejos de atender la emergencia, profundizan aún más la preexistente crisis.
En este sentido, el régimen ha amenazado continuamente la autonomía e independencia de los individuos y organizaciones, a través de la aplicación sistemática y continuada de patrones de persecución en contra de los líderes de oposición, los defensores y defensoras de derechos humanos, los comunicadores, el gremio de la salud, los retornados venezolanos, y en general, toda la población, a través de una política de Estado de control como mecanismo de perpetuación en el poder.
En el informe «Persecución política en tiempos de pandemia. Primer trimestre de la cuarentena. Venezuela 2020», que presentamos desde Cepaz, documentamos a través de medios digitales la situación de persecución y vulneración de los derechos humanos de los venezolanos desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia por parte del régimen, y cómo estas prácticas vulneran el libre ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, particularmente el derecho al debido proceso, la participación política, la asociación, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros derechos humanos.
Algunos de los patrones de persecución que documentamos para este informe son: la violencia mediática a través del uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas y el consentimiento del régimen de la creación de grupos irregulares para ejercer actos violentos en contra de la disidencia. También, las privaciones ilegitimas de la libertad y la vulneración del derecho humano al acceso a la justicia y al debido proceso.
Persecución a líderes políticos
Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020), desde Cepaz hemos contabilizado que al menos 10 de las detenciones arbitrarias producidas en este periodo han sido directamente contra personas vinculadas a la dirigencia opositora.
Al respecto, es importante destacar que la privación de libertad ha sido sin órdenes judiciales, y en algunos casos bajo la excusa de un operativo de chequeo de casos sospechosos de coronavirus en la zona.
Adicionalmente, la vulneración a la propiedad privada continúa siendo un patrón de persecución política en Venezuela a través de los allanamientos de viviendas sin órdenes judiciales, con el propósito de amedrentar y hostigar a los líderes políticos. Desde Cepaz documentamos al menos 4 casos de allanamientos de viviendas durante la cuarentena.
Por otra parte, los trabajadores de la Asamblea Nacional legítima continúan siendo víctimas de amedrentamiento por parte del gobierno de facto, pero no solo los diputados, sino los trabajadores, a través de la destitución de cargos y despidos. Uno de los dos sindicatos de trabajadores de la Asamblea Nacional, el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa, Trabajador y Trabajadora de la Asamblea Nacional (Sinfucan), denunció que el 28 de marzo Luis Parra despidió a más de 650 funcionarios, obreros y contratados de la institución en medio del confinamiento.
Venezuela censurada frente a la COVID-19
Las detenciones arbitrarias, cierre de medios de comunicación, la prohibición de circulación arbitraria e ilegal, las amenazas, la intimidación, la carencia de condiciones de servicio de luz e internet óptimas para la obtención y difusión de información, forman parte de los patrones de persecución que ha aplicado el régimen y que hoy mantiene a Venezuela censurada frente a la COVID-19.
Al menos 26 detenciones de comunicadores sociales se han llevado a cabo en Venezuela desde la declaratoria de alerta nacional, y hubo 9 casos de borrado de material de los equipos de los trabajadores de la prensa. Seis periodistas denunciaron el impedimento de agentes de seguridad para circular, a pesar de contar con la credencial para realizar su trabajo, y contabilizamos al menos 13 casos de bloqueos y cierres de medios de comunicación.
Adicionalmente, las redes sociales y medios de comunicación controlados por el régimen están siendo utilizados para amenazar e intimidar a los comunicadores. Las prácticas opresivas han alcanzado incluso la vulneración del derecho de propiedad. Cuatro casos se han conocido públicamente sobre allanamientos de propiedades, decomiso y afectación de bienes de periodistas y familiares, que incluso se encuentran en el exilio.
Perseguidos por defender derechos humanos
Michel Forst, quien fuera Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, mostró su preocupación por las violaciones generalizadas a los derechos humanos y el clima de miedo en el que trabajan los defensores, cuyas circunstancias son cada vez más difíciles, ya que son sometidos a campañas de desprestigio, amenazas, acoso y detenciones arbitrarias, a pesar de que se encuentran llevando a cabo su trabajo legítimo.
Como muestra de lo anterior, al menos 11 defensores y defensoras de derechos humanos han sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia en Venezuela. Las amenazas contra la sociedad civil y defensores de derechos humanos no se quedan en los medios televisivos y redes sociales. Estas se ejecutan a través de las limitaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos, las detenciones arbitrarias o la permisividad de acción de grupos irregulares que violentan la propiedad privada y amenazan la labor de los defensores de derechos humanos.
Así pues, pudimos constatar al menos cinco defensores víctimas de detenciones arbitrarias. Por otra parte, el ataque a viviendas a través del plan “Furia Bolivariana” amenazó al menos a tres defensores a través de pintas en sus residencias.
La defensa de los derechos humanos es una labor esencial que debe ser garantizada, particularmente en este periodo de emergencia sanitaria.
El gremio de la salud amenazado
El personal médico y de enfermería, actores fundamentales en el combate de la COVID 19, han denunciado el deficiente sistema de salud venezolano para hacer frente a la emergencia sanitaria, han exigido al régimen que garantice las condiciones apropiadas para el cuidado del personal y de los enfermos, han trabajado a favor del derecho a la salud de todos los venezolanos, y han sido, en muchos casos, una fuente de información ante la censura que ha impuesto el régimen.
Ahora bien, el estado de alarma continúa siendo utilizado para arremeter en contra del personal de salud y además desatender las obligaciones del Estado. Entre los patrones de persecución aplicados a este gremio, al menos 14 profesionales de la salud fueron detenidos de forma arbitraria, por haber denunciado no contar con el equipo de seguridad para atender a los pacientes que pudieran tener coronavirus, o por denunciar las condiciones de los hospitales.
Por otra parte, la comunicación censurada en Venezuela se convierte en un patrón sistemático de persecución que afecta también a los médicos, quienes advirtiendo situaciones particulares en el contexto de la pandemia son víctimas del régimen. La censura también se evidencia en el bloqueo de los portales web del gremio de la salud. Así, al menos se contabilizan 5 páginas web bloqueadas por el régimen.
Persecución en contra de la sociedad
A pesar de que es un derecho de todos los venezolanos que salieron del país tener un retorno seguro, el régimen de facto ha optado por la violencia generalizada y la persecución en contra de los retornados venezolanos. Es el caso de las medidas de aislamiento que el régimen impuso a los refugiados venezolanos, quienes al regresar al país son recluidos en condiciones inhumanas.
Duermen sobre el pavimento sin colchones, tienen poco acceso a servicios como el agua y alimentos, y son golpeados y humillados si reclaman. Estas medidas, lejos de atender a la población y prevenir la propagación del virus, terminan siendo poco efectivas para la protección, tanto de los retornados como de la población, ya que el aislamiento en condiciones de hacinamiento y la necesidad de los retornados de salir para satisfacer sus necesidades básicas, termina siendo contraproducente.
Asimismo, hay un uso discriminatorio de las cifras de contagiados para estigmatizar a los retornados venezolanos, utilizándolo para continuar fortaleciendo el patrón de control basado en violaciones de derechos. Es importante destacar que las estigmatizaciones en contra de los refugiados venezolanos son un patrón sistemático por parte del régimen, quien durante años los ha tildado, entre otros calificativos, de esclavos, mendigos, fascistas y golpistas camuflados. Ahora, este patrón se intensifica en tiempos de pandemia.
Por otra parte, con el transcurso de la pandemia se han acentuado problemas como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la deficiencia del suministro de los servicios básicos y los índices de pobreza. El estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la población venezolana la hace dependiente de los planes sociales del régimen, que además son aplicados de forma discriminatoria. En el contexto de la cuarentena, se han otorgado los beneficios sociales solo a quienes están inscritos en el Sistema Patria, excluyendo a la población que hoy no forma parte de dicho registro y que ha sido afectada por la pandemia. Entre los beneficios sociales otorgados en este contexto podemos señalar: el bono especial quédate en casa, 100% amor mayor, bono día de las madres, bono del día del trabajador, bono salud y vida, bono de semana santa. Ninguno de ellos alcanza los cuatro dólares, y por lo tanto no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Por otra parte, la protesta, como manifestación social de exigencia de derechos, ha sido reprimida a través del uso desproporcionado de la fuerza.
En definitiva, ambos mecanismos forman parte de los patrones de persecución y constituyen violaciones sistemáticas y continuadas de los derechos humanos de los venezolanos. La constante persecución en contra de la población, aunada a la consolidación de las fuerzas ejecutoras, da cuenta del mecanismo de control planificado y deliberado como instrumento para la perpetuación en el poder.
En conclusión, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señalamos que:
La crisis multidimensional y la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela se agudiza en tiempos de pandemia, por lo que sus efectos tienen un impacto diferenciado en la población venezolana. El país combate la pandemia en medio de la escasez de equipos médicos, medicinas, y un deficiente sistema de servicios públicos.
El estado de alarma ha sido utilizado por el régimen como excusa para la vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos.
Las investigaciones evidencian la existencia de un régimen de represión política en ascendencia. En tiempos de pandemia, se agudizan los patrones de persecución por parte del régimen y la criminalización a quienes, siendo actores fundamentales en el combate de la emergencia sanitaria, son sometidos a la vulneración continua y sistemática de sus derechos humanos.
Los patrones de persecución aplicados de forma sistemática por el régimen no son nuevos, y constituyen una política de Estado para ejercer el control total y perpetuarse en el poder.
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