La comunidad internacional ha declarado que la persistencia del trabajo infantil en el mundo de hoy es inaceptable y, mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha renovado su compromiso con la eliminación de todas las forma de trabajo infantil para 2025.

Sin embargo, nuestro mundo vive estos días la mayor crisis migratoria y de refugiados desde la II Guerra Mundial, una situación que afecta especialmente a los niños.  Actualmente más de 1,5 billones de personas viven en países afectados por conflictos, catástrofes y violencia o atraviesan crisis económicas, políticas y sociales. De esa cifra, 168 millones son niños, víctimas del trabajo infantil.[1]

Nuestro país no está exento de esta realidad. El éxodo masivo de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida está generando una profunda crisis humanitaria, y paralelamente económica, del continente latinoamericano. El trabajo infantil, como forma análoga de la esclavitud moderna, ha pasado a ser una de las problemáticas más urgentes a resolver por parte de la comunidad internacional, pues los menores migrantes, e incluso aquellos que se quedan en Venezuela sin sus padres o tutores legales, están expuestos a ser víctimas de organizaciones criminales dedicadas a esta práctica o forzados a trabajar para colaborar con el sostén familiar.

Hasta la fecha la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reveló que el número de migrantes venezolanos en Latinoamérica tuvo un crecimiento de 900% entre 2015 a 2017, cuando la cifra pasó de 89.000 a 900.000 personas,  pudiéndose calcular entre 4,7% y 5,4% de la  población del país, aproximadamente, quienes han cruzado a países vecinos como una alternativa necesaria para buscar nuevas y mejores oportunidades. Si ya de por si los migrantes constituyen un grupo vulnerable, los niños y niñas merecen especial atención.[2]

Las separaciones familiares imponen un despiadado costo, que se agrava con la exposición de los menores a situaciones a las que son particularmente vulnerables, como el secuestro, el reclutamiento forzado y la explotación sexual.

Cuando están en tránsito, los infantes pueden padecer abusos, falta de cuidados y privación de servicios esenciales, y en los  lugares de destino, suelen tropezar con la detención ilícita, la xenofobia y la falta de atención especializada para los traumas físicos y mentales que han padecido.

A pesar de que la Declaración de los Derechos del Niño señala en su artículo 9 que: “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral, la realidad dista mucho de ajustarse a esta declaración, ya que las cifras antes mencionadas revelan que estamos muy lejos de erradicar el trabajo infantil.

Es esencial que tanto Venezuela, como los países de acogida, compartan responsabilidades. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa nuestro país requiere de medidas urgentes para solventarla, y además urgen mecanismos de solidaridad en las naciones receptoras, con el objeto de proteger a todos los niños y niñas, proporcionándoles no solo acceso a alimentos, servicios de salud y albergues, sino espacios para la educación y la recreación. De esta manera se reavivarán sus esperanzas y se les brindará la posibilidad de lograr un futuro mejor.

Además, en este tipo de crisis con evolución veloz y creciente complejidad, es preciso actualizar regularmente las herramientas de evaluación rápida para determinar sin demora los riesgos de trabajo infantil y otras violaciones de los derechos fundamentales en las poblaciones migrantes. Al mismo tiempo, es necesario elaborar y probar nuevos modelos de intervención para abordar la cuestión del trabajo infantil en situaciones de crisis o fragilidad, y para fortalecer la protección y las soluciones para los niños, niñas, adolescentes, y otros grupos afectados.

Es preciso entender que el trabajo infantil durante una crisis, como la que padece Latinoamérica ante la llegada de los migrantes venezolanos, perpetúa el ciclo intergeneracional de la pobreza y dificulta la recuperación económica y social de las naciones. Las organizaciones de la sociedad civil podemos jugar un rol determinante para aminorar este impacto, pues tenemos una ventaja comparativa al haber desarrollado las capacidades para establecer una estrecha relación con las comunidades afectadas, permitiéndonos obtener así un conocimiento íntimo de la situación, para desarrollar programas y campañas preventivas e informativas sobre el trabajo infantil para quienes tengan la intención de migrar llevando a sus hijos consigo. Y para quienes no tengan otra alternativa que dejarlos en Venezuela, proponer e implementar acciones eficaces, innovadoras, e incluso de bajo costo, que puedan llenar los vacíos o deficiencias en la acción del sector público y que además sirvan como modelos para abordar los problemas derivados del trabajo infantil en el país.

Desde la defensa de los derechos humanos es fundamental que podamos tener en cuenta las diferentes problemáticas relacionadas con la emergencia humanitaria que afronta este éxodo venezolano, para así poder atenderlas y darles la respuesta a las poblaciones con especial vulnerabilidad, de allí el llamado que hacemos a la agencias de cooperación, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general de poner su mirada en estos temas.

[1] La OIT y la ONU llaman a evitar casos de trabajo infantil, 2017. Véase en: http://www.elmundo.com/noticia/La-OIT-y-la-ONU-llaman-a-evitar-casos-de-trabajo-infantil/353924

[2] La migración venezolana hacia Suramérica se disparó 895% entre 2015 y 2017, 2018. Véase en: http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-migracion-venezolana-hacia-suramerica-se-disparo-895-entre-2015-y-2017/