El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, producto de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrolló desde 1 de abril al 31 de julio, en rechazo a las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al adjudicarse competencias propias de la Asamblea Nacional ante el supuesto desacato del órgano parlamentario.

La usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional fue interpretado como una ruptura del hilo constitucional, incluso hasta por la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que las sentencias violaban la separación de poderes y la Constitución de la República. La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a la ciudadanía a desconocer estas medidas, dando inicio una ola de manifestaciones que rápidamente se propagaron al interior del país. Cientos de venezolanos se reunían en las principales ciudades en exigencia de sus derechos.

Con ello 2017 se convirtió en el año con el mayor número de manifestaciones, superando las 9.286 registradas en 2014. Inclusive por encima del promedio anual acumulado desde 2010, dejando un total de 129 muertes y al menos 1.958 heridos, producto de la repuesta del Gobierno Nacional de reprimir con las fuerzas de seguridad del país cualquier acto de manifestación popular.[1]

Durante esas 19 semanas, se evidenció un patrón sistemático por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en la represión a las protestas, infringiéndose los estándares nacionales e internacionales al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. De acuerdo a reportes médicos, se determinó que en la que en la primera mitad de abril la mayoría de los heridos fueron tratados por intoxicación causada por gases lacrimógenos, mientras que en la segunda quincena de ese mes muchas lesiones fueron por impacto de cartuchos de gases en las piernas, pecho o cabeza. [2]

Ya para mayo, las heridas eran causadas principalmente por el impacto de perdigones y objetos convertidos en proyectiles, como metras y tuercas. En junio, se registró una combinación de lesiones causadas por cartuchos de bombas, perdigones y otras municiones. Y un mes después, en julio, comenzaron a tratar heridas de bala. De esta manera, se evidencia como las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos.[3]

Por consiguiente, con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados, los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios que hasta el presente siguen impunes ante el vacío de institucionalidad democrática del país.

Entre las muertes se ubican casos polémicos por la naturaleza de sus muertes ante el desproporcionado uso de la fuerza, como es el caso de Jairo Ortiz, quien recibió un disparo en el corazón  siendo el primer caído en las protestas. Juan Pablo Pernalete quien murió por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho y David Vallenilla, asesinado por una detonación a quemarropa de esferas metálicas.

En este punto, es importante destacar que el entorno de conflictividad se agudizó con la implementación y activación del Plan Zamora. Un dispositivo de seguridad creado para reprimir a los manifestantes, a quienes se cataloga como instigadores a la rebelión en contra del Gobierno Nacional. Este trajo además como consecuencia el procesamiento de los detenidos durante las manifestaciones ante la jurisdicción militar, siendo esta práctica contraria al debido proceso judicial establecido en los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En este sentido, el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad fue más notorio durante este tiempo, puesto que además de los asesinatos cometidos, se denunciaron casos de arrollamientos de estudiantes, robos y otros numerosos crímenes. A pesar de que han sido identificados algunos de los efectivos que  realizaron estos actos atroces, hasta el momento no se ha hecho justicia.

Por otra parte, la ola de protestas elevó a un primer plano la crisis venezolana ante la comunidad internacional. Actores como Estados Unidos, el denominado Grupo de Lima y la Unión Europea comenzaron a pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema nacional a raíz de las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos, generando la adopción de agendas comunes para promover una salida.

Además, organizaciones internacionales levantaron informes sobre esta coyuntura con la finalidad de dejar registro de cada una de las violaciones a los derechos de los venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,  y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como distintas organizaciones de la sociedad civil, presentaron diversas publicaciones dedicadas a la situación económica, política y social que vive Venezuela, manifestando sus serias preocupaciones por la crisis que atraviesa el país e hicieron numerosas recomendaciones al Estado venezolano con el objeto de retomar el camino institucional y garantizar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Ahora bien, un año después del inicio de las protestas, las causas que las originaron no solo siguen vivas, sino que la situación general del país es mucho más grave. Sin embargo, producto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, los venezolanos no han vuelto a las calles como en el pasado, pues su atención está centrada en «sobrevivir». El hambre, el colapso de los servicios públicos, el rechazo a la violencia criminal, ha llevado al país a una situación en la que predomina el estancamiento, el miedo y la espera pasiva, es decir, una angustiosa calma.

Pese a todo, el Gobierno Nacional mantiene un férreo control político y militar y con el rumbo a la reelección en apenas mes y medio, en un contexto carente de las mínimas garantías constitucionales y la pérdida de la confianza de la ciudadanía en la dirigencia política opositora. La continuada crisis económica y social del país contribuye al aumento de las tensiones políticas, generando un mayor riesgo de que la situación de Venezuela se deteriore aún más.

Todo apunta a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones. Es imperativo exigir investigaciones, independientes y efectivas de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados y manifestantes violentos.

Asimismo, se insta al Gobierno Nacional a que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y se exige una respuesta, reparación y garantía de no repetición para la víctimas de estos sucesos, pues ante la ausencia de justicia se ha estimulado la existencia de una impunidad estructural. La impunidad estructural existe cuando la actuación de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

La consagración de cualquier proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, y el restablecimiento del Estado de Derecho, pasa necesariamente por una profunda reestructuración de las condiciones en que los ciudadanos acceden a su derecho humano a la justicia.

[1] Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ,2017.  Estocada a la Democracia. Véase en: https://drive.google.com/file/d/0B1_o8l6PT6ruZDRycl9RRWwzVDlFOE13SHRRU2pibTgwZmpB/view

[2] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 2017. Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Véase en: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

[3] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 2017. Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Véase en: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf