En el marco de las recientes elecciones de gobernadores, celebradas el pasado 15 de octubre del presente año, se han llevado a cabo una serie de análisis jurídicos, políticos y sociológicos, a propósito de las eventualidades que se presentaron en las diferentes fases del referido proceso electoral.

En este sentido, la Universidad Central de Venezuela (UCV) por medio de su Cátedra Libre de Democracia y Elecciones promovió un Proyecto de Entendimiento Nacional que permita abordar, de manera práctica, el actual contexto del país y posibilitar una aproximación en cuanto a las condiciones que se deben dar en unas elecciones.

Los participantes se plantearon varias interrogantes sobre los resultados de las recientes elecciones de gobernadores. Entre ellas, si un 87% de la población muestra su rechazo ante la gestión gubernamental, ¿por qué se verificó el triunfo del partido de Gobierno en 18 de los 23 estados?

Además, un 73 % de la población demuestra su rechazo y desconfianza hacia el máximo árbitro electoral, lo que ha propiciado una suerte de depresión y decepción colectiva, pues, no se esperaban resultados tan desproporcionados en relación con los datos que el escenario actual ofrece. Un 72, 9 % de la ciudadanía persiste en señalar que en Venezuela no se dan elecciones de manera limpia y transparente.

¿Por qué las personas continúan votando?, ¿cuál es su motivación? Puede indicarse que el voto en tanto derecho como deber representa el medio de expresión más legítimo que hay para proyectar posibles cambios políticos; además, de ser una apuesta por mantenerse bajo los linderos del orden constitucional. Por tales motivos, un 78 % de la ciudadanía considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno.

En otro orden de ideas, se aprecia con suma preocupación que los poderes públicos en vez de generar confianza y credibilidad entre la ciudadanía, promueven incertidumbre y dudas, todo lo cual incide en que una parte del electorado le favorezca, al tiempo que otra se abstenga de participar. Todo esto va acompañado de prácticas de amedrentamiento y control social a toda escala. Lógicamente, existe un claro ventajismo y posicionamiento que en última instancia favorece la tendencia del sector oficialista.

Por su parte, la oposición democrática ha desaprovechado algunos espacios para desmotar las falacias discursivas del Gobierno, de ahí, que una parte de la ciudadanía se encuentre desmotivada ante tanto desconcierto.

Es conveniente resaltar que, el sistema informático electoral ofrece cierta credibilidad, de ello la oposición no ha hecho mayor hincapié. En tal sentido, no hay claridad discursiva en cuanto a que el riesgo de fraude electoral no depende del sistema, sino de las diferentes intervenciones humanas que haya durante el proceso. La cuestión es de mera observación y cumplimiento de las pautas técnicas que aparecen establecidas en la normativa electoral de forma genérica, en aras de brindar las correspondientes garantías a las partes involucradas en los actos electorales.

Así las cosas, se cree conveniente que la dirigencia política debe desarrollar mejores métodos de explicación y comunicación, puesto que, el voto es una de las pocas herramientas que actualmente tiene la ciudadanía para expresar su opinión. Por tanto, es necesario desmontar los muchos mitos que existen de que el voto no es secreto, directo y universal. Las cosas deben decirse como son: el sistema electoral es perfectible y auditable, no obstante, está sujeto a desviación y manipulación humana.

En consecuencia, bajo el actual estado de cosas es conveniente dar a la población mensajes propositivos sobre la dinámica electoral. Por ello, la reinstitucionalización del voto debe ser la premisa fundamental de todo argumento. Si se logra posicionar este planteamiento entre las personas es posible regenerar el entusiasmo en los asuntos electorales.

Finalmente, es responsabilidad de las instituciones, los partidos y la sociedad civil en general promover y exigir elecciones bajo condiciones competitivas. Urge a todos los actores apegarse a los principios y pautas establecidas en el ordenamiento jurídico de la nación. Es momento de establecer un proyecto y plan de gobierno natural, real y objetivo con perspectivas orientadas al bien común. Es tiempo de repensar las estrategias que permitan la restauración conjunta de los criterios constitucionales y los valores republicanos.