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Las Américas, 27 de febrero, 2020.- Las organizaciones abajo firmantes lamentamos la decisión emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos que resolvió que los familiares del niño mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca no tienen el derecho a demandar al agente de la Patrulla Fronteriza que provocó su muerte hace una década.

En junio del 2010, Sergio, de 15 años, se encontraba con amigos en la zona fronteriza entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza detuvo a uno de sus amigos en el lado estadounidense. Sergio corrió al lado mexicano, pero el agente le disparó dos veces desde el lado norteamericano, matándolo. Posteriormente el agente alegó que los muchachos lo agredieron con piedras. Desde entonces, sus padres han buscado justicia frente a varias instancias, incluyendo en México –proceso en el que la extradición del agente fue rechazada—, hasta que el caso llegó a la Corte Suprema. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había resuelto en 2012 no presentar cargos penales en contra del agente.

El fallo, adoptado en una votación 5 – 4, concluyó que la protección constitucional no aplica en incidentes transfronterizos. En particular, la decisión examinó la disponibilidad de un recurso Bivens, un mecanismo de reparación económica que permite la denuncia de acciones ilegales por parte de agentes estatales cuando estos violentan la constitución estadounidense en la ausencia de un recurso específico previsto en la ley que permita facilitar denuncias. Esto obliga a que las cortes apliquen los criterios establecidos en la jurisprudencia estadounidense para analizar cuándo se debe extender Bivens, ya que el poder legislativo no ha establecido una hoja de ruta. Pero, bajo lo dispuesto por la sentencia, el hecho de que el caso presenta una situación de “tiroteo” transfronterizo y que tiene implicaciones para la política exterior y la seguridad nacional  de Estados Unidos, hace que sea un ‘contexto nuevo’, y que no se podría aplicar el mecanismo Bivens.

Este razonamiento desconoce la jurisdicción extraterritorial que puede alcanzar la conducta de agentes estatales y es contrario a precedentes en casos similares. Por ejemplo, en el caso Solomou y otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional de Turquía por violación al derecho a la vida por que un agente estatal disparó a una persona al otro lado de la frontera causándole la muerte.

Cabe señalar que, bajo el voto razonado de minoría, se determinó que las violaciones tuvieron lugar en territorio estadounidense, aun cuando las consecuencias se dieron en México, determinando que sí se podía aplicar Bivens para establecer la responsabilidad del agente.

Así, la decisión de mayoría de la Suprema Corte elimina la posibilidad de rendición de cuentas por parte de agentes estatales que se enfrentan a acusaciones de abusos, ya que Bivens es uno de los pocos recursos disponibles para superar la inmunidad que gozan bajo las leyes estadounidenses.

Por otra parte, el fallo establece un precedente peligroso en cuanto cierra las puertas a la responsabilidad legal de agentes estadounidenses por violaciones de derechos humanos transfronterizos. En un contexto de creciente militarización y represión en esta zona, esta decisión resulta sumamente preocupante por su potencial de alentar más violencia e impunidad por parte de la Patrulla Fronteriza.

La decisión también indica que el poder legislativo no ha establecido un recurso explícito para violaciones en contextos de violaciones transfronterizas. Ante la creciente oleada de abusos por parte de agentes de Patrulla Fronteriza y otros, es imperativo que se establezca un mecanismo efectivo para procesar y sancionar este tipo de hechos.

Finalmente, la decisión de no extender el recurso Bivens deja a la familia de Sergio sin la posibilidad de reparación económica o posibilidades de acceder a justicia. Conviene recordar que los principios y directrices de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en frontera, establecen como principio 13 lo siguiente: “Los Estados se asegurarán de que todos los migrantes que hayan sufrido abusos o violaciones de los derechos humanos como resultado de las medidas de gobernanza de fronteras tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación. Los Estados deberán investigar y, cuando proceda, enjuiciar los abusos y violaciones de los derechos humanos, imponer penas acordes con la gravedad de los delitos, y tomar medidas para garantizar que no se repitan”.

Las organizaciones acompañamos en solidaridad a esta y a otras familias de centenares de personas que han sido asesinadas o violentados por agentes fronterizos. Recordamos, nuevamente que los derechos humanos no se agotan en la frontera y los Estados tienen la obligación de asegurar recursos efectivos para denunciar derechos violados. Estados Unidos debe garantizar que las personas responsables de este y otros crímenes similares sean procesados y sancionados de conformidad con los estándares de debido proceso y de acceso a la justicia.

U.S. Supreme Court decision will foster cycles of impunity and violence against cross-border communities

The Americas, February 26, 2020.- We, the undersigned organizations, regret the decision issued by the Supreme Court of the United States which found that the family of Sergio Adrián Hernández Güereca, a Mexican citizen, will not have the right to pursue legal action against the Border Patrol agent responsible for the death of their son nearly a decade ago.

Sergio, who was 15 years at the time of his death, was playing with friends in June 2010 along the El Paso, Texas- Ciudad Juárez, México border crossing when a U.S. Border Patrol agent detained one of the boys’ friends. As Sergio fled to the Mexican side of the border, the agent fired two shots at him from the U.S. side, killing him. Later on, the agent would blame the victim and his friends, alleging that they were throwing rocks at him. Since then, Sergio’s parents have relentlessly pursued justice, including in Mexico, only to have a request for extradition denied. Although the U.S. Department of Justice had already decided in 2012 not to press charges against the Border Patrol agent, the case finally found its way to the Supreme Court.

The ruling, adopted in a 5 – 4 vote, concluded that constitutional protections do not apply in cross-border incidents. In particular, the decision examined the viability of applying the Bivens action, a  reparation mechanism that allows individuals to seek damages for actions conducted by federal agents that violate the U.S. constitution. Because there is no specific legal remedy to facilitate complaints and the legislative branch has not established a road map for cases of this nature, local courts are required to apply criteria established in US jurisprudence to analyze when Bivens should be applied.  As such, the Supreme Court found that the case had implications for foreign policy and U.S. national security, and constituted a ‘new context’, making it ineligible for the application of the Bivens action.

It is worth noting that this reasoning ignores decisions regarding extraterritorial jurisdiction and the behavior of state agents and other precedents established in similar cases. For example, the Solomou et al. Case the European Court of Human Rights determined Turkey’s international responsibility for a state agent firing across the border, killing a person.

Additionally, the dissenting opinion found that the violations took place on U.S. soil, even when the consequences occurred in Mexico, determining that Bivens could be applied to establish the agent’s responsibility.

With this decision, the majority of the Supreme Court eliminates the possibility of holding law enforcement officers and other state agents who face accusations of abuse accountable for their actions as Bivens is one of the few resources available to counteract the immunity they enjoy under U.S. law.

Furthermore, the sets a dangerous precedent as it closes the doors to ensuring the legal responsibility of US agents for cross-border human rights violations. In a context of increasing militarization and repression at the border, this decision is extremely concerning for its potential to encourage more violence and foster impunity within the Border Patrol.

As the decision indicates that the legislative branch has not yet established an explicit remedy for violations in contexts of cross-border violations, it is imperative that an effective mechanism be established to prosecute and punish such acts in the face of the growing wave of abuse by Border Patrol and other agents.

Finally, the decision not to extend the Bivens action will leave Sergio’s family without the possibility of seeking financial reparations or access to justice. It is worth noting that under the guidelines of the OHCHR’s Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders: «States shall ensure that all migrants who have suffered human rights violations or abuses as a result of border governance measures have equal and effective access to justice, access to effective remedies, adequate, effective and prompt reparation for harm suffered, and access to relevant information concerning violations and reparation mechanism. States shall investigate and, where warranted, prosecute human rights violations and abuses, impose sentences commensurate with the seriousness of the offense, and take measures to ensure non-repetition.»

We express our solidarity with them , as well as with the families of hundreds of people who have been killed or had their rights violated by Border Patrol agents. We reiterate, once again, that human rights do not end at the border and that States have the obligation to ensure effective mechanisms for migrants and refugees to denounce abuses. The United States must guarantee that those responsible for this and other similar crimes are prosecuted and punished in accordance with national and international standards of due process and access to justice.

Signatory organizations:

Organizaciones firmantes:

Regional:
Centro Internacional para los Derechos Humanos de Migrantes y Refugiados
Casa Monarca. Humanitarian Aid for Migrants (CMHAM)
Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe-JRS LAC

Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Argentina para refugiados y migrantes CAREF

Brasil:
Caritas Arquidiocesana de São Paulo

Chile:

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile
Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Clinica Jurídica de Atencion a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado

Colombia:
Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia

Estados Unidos:
Evangelical Lutheran Church in America
Latin America Working Group (LAWG)
National Network for Immigrant and Refugee Rights
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Unitarian Universalist Service Committee

España:
Delegación Diocesana de Migraciones

Guatemala:
ACCSS

Asociación Pop No’j

Honduras:
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)

México:
Asylum Access México (AAMX) A.C.
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, CAFAMI A.C.
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. DHIA
Deportados Unidos  en La Lucha  (DUL)
La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Perú:
Asociación Paz y Esperanza
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Venezuela:
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)