La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela alertó que las estructuras de persecución y represión en Venezuela no han sido desmanteladas. «Los nuevos casos de violaciones de derechos humanos ponen de relieve que la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales, previamente documentados por la Misión, permanece intacta. No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales», aseveró María Eloísa Quintero.

En la actualización oral presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión subrayó que, los altos cargos gubernamentales y militares, previamente señalados por crímenes internacionales, conservan sus puestos de poder sin indicios de ser investigados.

Desde el 3 de enero, se han reportado 87 nuevas detenciones por motivos políticos, sumándose a las 135 registradas a finales de 2025. «Un tercio de las personas detenidas eran familiares de los objetivos principales de los arrestos. Entre estos se cuentan ocho niños, niñas y adolescentes, entre ellos, niños de dos y cinco años».

Espacio cívico restringido

Además, persisten los patrones de tortura y malos tratos en cárceles y «casas seguras» y se mantiene la movilización de «colectivos» (grupos armados civiles). «El espacio cívico y democrático continúa fuertemente restringido. Las organizaciones de la sociedad civil, los escasos medios independientes que todavía existen, y política son aún objeto de ataques, hostigamiento o intimidación. Las perspectivas de garantías plenas para la celebración de elecciones libres y democráticas siguen siendo remotas».

«La Misión también ha seguido recibiendo información sobre el grave impacto que supone para los familiares de las personas detenidas la falta de información sobre el paradero y situación de sus seres queridos, así como sobre los criterios y tiempos de liberación. Esto ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, muchas de las cuales han esperado durante semanas ante los centros de detención, llegando incluso a protagonizar huelgas de hambre», recalcó Quintero.

Leyes restrictivas

Adicionalmente, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor. Entre ellos destacan la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, o Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que deben ser derogadas o reformadas sustancialmente».

Sobre la Ley de Amnistía la Misión señaló que «no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos. No contempla procesos trasparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad. Tampoco se reconoce a las víctimas de la represión, a las que se sigue caracterizando como delincuentes, sin derecho a una reparación efectiva».

Aseveraron los expertos de la Misión que «las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder».

Un momento crítico para las víctimas

«Es este también es un momento crucial para las víctimas. Más de 8,7 millones de ciudadanos venezolanos, incluyendo miles de refugiados, viven hoy fuera del Venezuela, y añoran la posibilidad de volver a su país. Cientos de personas han sido recientemente excarceladas o se les han revocado las medidas cautelares; muchos de ellas se han acercado en estos meses a la Misión porque sienten ahora que existe otro contexto nacional de seguridad para prestar su testimonio. El número de personas y casos que se solicita registrar e investigar va en significativo aumento y ha duplicado, o incluso triplicado, las labores de la Misión».

Para los expertos la cooperación plena del actual gobierno con la Misión es el único camino real hacia una reforma institucional que ponga fin a la «cultura del miedo». Finalmente, la Misión hizo un llamado a aumentar el escrutinio internacional sobre Venezuela.