La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 17 de septiembre un nuevo informe sobre la crítica situación de derechos humanos en el país, aseverando que el Gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos para “aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
El informe documenta violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque especial en la crisis tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Misión confirmó en el contexto post electoral 25 muertes, la mayoría de ellas de jóvenes menores de 30 años, incluyendo dos niños.
Intensificación del aparato represivo
Los integrantes de la Misión enfatizaron que las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino que forman parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y “mantenerse en el poder a cualquier precio”.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “La represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
Detenciones y métodos de tortura
Patricia Tappatá, integrante de la Misión, enumeró los métodos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados en el informe, que fueron utilizados contra las personas detenidas en los casos investigados, e incluyeron violencia sexual, golpes con objetos envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría, privación de sueño, desnudez forzada y registros invasivos.
La severidad de la represión, así como los encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población. La ciudadanía está indefensa ante un ejercicio arbitrario del poder donde las detenciones arbitrarias son utilizadas sistemáticamente, junto a las violaciones al debido proceso, indicó Francisco Cox, miembro de la Misión.
Solo en julio, la Misión documentó más de 120 personas detenidas, incluidos 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas), incluso con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio. La Misión también recibió información sobre niñas que fueron sometidas a vejaciones sexuales durante su detención. Desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, 60 personas fueron condenadas a penas entre 16 y 30 años de prisión, relacionadas con supuestas conspiraciones.
Tappatá aseveró que la angustia y temores que viven las familias de las personas víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela “es indescriptible”. Se les niega información a los familiares sobre el paradero de las víctimas y éstas no tienen acceso a asistencia legal
Sistema de justicia subordinado al poder ejecutivo
La Misión reafirmó la conclusión reflejada en otros informes de que el sistema de justicia venezolano, liderado por el Tribunal Supremo de Justicia, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir a la oposición.
Según el informe, “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”,
“La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”, agregó Cox.
Urgencia de la renovación del mandato de la Misión
La Misión también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores de la sociedad civil, incluidas organizaciones de defensa de los derechos humanos, periodistas y otras personas por publicar opiniones críticas contra el gobierno en redes sociales. Así como la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, imponiendo limitaciones para el funcionamiento de dichas organizaciones.
Finalmente, el informe llama la atención sobre la urgencia de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión para continuar con sus investigaciones y poder abordar las violaciones actuales. La Misión recomienda a la comunidad internacional mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela: “en particular, debe insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas”.
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