La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo.
En la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el resultado parcial de las elecciones presidenciales, proclamando vencedor al Presidente Nicolas Maduro. Desde entonces, miles de personas (incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores) han salido a las calles y plazas del país para expresar su desacuerdo por los resultados.
La Misión ha estado recibiendo información creíble sobre detenciones, personas heridas y fallecidas, así como violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como “colectivos”) en el marco de esas protestas. Los incidentes registrados se desarrollaron en al menos 17 de los 23 Estados del país y en el distrito capital.
La Misión ha registrado, hasta el momento, al menos seis muertes, así como decenas de heridos entre las personas que han salido a manifestarse, sin que existan datos oficiales al respecto. El Fiscal General informó sobre la muerte de un miembro de la fuerzas armadas y 46 heridos entre militares y policías.
Ademas, la Misión ha tomado conocimiento de que cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil, identificadas prima facie como miembros de “colectivos”, dispararon armas de fuego contra las personas que se estaban manifestando.
“Las operaciones de control del orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y debe orientarse a la protección de la vida humana”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha anunciado la detención de 749 personas en el marco de las protestas. Mientras que algunas de estas personas han sido liberadas, otras permanecen detenidas, y algunas enfrentan imputaciones graves, como delitos de terrorismo.
La Misión expresa su preocupación por la aprehensión del Coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, y dos personas más que le acompañaban por individuos encapuchados armados en la mañana del 30 de julio. Información preliminar obtenida por la Misión indica que dichos individuos serían miembros del SEBIN. Otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos en las últimas horas. Además, el Fiscal General anunció una investigación contra la principal lideresa opositora, María Corina Machado, a la que vinculó a un ataque cibernético contra el CNE durante la jornada electoral.
“Nos preocupa esta nueva ola de persecución contra los lideres y lideresas de los partidos políticos de la oposición,” dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”.
La Misión también expresa su preocupación por la situación de las siete personas opositoras asiladas en la residencia del Embajador de Argentina, que han sido objeto de hostigamiento por parte de grupos de civiles en los últimos días.
“Las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos por subalternos. Asimismo, deben prevenir su comisión” dijo Francisco Cox, experto de la Misión. Cox agregó que “que toda detención debe ser conforme a los estándares internacionales sobre el debido proceso”.
“Por su parte, la Misión seguirá muy atenta e investigará las violaciones graves a los derechos humanos que ocurran en el contexto post electoral, conforme a su mandato”, dijo Valiñas. “Esto incluye analizar las fuerzas y los individuos responsables por dichas violaciones”.
Nota original OHCHR
