El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió mediante resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019 establecer “una misión internacional independiente de determinación de los hechos (…) y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

En el texto de la resolución, el Consejo hizo una enérgica condena a “todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas” en Venezuela, así como a “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.

Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Dale Letra, International Service for Human Rights, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentan un manual sobre el funcionamiento y el alcance del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM).

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