Con la convicción en que la sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica que permitirá salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive la mayoría de la población de Venezuela, las organizaciones del movimiento de derechos humanos que adoptamos esta declaración, queremos expresar nuestra intención de persistir en la construcción de un futuro de cambio para Venezuela, para cuyo propósito asumimos el siguiente compromiso, ante el pueblo venezolano, las víctimas de violaciones de derechos, los líderes sociales y políticos y la comunidad internacional:

− Participaremos en la defensa activa de toda posibilidad genuina y creíble de solución del conflicto político que abra paso a la democracia, con base en los principios y estándares de los derechos humanos, que haga valer el derecho legítimo a elegir y ser elegido, a través de elecciones libres y auténticas, lo cual exige una institucionalidad electoral garante de la voluntad ciudadana, expresada a través del voto individual, libre, secreto y universal de quienes votan, dentro y fuera del país; y también la revitalización de la cultura de participación política, capaz de desestimar cualquier intento de desaliento, instrumentalización y manipulación del ejercicio de los derechos electorales, en un entorno que garantice seguridad y protección para el ejercicio de la libertad de expresión y la libre circulación de información; el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas. 

− Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación, la privación de derechos, la discriminación y la violencia de cualquier tipo. Igualmente trabajaremos con empeño para que no se normalicen las violaciones de derechos humanos y terminar con las prácticas de simulación, censura y negación de acceso a la información pública, el control social y la coerción para impedir o anular la participación ciudadana en los asuntos de interés público, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las torturas; enalteciendo la denuncia como deber y facultad de toda persona y de cada funcionario de los organismos públicos nacionales y de las organizaciones internacionales, conforme a imperativos éticos y obligaciones no evadibles e inexcusables, establecidas en estándares del derecho nacional e internacional, siendo la denuncia el único recurso de las víctimas para dar visibilidad a las violaciones de derechos y ejercer las legítimas exigencias de protección.

− Seguiremos apoyando a millones de víctimas que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por múltiples privaciones de derechos, en zonas urbanas, rurales y geográficamente remotas, con:

• afectaciones diferenciadas en mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas en cárceles, personas con problemas de salud, pueblos y comunidades indígenas, productores y campesinos, personas refugiadas, migrantes y desplazados internos;
• desigualdades cada vez más pronunciadas en el acceso a los alimentos, adecuada nutrición, medicinas y servicios de salud precarizados, con escasos insumos y personal sanitario, una educación excluyente, en todos los niveles, con instalaciones inhabilitadas y severos retrocesos en la calidad de enseñanza, que perdió la mitad del personal docente por falta de sustento económico, la interrupción continua de servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, gas, transporte, combustible y comunicaciones; y,
• falta de seguridad y protección, en condiciones de gran vulnerabilidad ante riesgos de desastre y amenazas de salud pública, como pandemias, epidemias y brotes (entre ellos el VIH, la tuberculosis, la malaria, el SARS, la COVID-19 y, más recientemente, la viruela símica), así como expuesta a la explotación, esclavitud moderna o violencia de grupos en control territorial, económico y social de zonas del país.

− Igualmente, damos todo nuestro apoyo a las comunidades que carecen de las respuestas necesarias a sus privaciones y respaldamos a todas las organizaciones locales que prestan asistencia y protección humanitaria, con desventajas de acceso a recursos para atender la alta carga de necesidades de las poblaciones más vulnerables, asumiendo los riesgos del trabajo en terreno, en un contexto no democrático.

− Mantendremos la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde una perspectiva colectiva e intercultural, en interdependencia con la defensa de los derechos ambientales, parques nacionales y monumentos naturales protegidos, ante la apropiación indebida de las tierras indígenas promovida por el Estado, anclado en un modelo económico extractivista, de explotación intensiva de los recursos naturales en todo el territorio, para fines estatales o disfrute privado. En esta labor de defensa, alentaremos crear un nuevo modelo de desarrollo de protección de la naturaleza, acción frente a los efectos del cambio climático y uso responsable de los recursos, con perspectivas de derechos humanos y participación de los pueblos indígenas; así como exigiremos la protección de las comunidades indígenas de los impactos de la emergencia humanitaria compleja, con un enfoque de trabajo transfronterizo y binacional; la no politización ni presencia de grupos armados en sus territorios; y la recuperación de la institucionalidad ambiental, incluyendo la reforma o derogación de leyes que dejan de lado los derechos ambientales.

− Seguiremos firmes en la voluntad de promover la restauración de la responsabilidad, eficacia y transparencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, nacionales e internacionales, como parte de un proceso real de transición democrática, para reponer la confianza de la sociedad en las instituciones de todos los poderes públicos (ejecutivo, electoral, judicial, legislativo y ciudadano) a nivel nacional, regional y local, y un sistema penitenciario que haga efectivos los derechos humanos de toda la población reclusa, hoy sometida a tratos que lesionan su humanidad. Esto abarca, restablecer los límites constitucionales de las funciones estatales; la separación y autonomía de los poderes; la independencia judicial y el derecho a la defensa y al debido proceso; la probidad e idoneidad en el nombramiento de quienes ejerzan funciones públicas, fiscales, jueces y juezas; el acatamiento de la norma y la reserva legal; el combate al flagelo de la corrupción en la administración pública; y la activación de mecanismos de justicia penal, a la par de un proceso de justicia transicional, como parte de la construcción de paz, que garantice memoria, verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de las graves y masivas violaciones de derechos humanos. 

− Mantendremos nuestra legítima determinación de apelar a todos los mandatos de protección de los derechos humanos en los distintos sistemas, mecanismos y niveles de respuesta de la comunidad internacional, para que trabajen de forma complementaria, junto con esfuerzos multilaterales, en la construcción de una transición democrática. Esto significa una labor conjunta, constante y permanente de incidencia para hacer visible la crisis de derechos en Venezuela y alertar sobre amenazas para las víctimas, las personas defensoras, la sociedad civil y espacio cívico; y continuar exigiendo a los organismos internacionales conductas cónsonas con la protección de derechos y orientada a resultados, en cualquier ámbito de respuesta (humanitaria, de paz, desarrollo y rendición en materia de derechos humanos), que no reproduzca prácticas de omisión o inacción, ambigüedad, diplomacia silenciosa, ocultamiento y secretismo, falta de relevancia a violaciones estructurales, transferencia de responsabilidades a otros actores y la subordinación de los derechos humanos, por la preeminencia de la asistencia o la obtención de recursos. 

− No abandonaremos nuestra misión de defensa, puesta al servicio de promover una cultura de derechos humanos, desde nuestras diferentes identidades y vocerías, en todos los temas y espacios de trabajo, junto con las víctimas, la población y las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, comunidad académica y científica, y en las relaciones con los actores nacionales e internacionales. Los derechos humanos inspiran y sientan las bases para un proyecto de país que garantiza igualdad y libertad para todas las personas, en democracia y con un desarrollo económico, social, cultural y ambiental, incluyente, equitativo y sustentable, si podemos hacerlos el norte de una visión compartida, plural, renovadora, inclusiva, propositiva y motivadora, que nos involucre y empatice a todos.

¡Nos sobran capacidades humanas, perseverancia y confianza en que saldremos adelante, por las generaciones actuales y por las que están creciendo en este país y fuera del territorio! Unidos y en conjunto lo lograremos. 

10 de diciembre de 2022

Día internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración del 74° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos