En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió una  remisión  de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma solicitando iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela. En 2020, la Oficina concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017. En 2021, el Fiscal anunció que el examen preliminar había concluido con la decisión de continuar con las investigaciones. El 1° de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la decisión que autoriza la reanudación de la investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad, rechazando los múltiples intentos del Estado venezolano de detener el proceso y marcando un hito significativo en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y sus familiares.