Tras la reanudación del proceso de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organizó el foro virtual Perspectivas sobre la consulta a la sociedad civil en las negociaciones de Venezuela, con la finalidad de analizar los posibles escenarios futuros de este proceso de diálogo y el papel de la sociedad civil en garantizar que los acuerdos alcanzados en el mismo respeten los derechos humanos y la justicia y sean implementados con transparencia.

En el foro participaron como panelistas Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela; Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. La moderación estuvo a cargo de Geoff Ramsey, director para Venezuela de WOLA.

Fondos para abordar la emergencia humanitaria

Al inicio del foro, Ramsey señaló que cualquier tipo de solución a la crisis tiene que ser liderada por los propios venezolanos y debe contar con una participación activa de la sociedad civil. Agregó que las partes se reunieron en la Ciudad de México y firmaron un acuerdo para crear un fondo que, con la asistencia de las Naciones Unidas, tendría acceso a alrededor de tres mil millones de dólares en fondos congelados que se podría utilizar para abordar la emergencia humanitaria.

Esto se produce después de años de que el gobierno negara que Venezuela esté en una crisis humanitaria. Incluso a pesar de que las Naciones Unidas estiman que alrededor de siete millones de venezolanos necesitan asistencia. Mientras que organizaciones humanitarias venezolanas, como la plataforma HumVenezuela, afirman que el número real de venezolanos que necesitan asistencia podría ser el doble de esta cifra, señaló el director para Venezuela de WOLA.

En agosto del año pasado las partes firmaron un memorándum de entendimiento que incluía una agenda de siete puntos. Esta agenda aborda temas como el estado de derecho, la reparación de las víctimas y la garantía de derechos políticos para todos. Ese documento también contiene un compromiso de las partes para crear mecanismos de consulta con actores sociales.

Contraloría social

Para Mercedes De Freitas este es un acuerdo muy importante, que ha tenido un resultado concreto. Sin embargo, previamente era necesario considerar dos elementos. El primero es que si se iban a aprobar fondos destinados a atender a las personas con mayor situación de vulnerabilidad, o para atender temas como las fallas en el sistema eléctrico, había que dejar claro que estos recursos se tenían que manejar de la manera más proba y con la mayor transparencia.

Y por otra parte, la posibilidad de que sea Naciones Unidas quien maneje esos fondos también genera mucho resquemor. Sobre todo después que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) le otorgó un premio a Venezuela en el momento de mayor escasez y necesidad de alimentos.

Por otro lado, indicó De Freitas, “hace falta manejar el dinero de la mejor manera posible para que llegue hasta el último centavo a las víctimas o beneficiarios”.  Para una efectiva participación de la sociedad civil lo primero que se necesita es información al detalle de los recursos y a qué se van a dedicar, para poder hacer una verdadera contraloría social, aseveró  la directora de Transparencia.

Cualquier acuerdo que se haga debe contemplar criterios de gobernabilidad, donde exista además un mecanismo de participación y un sistema de recepción de observaciones, quejas, propuestas y denuncias. Que este sistema no solamente reciba, sino que procese y de respuesta a todas ellas.

Metodologías de participación de la sociedad civil 

Rocío San Miguel coincidió con las observaciones hechas por De Freitas. Agregó que la transparencia, la rendición de cuentas, y acceso a la información son tres puntos claves de cualquier proceso de diálogo. Si estos principios transversales no están presentes en un diálogo simplemente se pacta de espaldas a la sociedad, recalcó.

Para San Miguel en el proceso de negociación el desafío es poder encontrar metodologías claras de participación. “En ese sentido hemos venido insistiendo en la importancia de constituir mesas técnicas con carácter permanente”. Las mismas deben seguir funcionando independientemente de que se levanten los negociadores. Estas mesas técnicas deben establecer todos los aspectos de contenido, definición, requerimientos de información, reglas, transparencia, números, rendición de cuentas, mecanismos de consultas a la sociedad en todos los estados del país, recolección de datos claves en los poderes públicos del Estado, entre otros, para estar en permanente seguimiento de lo acordado y medir los impactos económicos. “Sería ideal la constitución de siete mesas por cada uno de los siete puntos que contempla el memorándum de entendimiento”.

Sugirió que las mesas estén integradas por representantes de la oposición, del gobierno y de la sociedad civil. Este último puede ser un individuo de los sindicatos, de los gremios, de las universidades, e incluso de la iglesia. Y que preferiblemente debe tener experiencia en el punto que concierne a cada mesa.

Los derechos humanos en el centro de las negociaciones

Beatriz Borges indicó que desde hace tiempo desde la sociedad civil diferentes voces han planteando la importancia de que se produjeran acuerdos por la dignidad humana y que efectivamente con estos acuerdos se resolvieran problemas urgentes. Señaló que personas que hoy en día en Venezuela están sufriendo, perdiendo sus vidas, no tienen que comer, ni acceso a los servicios básicos. De esta angustia y desesperación nace la necesidad de una respuesta urgente. Haber esperado 13 meses para que llegaran a esos acuerdos significó que en este tiempo murieran personas, otras no encontraran los medicamentos que necesitaban y muchas más se fueran del país.

Para Borges es fundamental entender que los tiempos de la vida con dignidad no son los mismos tiempos de la política y allí la sociedad civil y la propia realidad están presentes para recordarnos la importancia de tomar acciones urgentes. Sin embargo, para la directora ejecutiva de Cepaz esa urgencia a la que hemos llegado en Venezuela no debe permitirnos olvidar por qué llegamos a esta crisis.

En tal sentido, subrayó que la base de la problemática es la pérdida de la institucionalidad democrática en el país y las vulneraciones a los derechos humanos. Este alto nivel de sufrimiento humano ocurre porque perdimos la capacidad institucional de un Estado de garantizar los derechos de los ciudadanos. “Hasta que eso no se recobre. Hasta que esta reinstitucionalización no se logre, ese sufrimiento va a seguir estando presente”.

A criterio de Borges no es suficiente estar siempre dando respuesta humanitaria a lo urgente. Se requiere que el Estado recobre las capacidades de atender a la población. En todo el proceso los derechos humanos deben estar en el centro y los logros deben tener como medida de indicador la dignidad de las personas.

Además urge tener una visión comprensiva. No es solamente resolver los problemas de alimentación, medicamentos, o servicios públicos. Es también indispensable recuperar la democracia, eliminar la represión. Es decir, tener un enfoque de derechos humanos.

Otro aspecto importante para Borges es suprimir el lenguaje polarizante. Dejar de discriminar porque unos son rojos y otros azules, unos opositores y otros oficialistas. “Somos una sola Venezuela que necesita una institucionalidad democrática y que necesita la garantía de los derechos, y en eso todos debemos hoy en día estar unidos”. Esa es la integración que necesita Venezuela.

Cumplimiento de recomendaciones

Los indicadores de avance en este sentido están, según Borges, en las recomendaciones de los informes de mecanismos especiales como la Misión de Determinación de los Hechos, o los de la Alta comisionada. Así como en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son líneas de acción concretas y urgentes. Que el Estado cumpla estas recomendaciones es un verdadero indicador de compromiso para resolver la situación de Venezuela. Y es allí donde las negociaciones  se convierten en una oportunidad para avanzar en ese proceso de reinstitucionalización y gobernabilidad democrática.

Es importante que esas soluciones partan del reconocimiento a esas violaciones y se concreten en compromisos reales. Allí la sociedad civil aparece como una luz independiente, que no está del lado de ningún actor, sino que trabaja junto a las comunidades, con las víctimas, con las personas con necesidades y muestra qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe hacer, pues la sociedad civil tiene diagnosticada la situación, conoce las prioridades y ha enviado esa información para que sea usada y se priorice a las víctimas con compromiso, buena fe y voluntad política.