El pasado 25 de marzo se realizó el evento Mujeres invisibles: el rostro de las mujeres invisibilizadas por la crisis en Venezuela, en el marco del sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) .
Este panel fue organizado por Prepara Familia, Unión Afirmativa, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama y Uniandes, con el apoyo de Care International, Kota Alliance y Women’s UN Report Network (WUNRN). La moderación del evento estuvo a cargo de Daniel Almeida, asesor regional para América Latina y el Caribe en Incidencia Política para Care International.
Jaana Rehnström, de Kota Alliance dio las palabas de bienvenida, señalando que el objetivo de la organización es disminuir las desigualdades de género. Agregó que en estos momentos cada vez se dificulta más la situación de las mujeres en Venezuela. Por eso iniciativas como las de Con Ellas son tan importantes para aminorar los efectos de la crisis.
Mujeres desbordadas por la crisis
Carolina Godoy, coordinadora de Género de Cepaz, señaló que las mujeres en Venezuela se encuentran desbordadas por la emergencia humanitaria compleja. Esta emergencia, producto de la combinación de factores como la inestabilidad política y el quiebre del Estado venezolano, ha generado el incremento de las desigualdades sociales y la pobreza subyacente, afectando de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres.
La estrategia de trabajo adoptada por Cepaz es una acción combinada de actividades con enfoque de derechos humanos y, al propio tiempo, acciones de ayuda humanitaria. «Una vez que habíamos llegado a documentar y denunciar los espacios de vulneración de las mujeres, no podíamos retirarnos sin contribuir al sostenimiento de la dignidad humana», recalcó Godoy.
Cepaz trabaja con las mujeres de base en las poblaciones en pobreza extrema de La Dolorita. Esta es una de las 32 parroquias de la ciudad de Caracas y cuenta con 94.740 habitantes.
¿Qué significa para una mujer vivir en La Dolorita?
Explicó Godoy que una mujer de base que viva en La Dolorita tiene 14 años que no dispone de agua potable en su hogar. Espera que llueva para redirigir las aguas desde el techo de su casa hacia barriles.
Tampoco tiene servicio de gas doméstico directo. Si no está en las listas elaboradas por representantes vecinales del oficialismo para poder recibir una bombona pequeña de gas cada 90 días, cocina a leña, causando daños ambientales y soportando enfermedades respiratorias.
No tiene servicio eléctrico directo, por lo que tiene que conectarse ilegalmente al alumbrado público. Esto facilita los cortes nocturnos como medio de control de la comunidad durante violentos operativos policiales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Las mujeres de La Dolorita están en la parte más alta de un cerro caraqueño, sin dinero en efectivo, lo que les imposibilita movilizarse en transporte público. Tienen la preocupación diaria de no tener alimentos en sus casas.
Además, las mujeres adultas mayores, las abuelas, ceden sus porciones de alimentos a los demás miembros del grupo familiar. Los programas sociales promovidos desde instancias oficiales, como alimentos subsidiados, son insuficientes, con una distribución irregular y manejada con criterios políticos.
Una mujer de base que vive en La Dolorita tiene que lidiar con el hecho de ser clasificada en “voto duro oficialista”, “voto opositor”, y las llamadas “voto blando” (estas últimas mujeres son las vulnerables, ya que se sabe que seguirán instrucciones porque no pueden perder el beneficio de las bolsas de alimentos). Esta mujer mira con preocupación el embarazo adolescente dentro de sus familias, y advierte cada vez con mayor cercanía el riesgo de la práctica del sexo por sobrevivencia.
En La Dolorita, como en todo el país, la sobre exigencia de los cuidados del hogar durante la cuarentena y el distanciamiento social, coloca a las adolescentes de sus núcleos familiares bajo riesgo de deserción escolar. El encierro obligatorio, necesario para evitar la propagación o contagio de COVID-19, facilita la ejecución de violencias contra la mujer en el espacio privado.
Estas mujeres padecen además pobreza menstrual, al no poder comprar los insumos de higiene. «La opción es improvisarlos recortando ropa usada para cubrir bolsas plásticas rellenas de hojas secas».
Distraerse de sus preocupaciones vitales es un lujo que no pueden darse, por lo que se elevaron los casos de depresión, cuadros de ansiedad y estrés. «Una mujer que vive en La Dolorita experimenta día a día el desconcierto, la incertidumbre, el malestar, la sobrevivencia, el hambre y el deterioro de todas las dimensiones de la vida, se siente usurpada, no sólo en la gestión pública del Estado, sino en lo más íntimo de su existencia, en su cotidianidad», enfatizó la coordinadora de Género.
Acciones emprendidas desde Cepaz
Ante ello, desde Cepaz se emprendieron acciones de ayuda humanitaria desde el año 2019. Logrando impactar hasta la fecha a unas 18.000 mujeres y sus entornos familiares a través de la creación de un comedor piloto de la “sopa solidaria”, para asegurar la ingesta semanal de proteínas.
Así mismo, con la entrega de bolsas de alimentos se dio respuesta a casos de atención urgente. También se brindó capacitación para la generación de huertos familiares. Y se suscribieron alianzas con otras organizaciones para colocar implantes subdérmicos anticonceptivos.
Por otra parte, se logró la creación de un voluntariado de mentoras universitarias, que sirvan de referentes, motivando a las niñas y adolescentes a permanecer insertas y activas en el sistema educativo. Se ha hecho entrega de copas menstruales y la capacitación sobre su uso.
Se logró la constitución del club de lectoras comunitarias virtual como estrategia de integración y construcción de la cultura de paz. Además de realizar un acercamiento en la comunidad contra la violencia por razones de género mediante clínicas itinerantes de atención psicosocial y legal; documentación y acompañamiento de casos y capacitación de animadoras sociales como paralegales naranjas y la construcción de una ludoteca comunitaria como estrategia de recreación, integración y restablecimiento del tejido social en La Dolorita.
Además de todo lo anterior, Cepaz coloca su acento en la necesidad de visibilizar la violencia contra la mujer por razones basadas en género, mediante el Monitoreo de Femicidios en Venezuela, una acción que permite ahondar en la discriminación estructural y la desigualdad que es real, «en un país donde ocurre un femicidio cada 27 horas; donde no hay denuncia previa».
Recalcó Godoy que es imperativo «reclamar al Estado que no garantiza la seguridad para mujeres y niñas, ya que su inacción redunda en una violencia generalizada. La falta de casas de abrigo es un caminito invisible hacia el asesinato violento de mujeres. Al no desarrollar un Plan Nacional contra la Violencia femicida el Estado no solo olvida velar por el acceso a la justicia de las mujeres, sino que no las acompaña con dignidad, ocasionando su revictimización. Por el contrario, en nuestro sistema judicial existe la llamada puerta giratoria, porque se produce impunidad y con ella, el paradójico empoderamiento de los agresores».
«En nuestra mirada hacia Venezuela, soñamos una sociedad actora con mujeres de base fortalecidas y articuladas en redes, viviendo en paz y construyendo paz y en un Estado donde sus derechos humanos sean reconocidos, respetados y garantizados. Somos un grupo de defensoras de derechos humanos que creemos en la efectividad de transmitir la importancia de la resistencia, la resiliencia y la generación de esperanza de un mundo mejor para nuestras mujeres. Por lo que anhelamos generar en el espacio humanitario, apoyo para el mantenimiento de los programas y acciones que estamos implementado», concluyó la especialista.
Discriminaciones y violencias contra mujeres lesbianas
Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, indicó que para «hablar de la situación de las mujeres lesbianas me voy a situar en tres momentos, previo a la Emergencia Humanitaria, durante la emergencia y durante el confinamiento por COVID-19».
Mencionó Franco que en nuestro país «hay una situación preexistente de discriminación y violencia contra las mujeres lesbianas en cuanto a negación de derechos humanos por parte del Estado venezolano, en el derecho a la igualdad y la no discriminación». Como ejemplo señaló la imposibilidad de proteger a la familia conformada por parejas del mismo sexo a través del matrimonio. Esta situación afecta a los hijos e hijas de estas parejas, que quedan totalmente desprotegidos. Y además se expresa a través de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el hogar, el empleo, las escuelas, universidades y centros de salud, así como en centros religiosos.
«Hemos documentado, y en algunos casos hemos atendido, casos de violencia entre parejas, discriminación en el lugar de trabajo, discriminaciones en servicios ginecológicos y centros de donación de sangre a la pareja. Discriminaciones y violencias en lugares públicos como plazas, restaurantes y discotecas», agregó la directora de Unión Afirmativa. Mencionó casos graves de acoso escolar y en los centros de estudios universitarios contra docentes y estudiantes lesbianas.
Con el inicio de la emergencia humanitaria compleja, las afectaciones se incrementan y se diversifican las discriminaciones y las violencias. «Surgen entonces, problemas como la trata, la prostitución forzada, la migración forzada, la inseguridad alimentaria, disminución en la ingesta alimentaria, la inflación, etc. Eso se suma a la precariedad en servicios básicos, escasez de toallas sanitarias, la precariedad en los servicios de salud, que por supuesto también afecta a las mujeres lesbianas».
«Durante el confinamiento debido al COVID 19, las violencias en el hogar contra las adolescentes y mujeres lesbianas proveniente de los padres o las parejas se incrementaron». Incluyendo amenazas de violación correctivas o de ser expulsadas del hogar, así como el maltrato constante. Esta situación deja a muchas mujeres lesbianas con solo tres opciones: el silencio, la migración o el suicidio. En el caso de optar por el silencio, se producen afectaciones en la salud mental.
«El desempleo es otra consecuencia del confinamiento, por ende la diminución de los recursos económicos. Es un círculo vicioso, debido a que entonces se debe emprender la búsqueda de nuevas formas de obtener ingresos de manera independiente, o enfrentarse de nuevo a la discriminación a la hora de solicitar un empleo. Los medios de vida se han visto muy afectados haciendo que ganarse la vida sea aún más difícil», agregó Franco.
¿Qué se ha hecho desde Unión Afirmativa?
En apego a los objetivos de la organización, desde Unión Afirmativa han seguido documentando la situación en el país y cómo esta afecta a las mujeres lesbianas.
Sus servicios educativos de formación y capacitación a profesionales y servidores públicos y privados han seguido funcionando. Y también en universidades, empresas privadas, y ONG interesadas «y profundamente preocupadas por estas situaciones de discriminación debido a la orientación sexual».
«Para las mujeres lesbianas hemos estado llevando a cabo actividades de acompañamiento, apoyo y empoderamiento sobre sus derechos, y además el acompañamiento emocional con apoyo psicológico para trabajar en su reconocimiento y auto aceptación. Creando así espacios seguros para ellas. Y próximamente aspiramos a seguir ampliando la oferta de servicios. En 2020 y pese a la pandemia logramos llegar a 600 personas con nuestros talleres y ofertas de formación», dijo.
«Son muy diversa las actividades que tratamos de realizar para crear espacios amigables y seguros para todas. Así como procurar el tan necesario cambio cultural para erradicar la violencia y la discriminación hacia mujeres lesbianas en el país. Por eso es que nos hemos unido en esta alianza llamada Con Ellas, para ampliar nuestra capacidad de acción y alcance, con el apoyo de los donantes internacionales», concluyó Franco.
Mujeres cuidadoras en riesgo
Desde el 2014, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y multidimensional, que ha llevado al empobrecimiento de su población de manera generalizada, mencionó Katherine Martínez, directora de Prepara Familia.
«En materia de salud, se viven las consecuencias en las graves fallas en el suministro de medicamentos, insumos y migración del personal de salud, equipos que no reciben mantenimiento, graves fallas en servicios básicos, deteriorada infraestructura hospitalaria, poniendo en riesgo a los más vulnerables. Asistir a un hospital a tratarse cualquier complicación de salud es todo un riesgo, puesto que no hay garantías de obtener la atención adecuada. Ahora con el Covid.19 la situación se agravó», agregó Martínez.
Las mujeres que tienen a un hijo, sobrino o familiar hospitalizado con patologías crónicas en el país viven esta situación de manera diferenciada y agravada. Mas aún porque deben movilizarse desde las regiones que habitan hasta hospitales de la capital de Venezuela, pues no consiguen atención en los hospitales de otras poblaciones.
«Aproximadamente, el 95% de las que se internan con los niños o niñas en hospitales o unidades pediátricas, son mujeres. Ellas son las que permanecen a tiempo completo cuidando al niño, niña o adolescente. Esta dedicación no es una decisión libre y propia, está sesgada por la división desigual del trabajo que adjudica roles específicos, tanto a hombres como a mujeres. La desigualdad en dedicación horaria y en el reparto de las labores de cuidado y el trabajo no remunerado generan un círculo vicioso. No se incentiva la corresponsabilidad, ni la igualdad en la familia», destacó la directora de Prepara Familia.
Al internarse con el niño o la niña en los hospitales, las mujeres están dedicadas exclusivamente a su cuidado. No pueden ingresar al mercado laboral, y su labor de cuidado carece de visibilidad por sus mismas características de trabajo no remunerado. Ellas se hospitalizan también y dejan sus trabajos, estudios y entornos familiares, enfrentando precarias condiciones, entre las cuales destacan que no poseen recursos para cubrir sus necesidades personales mínimas, incluyendo insumos de higiene personal, higiene menstrual y alimentos.
Carecen de mobiliario acorde para dormir en condiciones dignas en las habitaciones de los niños. Actualmente, las sillas o sofá-camas disponibles están muy deteriorados. No hay servicios sanitarios en buen estado, ni suministro de agua constante, lo cual compromete su higiene personal y menstrual, así como el de las adolescentes hospitalizadas, y las pone en riesgo de contraer enfermedades en el mismo recinto hospitalario
Tampoco reciben alimentación apropiada y además sufren condiciones emocionales extremas, que ponen en riesgo su salud personal y mental. No tienen acceso al comedor del hospital, ni a servicios de salud para ellas.
Deben salir a conseguir donaciones en fundaciones, utilizar las redes sociales para solicitar ayuda, y la situación las obliga a vender lo que no tienen, migrar a otro país, para tratar de adquirir y/o cancelar medicamentos, insumos médicos y exámenes que los hospitales ya no hacen.
Las madres, abuelas, tías, hermanas, cuidadoras de pacientes hospitalizados en el único hospital de niños del país, el J.M. de Los Ríos «continúan sufriendo el impacto de la emergencia en su alimentación, ya que desde el 5 de abril de 2018 el suministro de alimentos que les otorgaban desde agosto de 2017 fue suspendido, criminalizando así sus denuncias y manifestaciones», denunció Martínez.
«Están siendo invisibilizadas, mientras que sus derechos al pleno desenvolvimiento de sus capacidades, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al ocio y al auto-cuidado están siendo aplazados y vulnerados».
«En este contexto de la pandemia, su situación se ha agravado, porque se suspendieron las visitas a los hospitales. No pueden recibir ningún tipo de apoyo de familiares que les traían alimentos o les podían brindar apoyo en el lavado de la ropa, mientras ellas salen a buscar presupuestos para realizar exámenes que no se pueden efectuar en los hospitales. Ellas carecen de ayuda estatal y viven en una situación de extrema pobreza».
Tampoco aparecen en las listas de prioridad de vacunación ante la COVID-19, «aunque están al pie de la cama de sus hijos, hospitalizadas en largas estadías en los hospitales públicos».
Programas de soporte humanitario y acompañamiento de Prepara Familia
Desde 2008 Prepara Familia acompaña y apoya a las mujeres que realizan estas labores de cuidado. En 2019 realizaron soporte humanitario a 3.000 mujeres, con programas mediante los cuales han recibido kits de dignidad, higiene, alimentos, ropa, kits de higiene menstrual y jornadas especiales de atención de salud.
«Adicionalmente, han recibido formación en derechos humanos de las mujeres, prevención de violencias contra las mujeres, en emprendimiento en talleres de formación al pie de la cama, mediante los cuales, reciben talleres en oficios sencillos y así muchas han podido iniciar emprendimientos cuando regresan a sus hogares en el interior del país», explicó Martínez.
«Las acompañamos en sus luchas y en las que realizan para lograr que sus hijos tengan acceso a la salud que requieren, en manifestaciones, protestas, y solicitud de protección ante instancias nacionales e internacionales. Gracias a su lucha, los niños, niñas y adolescentes de 14 servicios del único Hospital de Niños del país, el hospital J.M. de Los Ríos, están amparados por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adicionalmente acuden a audiencias temáticas. Han participado en reuniones con organizaciones de Naciones Unidas y realizan labores de incidencia».
«Ellas siguen necesitando apoyo y ayuda ante las graves carencias que viven y ante las vulneraciones de su dignidad y a los derechos fundamentales de ellas y de sus hijos», concluyó Martínez.
Mujeres con cáncer de mama son invisibles
Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama, señaló que las mujeres con cáncer de mama también son invisibles, por la falta de atención y respuesta oportuna del sistema de salud venezolana.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para el año 2020 en Venezuela había 14.451.0008 mujeres, de las cuales se estimaban que fallecerían 15.928 por cáncer.
Las causas de muerte más frecuentes de mujeres en Venezuela son el cáncer de mama, el cérvico uterino, de pulmón y el colorrectal. Estos tratamientos, hasta el año 2014, incluyendo medicamentos y radioterapias, eran gratuitos y entregados por el Estado. La emergencia humanitaria compleja se empieza a evidenciar en las condiciones de salud de alto costo y las mujeres con cáncer de mama fueron las primeras afectadas.
Indicó Rodríguez que 5.820.620 mujeres entre 35 y 75 años deben realizarse una mamografía anualmente. Solo el 6% de ellas tienen la capacidad de pagarla en un centro de salud privado.
Es por ello que 5.471.390 mujeres deben acudir a un centro de salud público para hacerse la mamografía, y estos tienen la capacidad de atender solamente al 0,5% de esta población. Diariamente fallecen en Venezuela 8 mujeres por falta de atención del cáncer de mama. 3.199 fallecieron en 2019 por diagnóstico tardío y falta de tratamiento. La expectativa de vida de las mujeres se redujo en 19 años debido a la mortalidad por cáncer de mama. Se estima que una de cada diez mujeres venezolanas desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida y 3 de cada 10 fallecerán en el lapso de tres años.
Una mamografía tiene un costo de $50 en un país donde el salario mínimo mensual es inferior a $5. En total se necesita un aproximado de $10,000 para superar un diagnóstico de cáncer de mama.
¿Cómo ayuda Funcamama?
Para aliviar esta situación, Funcamama desarrolla diversos programas, que van desde la información sobre la importancia del diagnóstico oportuno, programas de promoción de estilos de vida saludable para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama, programas de exámenes de salud donde se atienden a 150 personas diarias con incluso cirugías, hasta atención de la salud mental de las mujeres con cáncer. Funcamama ha atendido a la fecha 915.000 mujeres.
Rodríguez mostró algunos casos de mujeres que fallecieron por no conseguir tratamientos adecuados. Gracias a la alianza Con ellas lograron en el año 2020 donar 100 mamografías.
Denunció que las mujeres con cáncer de mama son invisibilizadas, no solamente por el sistema de salud sino también por la respuesta humanitaria.
Fortalecimiento de defensoras
Rosa Elena Acevedo, presidenta ejecutiva de Uniandes, habló sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en la frontera colombo venezolana. Específicamente en los estados Apure, Zulia Táchira y Amazonas.
El programa de fortalecimiento de las mujeres defensoras que adelanta Uniandes ha permitido la formación de 500 mujeres. En un estudio realizado con 168 mujeres defensoras beneficiarias de este programa, se encontró que muchas de ellas han recibido amenazas durante el desarrollo de su trabajo.
Ellas, como todas las mujeres venezolanas, enfrentan la debilidad de los servicios públicos. Lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad. Así mismo, viven bajo la amenaza permanente de la presencia de grupos de irregulares armados en la frontera. Sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas, continúan desarrollando acciones en la defensa de los derechos de los más vulnerables.
El 23% de las defensoras ha sufrido algún tipo de amenaza e intimidación por parte de militares: 47%; de operadores de justicia jueces, fiscales: 22%; de gobiernos locales: 18%; de docentes o directores de escuela: 8% y de diputados de Consejos Legislativos: 5%.
Las defensoras se sienten vulnerables, pues no cuentan con las estructuras del Estado que den respuesta oportuna a quienes canalizan la defensa de los derechos humanos. Están además limitadas en sus funciones por los controles que ejerce el Estado, como por ejemplo con la entrega de las cajas de los Comités Locales de Producción (CLAP), dijo Acevedo.
Con un panorama desfavorable por las constantes amenazas y la falta de apoyo por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, las mujeres defensoras están adicionalmente en situación crítica por la actitud indiferente e insensible de la mayoría de los ciudadanos. No cuentan con garantía alguna para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos
Denunció Acevedo que están sometidas al abuso de las autoridades militares y a merced de los grupos civiles armados. Incomunicadas, sin servicios de ninguna naturaleza, y en riesgo por el incumplimiento de los estándares internacionales para la protección de las defensoras. No cuentan con mecanismos de resguardo de la integridad física, y en el caso de las defensoras indígenas, atemorizadas por el desconocimiento general de las culturas de los pueblos indígenas y sus derechos.
Tienen además diversas necesidades, como capacitación, formación jurídica en las normativas legales y de orientación de los procesos administrativos y jurisdiccionales. Requieren información acerca de las leyes que se pondrán en práctica al momento de defender los derechos humanos.
Acciones urgentes
Las acciones más urgentes que estas defensoras han atendido son trata de personas, explotación sexual, cambio de sexo por comida, movilización por vías irregulares, documentos falsificados, niños abandonados en terminales, puentes internacionales y hoteles, secuestro de personas por grupos irregulares (sin distinción entre guerrilla, hampa común, delincuencia organizada, paramilitares). Femicidios, violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual, abuso sexual y actos lascivos contra niñas y niños en comunidades fronterizas. maltrato infantil y desapariciones, mayormente de personas jóvenes.
Han tratado de superar esta situación con resiliencia, resistencia, solidaridad y sororidad, para continuar haciendo su trabajo de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Estas mujeres no están solas, desde Uniandes y Con Ellas están siendo apoyadas, finalizó Acevedo.
Opacidad de las cifras
Natasha Saturno, coordinadora del Departamento Legal de Acción Solidaria, mostró el panorama del derecho a la salud de las venezolanas. Destacó que en Venezuela no se cuenta con cifras oficiales de la situación de salud. La opacidad de las cifras oficiales sobre los indicadores de salud, y en general sobre cualquier otra data, hace muy difícil medir con precisión el impacto que está teniendo la emergencia humanitaria compleja en las mujeres y, en general, en cualquier grupo de vulnerabilidad.
Los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han hecho un enorme esfuerzo para levantar información. Desde Acción Solidaria en enero de 2020 se comenzó un monitoreo de registro de hechos vinculados a vulneraciones al derecho a la salud de las mujeres.
De 133 registros en el año 2020, un total de 76 incidentes estaban referidos al derecho a la salud de las mujeres. Encontraron que de todos los casos, las mujeres están verdaderamente afectadas en sus derechos sexuales y reproductivos.
Mencionó Saturno el caso de un bebe que nació en las afueras del Hospital Uyapar en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Su madre, de 23 años, no había recibido atención. Estos casos se repitieron durante todo el monitoreo realizado por la organización.
Dijo Saturno que, según datos de Convite, hay un 90% de desabastecimiento de anticonceptivos y 50% de condones. Comprar estos productos cuesta $1,57, en un país donde el salario mínimo es de $2. Además, el 57%, de las mujeres no tiene acceso a servicios de salud de ningún tipo, según información recogida por Avesa en 2019.
Por otro lado, se producen 112,2 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, ha indicado la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. En promedio $30 cuesta una consulta con un ginecobstetra, indican datos de Acción Solidaria.
Adicionalmente, la destrucción de la estructura hospitalaria se traduce en violencia obstétrica. La falta de insumos y medicamentos genera que el personal de salud sea obligado a atender sin recursos a las mujeres. A todo lo anterior que viven las mujeres, se les suma el estigma de tener VIH y vivir en medio de una emergencia humanitaria compleja.
La falta de insumos, medicamentos y personal médico impide que las mujeres con VIH puedan realizarse una cesárea. O les solicitan la compra de los insumos que alcanza los $100.
Por otro lado, la zidovudina, un antiretroviral que se da especialmente a las mujeres embarazadas con VIH para evitar la transmisión vertical durante el embarazo, presenta una escasez importante, aseguró Saturno.
Denunció que dos de cada cuatro mujeres con VIH son discriminadas en centros de atención públicos de salud por tener la condición. Reciben malos
tratos o les exigen el «kit de bioseguridad», que está prohibido por la ley.
«Las barreras de acceso a los bienes y servicios de salud no solo terminan por deteriorar la salud de las mujeres, sino que implican mayores gastos y pérdidas de ingresos, y perpetúan un círculo vicioso de enfermedad y pobreza», dijo la representante de Acción Solidaria.
Desde esta organización «hemos tratado de hacer un acompañamiento a mujeres con VIH y tenemos un programa de donación de medicamentos y hacemos trabajo de incidencia y documentación de vulneración del derecho a la salud ante instancias nacionales e internacionales», agregó.
Las ponentes coincidieron en que la alianza Con Ellas demuestra que a pesar de la adversidad es posible, con el apoyo de donantes, dar respuesta a las necesidades de las mujeres en Venezuela.
¿Cómo puedes colaborar?
Puedes hacer tu donación por cualquiera de estas modalidades:
- Wells Fargo. Cuenta número 1264818780 Action for Solidarity, Inc. Direct deposit 063107513 wire transfer 12100248.
La presentación concluyó con la proyección de un poema enviado por Louis A. Herman de Women’s UN Report Network (WUNRN).
