En el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, presentaron sus actualizaciones orales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Dichas actualizaciones fueron seguidas de los diálogos interactivos con los Estados.

Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia, y Faisal Yamil Meneses, coordinador Legal, ambos integrantes del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), concedieron una entrevista a VPItv, en la que analizaron las implicaciones de estas actualizaciones, las posturas de los Estados que intervinieron durante los diálogos interactivos y las perspectivas sobre la situación de derechos humanos en el país de cara a los próximos procesos electorales.

Posturas de los Estados 

Indicó Ciordia que desde que empezó el mandato del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela, en 2019, se ha observado una división en la posición que toman los Estados. Algunos han apoyado primordialmente la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado y otros la investigación que adelanta la Misión de determinación de los hechos. «Uno de los argumentos más importantes para escoger uno sobre el otro tenía que ver con la presencia en el terreno. La Misión, como es bastante más incómoda por la naturaleza de su investigación, nunca ha sido admitida en el territorio venezolano. Este escenario cambió con la expulsión o suspensión temporal de la OACNUDH, y eso se reflejó en estas sesiones del Consejo».

Para Yamil Meneses «la realidad es que dentro del Consejo de Derechos Humanos estas discusiones por bloque son naturales». Los países que se alinean a la posición del gobierno de Venezuela repiten un discurso que tiene que ver con soberanía, consentimiento y aceptación de las labores de cooperación y monitoreo de la organización, particularmente de los procedimientos y mandatos del Consejo. Mientras que otros países responden más a la agenda de derechos humanos y tienen como prioridad que se reivindiquen las distintas iniciativas en este sentido.

Para el coordinador legal de Cepaz esgrimir el tema de la soberanía e injerencia en los asuntos internos de un país pierde validez cuando se trata del monitoreo de graves violaciones a los derechos humanos. Debido a que Venezuela, como todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, firmaron y ratificaron la carta fundacional de este organismo internacional, así como diversos tratados en materia de derechos humanos. Por lo tanto, Venezuela debe someterse al escrutinio del cumplimiento de sus obligaciones, y más aún de las múltiples recomendaciones que han sido emitidas en diversos informes sobre el agravamiento de la situación de los derechos humanos en el país.

¿Qué perdieron los venezolanos con la salida de la OACNUDH?

Ciordia aseveró que con la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Venezuela se perdió la línea directa de comunicación que existía con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. «Allí había un espacio donde las víctimas podían ser escuchadas y elevar sus casos».

A juicio de la coordinadora de incidencia de Cepaz la presencia de la OACNUDH en el terreno tenía un efecto parcial de contención de las graves violaciones de derechos humanos. Por eso, no resulta sorprendente que se decida suspender esta presencia en el contexto de un año electoral, «en el que como hemos venido repitiendo las organizaciones de la sociedad civil, y como también indicó la Misión de determinación de los hechos en su último informe, la represión aumenta».

«Se quitaron de encima un mecanismo de monitoreo que hacía documentación en materia de derechos humanos. Que la va a seguir haciendo, pero no en el terreno, ni con la misma capacidad de interactuar con la sociedad civil y las víctimas», agregó Ciordia.

La investigación de la CPI y los mecanismos de la ONU

Sobre la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) y su relación con el trabajo de la OACNUD y la Misión, Yamil Meneses indicó que aunque son procedimientos y mandatos distintos, los informes de ambas instancias de la ONU han generado la base suficiente para que, incluso antes del inicio de la investigación de la Fiscalía de la CPI, se pudiese ver a través de un documento objetivo que en Venezuela «se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Esto ha sido un factor determinante para que se inicien estas investigaciones». La CPI, aunque realiza una investigación independiente a la de los mecanismos de las Naciones Unidas, no está cerrada a recibir información procedente de dichos mecanismos.

Con relación a la presencia futura de una oficina de la CPI en Venezuela, Yamil Meneses recordó que esto está estipulado en los memorándums de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y la oficina del Fiscal. «De modo que el Estado ya ha creado una serie de obligaciones que tiene que cumplir. Esperamos con las mayores expectativas que esta oficina finalmente se instale. Y que en efecto pueda prestar la asistencia técnica que se espera para que en Venezuela haya un fortalecimiento institucional adecuado», dijo, refiriéndose al sistema de justicia.

Aparato represor intacto

Ciordia destacó que aunque las graves violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en el país,  contar con los informes de la OACNUD y la Misión «es definitivamente un avance y una mejora sobre la alternativa de no tenerlos».

Recalcó que el aparato represor en Venezuela se mantiene intacto «y ese es el gran temor de este periodo electoral, que recordemos que va a ser muy largo porque habrá elecciones presidenciales en julio, pero no habrá toma de posesión hasta enero del año que viene. Pero además el año 2025 es también un año electoral. Estamos enfrentándonos a un periodo en el que ya sabemos que la represión aumenta. Ya la estamos viendo aumentar y la posibilidad de que estas tácticas de represión dejen de ser blandas y vuelvan a ser duras es absolutamente real, y lo hemos visto en apenas 80 días que lleva el año 2024».

La Misión debe ser renovada

El mandato de la Misión vence en septiembre de 2024 y habrá en esa fecha una votación en el seno del Consejo de Derechos Humanos para una tercera renovación. «Va a depender de que los países miembros del Consejo aprueben o no una resolución donde se renueve este mandato», explicó Ciordia. La Misión ha documentado desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, y un contexto generalizado de persecución y criminalización contra personas disidentes o percibidas como tales.

La Ley Antisociedad busca sepultar a la sociedad civil

«Hemos visto el incremento de estos actos y también se han reactivado las discusiones sobre la ley que nosotros denominamos Antisociedad. Una propuesta que está en estos momentos en la Asamblea Nacional y que pretende prácticamente sepultar a la sociedad civil venezolana. Esta ha sido una amenaza que se ha mantenido latente desde el año pasado», aclaró Yamil Meneses. Esta ley cerraría por completo el espacio cívico en Venezuela para que las organizaciones no tengan margen de acción, en un entorno de alta represión, donde la integridad de los actores sociales está en mayor peligro.

«Sin duda lo que hace es inhibir la actividad social en el marco del contexto electoral. Mientras sigamos en un escenario con estas circunstancias, en Venezuela no van a poder celebrarse elecciones libres, seguras y transparentes», enfatizó. Hizo un llamado a que la comunidad internacional siga activando los espacios de alerta donde se visibilice lo que está ocurriendo, para que se pueda comprender la gravedad de la situación en el país.

El trabajo de la sociedad civil es seguir documentando y denunciando, pero también apoyar a estos organismos internacionales. La defensa del espacio cívico es más importante que nunca, así como la defensa del derecho a la participación política y la exigencia de las condiciones para una solución democrática y pacífica para Venezuela.