El pasado 22 de julio el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, (CDH-UCAB), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas (CDH-UNIMET) y Amnistía Internacional, con el apoyo del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), organizaron un evento sobre la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos para Venezuela, que contó con la participación de Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, Marianna Romero, coordinadora académica del CDH-UCAB y Andrea Santacruz, directora del CDH-UNIMET. La moderación estuvo a cargo de Carlos Luzverti
Esta Misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2019, con el mandato de realizar una investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos en el país.
La actividad tuvo como finalidad explicar el alcance, la importancia y la utilidad de este mecanismo internacional de protección de derechos humanos para lograr justicia para las víctimas.
El camino hacia el establecimiento de la Misión de determinación de los hechos
Beatriz Borges, quien también es investigadora asociada del CDH-UCAB, expuso el recorrido desde el inicio hasta la actualidad del proceso de establecimiento de esta Misión, donde la sociedad civil ha tenido un rol fundamental para la respuesta internacional desde los mecanismos de protección de los derechos humanos.
Borges destacó la importancia de la documentación de forma constante, tanto en el sistema universal como el sistema interamericano, para que las vulneraciones de derechos sean comunicados a los organismos internacionales.
Los organismos internacionales han documentado casos, especialmente desde 2017, gracias al trabajo de la sociedad civil. En tal sentido, el sistema interamericano ha realizado tres informes país acerca de Venezuela y se ha hecho mención especial dentro del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Indicó la directora ejecutiva de Cepaz que hay momentos icónicos a nivel internacional sobre la crisis multidimensional que afronta Venezuela, la cual no solo abarca los derechos humanos, sino que tiene como base el factor político, debido a la ruptura de la institucionalidad, sumado a ello, el surgimiento de la crisis humanitaria compleja.
En 2014-2016 se produjo la actualización de varios informes ante órganos de tratados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cuales son comités en diferentes temas como niños, derechos de las mujeres y personas con discapacidad, para realizar un análisis global acerca de la situación de Venezuela. La sociedad civil se activó mediante informes alternativos para proveer información sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Igualmente, en 2016 se produjo el Examen Periódico Universal (EPU). Pero ya en Venezuela desde el año 2014 se estaban realizando protestas masivas, por lo que el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas recibió información sobre varios casos de su competencia.
A finales de agosto del 2016, Ban Ki-Moon hizo referencia a la crisis humanitaria en Venezuela, expresando la preocupación de la situación para ese momento y la poca disponibilidad y acceso a las necesidades básicas que tenía la población, así como la inestabilidad política en el país y la posible ayuda que podía proveerse desde la ONU.
Luego en septiembre desde 2016, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a la gravedad de la crisis humanitaria así como a la erosión de independencia de las instituciones y el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), teniendo como posibles escenarios una hambruna generalizada y el deterioro del sistema de salud.
En 2017 el Acnudh tuvo una labor fundamental en visibilizar la violación y el abuso de los derechos humanos en el contexto de la protesta, especialmente mediante información recopilada a través de entrevistas a distancia, debido a que se le impidió visitar el país. En agosto de 2017, informó sobre un sistema más amplio de represión contra disidentes por factores políticos e ideologías opuestas al régimen como representación de una amenaza, mediante un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, donde recomendaba a los miembros el establecimiento de una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos e hizo otras treinta recomendaciones adicionales.
De igual forma, se presentó en junio de 2018 un informe sobre la impunidad en Venezuela denominado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, hecho por la oficina de la Acnudh con información obtenida de entrevistas a distancia, la cual da base para que el Consejo de Derechos Humanos tome acciones.
En ese momento se habló nuevamente sobre la recomendación de establecer un comité de investigación, ya que el Estado no tenía la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Así como también, se expresó que se tenían sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).
De allí, surgió la resolución histórica del 28 de septiembre de 2018, que representa una respuesta contundente; gracias a todos los actos previos, el Consejo de Derechos Humanos decidió emitir una resolución para la realización de un informe exhaustivo sobre la situación de Venezuela.
El 2019 fue un año clave, pues se realizó la visita del equipo de la Acnudh a Venezuela, así como de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en el mes de junio, para entrevistar a víctimas, familiares, sociedad civil, empresarios, profesores, permitiendo corroborar la información acerca de la gravedad de la crisis del país.
Como resultado de esta resolución, se produjo el informe técnico del 4 de julio de 2019, basado en más de 560 entrevistas con víctimas de violaciones de derechos humanos, teniendo un gran impacto en la comunidad internacional.
Para ese momento, se estaba gestionando la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, firmándose un memorándum de entendimiento con compromisos específicos en el mes de septiembre.
Dicha resolución, debido a la presión ejercida por los Estados, da pie a la creación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos. En ese momento, el régimen de Nicolás Maduro quiso verse como un Estado que si está cumpliendo con los derechos humanos, firmando no solamente dicho memorándum, sino expresando una supuesta voluntad de cooperación.
El memorándum de entendimiento y la resolución aprobada por los Estados son dos mecanismos de seguimiento importantes para la determinación de la cooperación del Estado venezolano.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos establecida para Venezuela tiene por objeto investigar las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014.
La elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, no se hizo por su cumplimiento de los estándares de derechos humanos, sino por la dinámica política de Naciones Unidas, e implica un mayor escrutinio para Venezuela mediante la contraloría y la observación constante de las acciones del gobierno de facto.
En cuanto a los sucesos recientes, se produjo el informe de julio de 2020 y próximamente, el informe final sobre la labor de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos que se realizará en septiembre de 2020.
Para Borges, todo lo realizado hasta ahora ha sido un proceso continuo de denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos, donde el papel de las organizaciones y la sociedad civil ha sido fundamental. Invitó a estar atento sobre el informe final de la Misión, destacando además la importancia de la renovación de dicho mandato.
Misión de Determinación de los hechos permitirá avanzar hacia mecanismos más concretos
Por su parte Mariana Romero, coordinadora académica del CDH-UCAB y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, destacó que la documentación y la denuncia frente a las graves violaciones de derechos humanos han tenido grandes resultados a nivel internacional.
La Misión de Determinación de los hechos permitirá avanzar hacia el establecimiento de mecanismos más concretos frente a las necesidades de verdad, justicia y reparación de las víctimas, como una respuesta ante situaciones de graves violaciones en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional de los derechos humanos.
Esto con el fin de generar diversos cambios en el ámbito legislativo, políticas públicas, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas por parte de los perpetradores, entre otras, para la recuperación de la protección de los derechos humanos de la población y en respeto de la dignidad humana.
Dichos mecanismos van en búsqueda de la determinación de los hechos, implicando documentación, registro y revisión exhaustiva para el establecimiento de una estructura de diversas responsabilidades en dichas acciones. Al tener establecidos los indicadores, se realiza una evaluación en cuanto a la normativa internacional y nacional, la identificación de patrones y responsables, la procedencia de los abusos y la determinación de mecanismos para el avance en ciertas soluciones a favor de la justicia.
En el caso de Venezuela, el Estado venezolano expresó la no cooperación con la Misión de Determinación de los hechos, pero a pesar de eso, se continuó con la labor de documentación para la presentación del informe en el mes de septiembre.
A causa de la negativa cooperación del Estado, hubo un impedimento para las visitas en el terreno, por lo cual la Misión se estableció en Panamá para darle operatividad a su labor mediante mecanismos alternativos de entrevistas y reuniones con distintos actores.
Luego del proceso mencionado, se realizó un contraste de información de la mano con otros expertos, procedimientos y mecanismos. Por último, se presentará el informe de conclusiones y recomendaciones, en conjunto a un equipo interdisciplinario para lidiar con la impunidad de Estados que no garantizan la justicia.
Los mandatos de investigación obedecen a la razón de localidad, el establecimiento de una temporalidad específica, los temas de investigación y actores parte de las violaciones de derechos.
Informe de la Misión señalará los hechos y los posibles responsables
Andrea Santacruz, directora del CDH-UNIMET, destacó que la misión no es un tribunal, ya que son investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos para el aporte de elementos decisivos en los procesos judiciales.
Santacruz resaltó que con miras al futuro, esta Misión tendrá incidencia en el ámbito penal, así como también ayudará a avanzar en otros mecanismos como en el examen preliminar, especialmente en la admisibilidad y la gravedad.
Destacó la diferencia entre el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en la forma que son asumidas las responsabilidades como en la existencia del hecho.
Realizó una comparación con procesos como Myanmar y Burundi, indicando que se espera que a futuro se logre el mismo alcance en las Naciones Unidas, luego de la apertura de este mecanismo de protección como los es la Misión de determinación de los hechos.
El informe de la Misión señalará los hechos y los posibles responsables, como lo indica su mandato; expresando los hechos de forma clara, precisa y circunstanciada; la información detallada del presunto responsable; la fuente de información y la metodología realizada para la obtención de la información.
Para finalizar, esto, será un parámetro probatorio para el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de establecer responsabilidades ante los hechos. A su vez, podría derivarse en una comisión de investigación para la presentación de información ante la CPI.
Consulte el manual realizado por diversas organizaciones acerca de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, su funcionamiento y alcance.
