El pasado 10 de julio, en el marco del 190° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares en el área de salud en Venezuela, con la intervención de los peticionarios, co-peticionarios y organizaciones de la sociedad civil venezolana que los representan.
Las organizaciones Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), Acción Solidaria, Cecodap, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Defiende Venezuela, Funcamama, Prepara Familia, Provea y Transparencia Venezuela, expusieron la situación de los beneficiarios de las medidas cautelares, así como el estado actual del derecho humano a la salud.
Audiencia emblemática
Esta audiencia fue particularmente emblemática, ya que fue decidida de oficio por la CIDH debido a la relevancia crítica y los riesgos que enfrentan los cientos de beneficiarios cuyas vidas están en peligro diariamente. Faisal Yamil Meneses, coordinador legal del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), habló en nombre de esta organización de la sociedad civil como uno de los peticionarios principales de los casos, y representó a otras siete organizaciones: Preparafamilia, Funcamama, Transparencia Venezuela, Provea, Acción Solidaria, Cecodap y Defiende Venezuela.
Durante la audiencia, las organizaciones destacaron la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, donde el 88% de la población depende de un sistema de salud pública que ha perdido el 80% de su capacidad. Entre las cuestiones destacadas, se señaló que en 2023 el 70% de las personas que buscaban atención médica no la recibieron por la falta de medicamentos básicos, suministros, personal sanitario e instalaciones adecuadas.
Profesionales de la salud han abandonado el país
La crisis se ha agravado debido a que más de 42 mil profesionales sanitarios han abandonado el país. Los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales son solo algunas de las causas que han motivado esta movilidad de profesionales de la salud. Además, la corrupción, una de las principales causas de la situación actual, se ha agudizado. El Ministerio de Salud no publica los informes de rendición de cuentas desde 2015. Tampoco se publican los contratos suscritos, ni la lista de proveedores en el sector salud. No se conoce el número de obras en ejecución, ni la cantidad de equipos y medicinas que se adquieren, ni su distribución. Más de 6 hospitales especializados quedaron inconclusos.
El cierre del espacio cívico, con proyectos de ley que amenazan el trabajo de las organizaciones, así como los actos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y el personal de salud que denuncia la situación de los hospitales ha agravado aún más la situación. Tres dirigentes sindicales del sector salud estuvieron detenidos recientemente por 24 horas, lo que persigue transmitir un mensaje contundente e intimidador a quienes pretendan denunciar o hacer llamados públicos y reclamos en favor de la garantía del derecho a la salud.
Condiciones deplorables
Las deplorables condiciones del Hospital J.M. de los Ríos, el mayor centro de salud infantil de Venezuela, y de la Maternidad Concepción Palacios, reflejan la crisis sanitaria en Venezuela, incluyendo graves problemas de falta de disponibilidad de medicamentos vitales, equipos médicos que no funcionan, servicios cerrados, grave escasez de personal y condiciones amenazadoras para el personal sanitario.
Entre las enfermedades crónicas abordadas en la audiencia están la hemofilia, el VIH/sida, la esclerosis múltiple, el cáncer de mama y los pacientes trasplantados. Los pacientes carecen de los medicamentos necesarios y los equipos médicos no funcionan. Los antirretrovirales para los pacientes de VIH no se compran con regularidad, y los pacientes de cáncer se enfrentan a instalaciones de diagnóstico y tratamiento inoperativas.
La inadecuada infraestructura sanitaria ha provocado un aumento de las tasas de mortalidad entre estas poblaciones vulnerables. Según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), para 2023 hubo 3.515 defunciones por cáncer de mama, un aumento de 40% respecto a 2016, cuando hubo 2.513 decesos. De 12 mujeres con cáncer de mama de la Medida Cautelar 68-20, otorgada por la CIDH, al menos 4 fallecieron esperando respuesta del Estado, una situación muy dramática y dolorosa. Para esta patología la carencia de medicamentos se mantiene desde 2013.
Solicitudes a la CIDH
Yamil Meneses instó a la Comisión a promover activamente debates sobre la crisis sanitaria en Venezuela, fomentando la solidaridad internacional, el apoyo material y la coordinación con las Naciones Unidas y su Coordinador Humanitario que opera en Caracas. Hizo hincapié en la importancia de la participación continua de la CIDH para fomentar la conciencia y el apoyo mundial a la crisis sanitaria de Venezuela. Las organizaciones participantes solicitaron también a la CIDH que emita una resolución pública de incumplimiento de las medidas cautelares, reconociendo su relevancia permanente, el impacto de la crisis, los problemas estructurales detrás de las violaciones y los efectos perjudiciales del incumplimiento del Estado sobre los beneficiarios.
