El 5 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en el 47° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

Indicó Bachelet que su informe «ofrece una visión general de los últimos desarrollos acerca del estado de derecho y del espacio democrático, así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores. Agregó que en septiembre presentará un informe complementario.

Aseveró la Alta Comisionada que hay «una tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad. Sin embargo, una sola muerte ya es demasiado. La reforma de la policía es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos, y la prevención de violaciones de los mismos. Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de las fuerzas de seguridad».

Las protestas han continuado en Venezuela, debido a un «acceso cada vez más difícil a los servicios básicos». A juicio de Bachelet «las desigualdades socio-económicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia de COVID-19».

Vacunas para todos

Sobre el impacto de la pandemia, la Alta Comisionada recalcó la afectación sobre el personal sanitario «que se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de las muertes por COVID-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos».

Impunidad

Adicionalmente señaló la urgencia de «continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en el contexto de las protestas de los últimos años. En este sentido saludo los avances contra la impunidad, incluyendo a la reciente condena de un agente de policía por el asesinato de César Pereira durante una protesta en 2017. Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando, reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores ante la justicia».

Para la Alta Comisionada «las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19. Bachelet hizo un llamado a que garantizar a todas las personas privadas de la libertad el acceso a «una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las Reglas de Mandela».

Por otra parte la Alta Comisionada instó «a las autoridades a que mantengan una comunicación transparente y proactiva con familiares y defensas legales» durante el proceso de traslado de los detenidos de aquellos centros de reclusión que serían clausurados.

Libertad para los detenidos

Aseveró Bachelet que su equipo» ha visitado 8 estados, y sigue haciendo visitas a centros de detención, 26 hasta el momento, incluyendo una visita la semana pasada al centro de detención del SEBIN, con entrevistas individuales y confidenciales a detenidos».

Así mismo reiteró el llamado «a que se conceda la libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente». Llamó también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, y se apliquen de medidas humanitarias a los detenidos con necesidades de atención médica.

Recalcó Bachelet la necesidad «de garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia, y un tribunal independiente, imparcial y transparente. Sin duda, la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías».

También apoyó el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, así como las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza.

Restricciones al espacio cívico

Sin embargo, destacó la Alta Comisionada que «las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición».

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos «documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización».

Arresto de miembros de Fundaredes

Para Bachelet el arresto de tres miembros de Fundaredes es preocupante. Solicitó el acceso urgente de los abogados defensores de confianza a los tres detenidos.

Indicó que se debe revisar el marco legal que propicia «la fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y la vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo».

La Alta Comisionada saludó «los recientes esfuerzos realizados para atender algunas de mis anteriores recomendaciones» y señaló que espera que pronto pueda lograrse el establecimiento de una oficina del ACNUDH en Venezuela.

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