Informe de avance de la sociedad civil para el foro político y de alto nivel publicado originalmente en el portal de Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Resumen ejecutivo

En julio de 2016, el gobierno de Venezuela presentó un informe voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel. En dicho documento, el gobierno declara la “incorporación de los derechos humanos y la participación política, protagónica y corresponsable del pueblo venezolano en todas las acciones de las políticas públicas”.

En contraste con esa declaración, el informe no contó con la participación ni consulta de la sociedad civil independiente. La postura de los entes gubernamentales, así como la falta de datos oportunos y confiables, justifica el emprender un monitoreo independiente del cumplimiento de los ODS, dada la imposibilidad de proponer la implementación de una instancia de monitoreo que incorpore al sector público en un enfoque multisectorial amplio, como sería lo ideal.

En ese sentido, la Agenda de Desarrollo Sostenible para Venezuela se alimenta de tres fuentes:

• Los diagnósticos y consultas realizados desde Sinergia y la Plataforma de Redes en el transcurso de los años 2012 y 2013, que permitieron identificar los
problemas más apremiantes y fijar prioridades.
• Los diálogos promovidos por CIVICUS (2014 y 2015).
• Las conclusiones de los exámenes periódicos universales promovidos por la Comisión de Derechos Humanos, los exámenes de los pactos de derechos sociales, económicos y culturales, los derechos civiles y políticos.

Dada la imposibilidad de hacer seguimiento a todos los objetivos debido a la escasez de recursos para este fin, la propuesta inicial de seguimiento acordado por OSC en Venezuela, constituida por un núcleo básico de 10 ODS (1 al 6, el 8, el 13, el 15 y el 16), se seleccionó en función de un prediagnóstico de los problemas más apremiantes en nuestro contexto. Por esta razón, de los objetivos seleccionados este año por el Foro de Alto Nivel para su próxima evaluación, solo los Objetivos 6 (Agua Potable y Saneamiento), 12 (con énfasis en el empleo y no en los aspectos de producción y consumo) y el 15 (vida de los ecosistemas terrestres) son reportados en este Informe de Avance.

Sin embargo, constituye una contradicción hablar de la Agenda 2030 en Venezuela dado el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que caracteriza el entorno y que definitivamente restringe la posibilidad de un informe sobre los ODS que no puede más que resultar en la constatación de que se trata de amplias vulneraciones de los principios en los que se basa la AGENDA 2030 vistos como derechos humanos.

Este colapso configura un tipo de crisis originada, no por un desastre natural ni la guerra, sino por un largo proceso de inestabilidad política y abusos a los DDHH. En la EHC (Codevida, 2018) existe un quiebre del Estado a causa del desmantelamiento deliberado de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho.

El panorama alarmante que se observa en el país representa un reto para abordar un seguimiento al comportamiento de los indicadores sobre la AGENDA 2030. La opacidad y escasez de información impide un monitoreo mas exhaustivo en el plazo de que dispusimos para este reporte pues la poca información existente se halla muy dispersa y en muchos casos corresponde a noticias o artículos de prensa.

La celeridad con la que se agrava la crisis y el impacto que ella tiene en quienes viven en Venezuela, particularmente aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad, condujo a incluir información disponible hasta junio de 2018, de acuerdo a metas e indicadores seleccionados en consulta con OSC, intentado responder al espíritu del enunciado de los objetivos.

En cuanto a los objetivos centrados en ambiente, uno de los ejes esenciales de la Agenda 2030, resulta doblemente alarmante la escasa y en muchos casos inexistente información oficial y extraoficial que se posee en el área debido, en gran parte, a la desestructuración de la institucionalidad del sector (el Ministerio con competencia fue reorganizado en diversas ocasiones y transferidas muchas de sus funciones a instancias dispersas sin capacidad ni recursos para ejercerlas) y al sesgo político que se ha dado a estos temas.

En relación con esto, PROVEA (2018) reporta que el plan denominado Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar al sur del país, sigue avanzando, aunque las grandes empresas que se esperaba que se establecieran han tenido un arranque lento. Lo que sí se ha desarrollado es “la minería que está fuera del marco legal ambiental y minero, en un contexto de anarquía e inseguridad general con la indulgencia del Estado, que no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Guayana, sino también las áreas protegidas en el estado Bolívar”.

En las zonas que delimita el Arco Minero, y como se refleja en las cifras presentadas en el área de salud, se han incrementado exponencialmente enfermedades como el paludismo, que en medio de la situación humanitaria donde no se consiguen medicamentos, han ocasionado un número significativo de muertes y de gente incapacitada. No hay centros asistenciales con la capacidad para atender la cantidad de pacientes que solicitan atención.

El otro grave problema ambiental se relaciona con los accidentes en las instalaciones petroleras del país, el último de los cuales ocurrió el 6 de julio de 2018 en dos tanques de la planta de recuperación secundaria del Complejo Operacional Jusepín de Pdvsa en el estado Monagas, ocasionando un derrame petrolero que llevó a las autoridades a suspender por tiempo indefinido el bombeo de agua al 80 % de la población de Maturín (capital del estado), ya que siete de las 10 parroquias de la capital monaguense se surten del río Guarapiche, afectado por el derrame.

Finalmente, en lo relacionado con las libertades civiles y políticas, el ACNUDH ha observado que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno.

El ACNUDH observó que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante. Según diversas organizaciones con índices de calificación del estado de apertura del espacio cívico en los países, Venezuela ocupa las últimas posiciones al ser catalogado su gobierno como autoritario, restrictivo de las libertades, omisivo y violador de derechos humanos.

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