Un grupo de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos han emitido una declaración conjunta en la que expresan su seria inquietud con respecto a un proyecto de ley propuesto en Venezuela en contra del espacio cívico, que podría tener graves consecuencias para los derechos fundamentales en el país.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la situación de los defensores de derechos humanos y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, han unido sus voces para abordar esta cuestión crítica.

El proyecto de ley en cuestión, titulado “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines”, al cual hemos denominado “Ley Antisociedad”, ha generado preocupación debido a su potencial para socavar los derechos humanos consagrados en tratados y acuerdos internacionales. Entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión pacífica y asociación, derecho a participar en la dirección de asuntos públicos y el derecho a la privacidad, reconocidos en los artículos 19, 21, 22, 25 y 17, respectivamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los expertos de la ONU han destacado que, aunque es cierto que los Estados tienen la responsabilidad de combatir el lavado de activos y el terrorismo, estas preocupaciones de seguridad no deben utilizarse como justificación para debilitar el papel de las ONG en la sociedad.

Específicamente, los Relatores han declarado: “Si bien es esencial abordar las preocupaciones legítimas relacionadas con la seguridad, es de suma importancia que estas preocupaciones no se utilicen como un pretexto para minar la credibilidad de las organizaciones no gubernamentales ni para obstaculizar su trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos”.

Al respecto, se hace mención que el cumplimiento de la recomendación nro. 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la aplicación de medidas focalizadas y proporcionadas, a la luz del abordaje basado en el riesgo, a organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, no debe contravenir las obligaciones de un país en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos. En lo que respecta a la promoción del respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tales como libertad de expresión, religión o creencias y libertad de reunión pacífica y de asociación.

Debe considerarse que el GAFI en su reciente evaluación a Venezuela determinó que nuevos registros dirigidos a organizaciones no se basan en una evaluación basada en riesgo y en consecuencia no se han implementado medidas focalizadas y proporcionadas para evitar el financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales, y por el contrario, se ha designado a todas las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados y de alto riesgo en violación de su recomendación nro. 8.

La declaración continúa comentando que el proyecto de ley plantea requisitos y restricciones que, según los expertos, son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con el derecho a la libertad de asociación, participación en asuntos públicos, libertad de expresión, e incluso impacta el acceso a los derechos económicos y sociales. “La Declaración Universal de Derechos Humanos relativa al derecho al trabajo (artículo 23), que señala que las restricciones indebidas en el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro pueden afectar directamente al empleo y al bienestar económico de quienes trabajan en este sector”, recordaron los expertos.

En este contexto, se señala que el proyecto de ley establece requisitos onerosos y desproporcionados para las ONG, lo que podría dificultar gravemente su funcionamiento y afectar negativamente a las personas que trabajan en estas organizaciones y a quienes se benefician de sus actividades.

Los expertos resaltaron que en el contexto del país y la crisis que se vive, la protección del derecho a la libertad de asociación es clave para dar una respuesta efectiva a los múltiples retos que enfrenta Venezuela.

En palabras de los Relatores Especiales, “Si bien es comprensible que los Estados regulen las actividades de las organizaciones no gubernamentales, estas regulaciones deben respetar plenamente las normas internacionales de derechos humanos y no imponer restricciones injustificadas o excesivas que limiten el trabajo esencial que estas organizaciones realizan”.

Además, los expertos de las Naciones Unidas han destacado la falta de consulta significativa e inclusiva con las asociaciones y sus miembros en la elaboración de esta legislación, lo que plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la participación ciudadana en el proceso legislativo.

El proyecto de ley también plantea cuestionamientos sobre la falta de claridad en la aplicación de las normas y sanciones económicas que podrían ser gravosas y desincentivar el ejercicio de los derechos de asociación y expresión y tener un efecto inhibitorio en la conformación y funcionamiento de ONG en Venezuela.

Los Relatores hacen un llamado urgente al Gobierno de Venezuela para que revise y modifique este proyecto de ley de manera que cumpla plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos y proteja el derecho fundamental a la libertad de asociación y otros derechos fundamentales.

“Instamos al Gobierno de Venezuela a que reconsidere este proyecto de ley y garantice que cualquier legislación relacionada con las organizaciones no gubernamentales respete plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y proteja el derecho fundamental a la libertad de asociación y expresión”, establecieron.

Debe recordarse que en febrero de este año más de 400 organizaciones de la Sociedad civil denunciaron todas las inconsistencias y amenazas del Proyecto de ley antisociedad. Afirmando en un comunicado público que el Proyecto “suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, permitiendo la cooptación del tejido social y tomar represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, violando los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la Constitución nacional”.