Nota original ONU
Los expertos de la ONU Fionnuala Ní Aoláin, Relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela utilizadas contra quienes defienden los derechos de las personas trabajadoras.
También expresaron su preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023 que condena a seis sindicalistas y dirigentes sindicales venezolanos en virtud de las medidas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo.»Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela», señalaron los expertos. «En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.
En una comunicación anterior dirigida al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación», afirmaron los expertos. «Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada».
Los expertos recordaron que tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos. Se mostraron además profundamente preocupados por el hecho que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.
«Consideramos que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela», señalaron los expertos. «La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron.
Según los expertos, las condenas representan una tendencia creciente y preocupante en Venezuela de perseguir y acosar a quienes expresan opiniones discrepantes con el Gobierno o defienden derechos humanos. «Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos», afirmaron.
«Estas condenas son un ataque a la libertad de asociación, dirigido contra organizaciones cuya razón de ser es atraer a los individuos a la acción colectiva para mejorar sus vidas y las de sus comunidades», afirmaron los expertos de la ONU. «Pedimos que se tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a las personas defensoras de los derechos laborales en Venezuela», concluyeron los expertos.
