Ante la proximidad de los nombramientos previstos para el 27 de marzo, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre defensores de derechos humanos, emitieron un llamado urgente al Estado venezolano para que el proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se base en la integridad y el mérito comprobados.

Las expertas ONU subrayaron que la renuncia de los anteriores titulares abre una oportunidad crítica para que la Asamblea Nacional inicie una «nueva etapa» en la reconstrucción del Estado de Derecho. “Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos, los procesos deben llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales y constitucionales”, afirmaron.

Cuestionamiento a la opacidad del pasado

El comunicado lamenta que, históricamente, estas designaciones se hayan realizado al margen de los procedimientos legales, incumpliendo estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana. “Se han nombrado a las mismas personas una y otra vez, ignorando la rendición de cuentas”, señalaron las Relatoras, haciendo énfasis en que la sociedad civil y los defensores de derechos humanos deben tener un papel fundamental en la selección de los perfiles adecuados.

Veto a perfiles vinculados con abusos

Las expertas señalaron que Venezuela debe excluir de la preselección a cualquier persona contra la que existan denuncias creíbles de conductas incompatibles con los derechos humanos. “Aquellas personas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización, las detenciones arbitrarias y la tortura, no deben ser nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de esas denuncias”, advirtieron.

Hacia la recuperación de la confianza

Para las Relatoras, la transparencia en la evaluación de los candidatos es el «primer paso» para que estas instituciones ofrezcan resultados reales a la sociedad, especialmente a las víctimas de abusos de poder. Concluyeron que Venezuela debe aprovechar este momento para nombrar personas cuya competencia e independencia sean reconocidas por toda la sociedad venezolana, como base para establecer un sistema judicial autónomo. Las expertas confirmaron que ya se han puesto en contacto con las autoridades venezolanas para formalizar estas preocupaciones.