Como hemos venido denunciando desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio, los actos de persecución y criminalización contra personas opositoras, o percibidas como tales, siguen en aumento.

La aplicación reiterada y sistemática de estos patrones de persecución responde a una política que pretende garantizar la permanencia indefinida en el poder del gobierno de Nicolás Maduro. El incremento de estos actos de persecución y criminalización en el contexto de un año electoral en Venezuela es evidente. El monitoreo efectuado por Cepaz mensualmente refleja 86 actos de persecución y criminalización documentados en tan solo los dos primeros meses del año 2024.  Periodistas, medios de comunicación y personas vinculadas con la política siguen siendo las principales víctimas.

Oacnudh documentó 18 casos de desapariciones forzadas en Venezuela desde 2023

En su último informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, dado a conocer al pasado 19 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), reportó que ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas realizadas por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado venezolano. «Estas personas permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», dijo la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif en la actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos.

En la última semana, Ámbar Márquez, Óscar Castañeda y Víctor Castillo, fueron presuntamente detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras participar en actividades que forman parte de la gira que realiza María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, por varios estados del país. Otro grupo de colaboradores de Machado fueron previamente detenidos y otros seis se encuentran refugiados en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, señalados por la Fiscalía de estar supuestamente implicados en conspiraciones contra el gobierno de Maduro.

Pronunciamiento de expertas ONU

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se pronunció este 30 de abril alertando que desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas de ciudadanas y ciudadanos venezolanos «que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público».

«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron las expertas Aua Baldé (presidenta); Gabriella Citroni (vicepresidenta); Angkhana Neelapaijit; Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez.

«Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada», afirmaron.

“Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, recalcaron las expertas.

«Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección», señalaron. “El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos”. Entre ellos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura. «También se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida», afirmaron.

«En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias», dijeron las expertas. «El Estado tiene la obligación de buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas. La impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad».

«Instamos al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada; a que proporcione información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a que les ofrezca todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención», finalizaron las expertas.