A propósito del día mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, emitió una declaración conjunta[1] con expertos en libertad de expresión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR). La declaración se centró en los desafíos a la libertad de expresión de las mujeres y las funciones y responsabilidades que tienen los Estados en garantizar que los espacios en línea estén libres de discriminación y sean seguros para todas las mujeres.
La Relatora expresó su profunda preocupación por los crecientes niveles de violencia de género en línea, el discurso de odio de género y la desinformación que busca intimidar, amenazar y silenciar a las periodistas y que aumentan el riesgo de violencia física contra las mujeres periodistas.
A su vez la Relatora recordó que los medios de comunicación independientes, libres, pluralistas y diversos son esenciales para la democracia, por lo que instó a los Estados y a los medios de comunicación a trabajar de manera proactiva para garantizar la seguridad, la participación equitativa y la representación de las mujeres en los medios, siendo una obligación del Estado, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, eliminar las barreras estructurales, sistémicas y legales que limitan la libre expresión y participación pública de las mujeres, y abordar asuntos como la discriminación social, los estereotipos de género, los prejuicios arraigados, la misoginia, los abusos sexuales y de género, la violencia y las leyes y políticas discriminatorias que son la raíz de la censura de género.
A propósito de esta importante declaración, no podemos dejar de abordar el incumplimiento que ha existido por parte del Estado venezolano de garantizar el libre ejercicio del derecho de opinión, expresión y participación de las mujeres que se dedican a la labor periodística y que hacen vida en los espacios digitales.
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar durante el año 2021[2], a través de nuestro monitoreo mensual de persecución y criminalización en Venezuela, que al menos 42 trabajadoras de la comunicación fueron víctimas de la violación de sus derechos humanos a través del ejercicio de patrones aplicados por el gobierno de Nicolás Maduro. Entre los patrones pudimos identificar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas, impedimentos de registrar hechos noticiosos, actos de violencia y detenciones arbitrarias.
Los actos de amenaza y hostigamiento incluyeron violencia digital, haciendo uso de redes sociales o medios de comunicación del Estado, en los que las trabajadoras de la comunicación fueron catalogadas de mentirosas, terroristas, de manipular información, e incluso fueron agredidas con comentarios misóginos. Las agresiones provinieron de funcionarios del Estado y de personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro bajo la total complacencia del Estado.
Las mujeres que ejercen la labor periodística en Venezuela lo hacen bajo el peligro de ser criminalizadas por el mismo Estado, de ser censuradas si expresan, registran o evidencian públicamente alguna situación que el gobierno de Nicolás Maduro considere que colisiona con su política de permanencia en el poder. Pero además, en el ejercicio de esos patrones sobresalen actitudes discriminatorias basadas en el género y comúnmente manifestadas en los ataques digitales, en donde las mujeres periodistas reciben mensajes agresivos, de acoso, amenazas, discursos de odio y en general mensajes que ocasionan un fuerte daño a su reputación e imagen como periodista e incluso su reputación personal.
Desde Cepaz continuamos instando al Estado venezolano a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, opinión y manifestación, y tal como lo ha expresado la Relatora en la declaración conjunta, trabaje de manera proactiva en eliminar las barreras estructurales y legales que limitan la libre expresión y la participación pública de las mujeres, empezando por el Estado que se ha convertido en el principal replicador de estas actitudes discriminatorias basadas en el género cuando criminaliza la labor periodística, especialmente por la forma en la que se ejerce contra las mujeres que hacen vida en el espacio digital, o cuando no cumple con la obligación de investigar, sancionar y reparar a las mujeres víctimas.
[1] Ending the gender digital divide is critical to the full enjoyment of women’s rights says UN expert Disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ending-gender-digital-divide-critical-full-enjoyment-womens-rights-says-un
[2] Cepaz. 73 casos de persecución y criminalización contra mujeres venezolanas documentó Cepaz en el 2021. Disponible en: https://cepaz.org/staging/noticias/73-casos-de-persecucion-y-criminalizacion-contra-mujeres-venezolanas-documento-cepaz-en-el-2021/
