Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado, rechazamos de forma categórica y contundente la persecución que impera en Venezuela en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos, que desde diversos ámbitos mantienen activa la labor de documentar y denunciar las grave crisis nacional, con el fin de exigir al Estado venezolano en sus distintos niveles (Municipal, Estadal y Nacional) el cumplimiento de sus responsabilidades.

Queremos enfatizar la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por llevar a cabo de forma arbitraria y sin una orden de detención previa, la privación ilegítima de la libertad personal de Carlos Graffe y a su vez la responsabilidad del poder Judicial, donde específicamente el tribunal militar instalado en la 41 Brigada Blindada de Valencia estado Carabobo, actuando apartados del orden jurídico venezolano, inició procedimiento irregular e ilegal en esta jurisdicción, dictado el 14 de julio del presente año aproximadamente a las 12:00am medida privativa de libertad en contra de Carlos Graffe y como centro de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.1 En contravención del artículo 44 constitucional “La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1.- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti (…)” y del artículo 49 constitucional “(…) Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales (…)”

Es importante tener presente que el movimiento cívico que comenzó en las calles a partir de febrero de 2014, como parte de la labor de las nuevas generaciones de conquistar la justicia, la libertad y la igualdad en Venezuela y donde participó Graffe, sigue expresándose a través de la protesta ciudadana. Y motivado al acompañamiento y seguimiento que ha venido haciendo el movimiento de defensores de derechos humanos, el gobierno nacional ha generado patrones de persecución, deteniendo arbitrariamente, iniciando procedimientos judiciales viciados, limitando y restringiendo el ejercicio de derechos civiles y políticos, entre otros. Lo que ocurre en la cotidianidad del venezolano y se constituye como violación de derechos humanos es la muestra del deterioro institucional y la falta de independencia de los poderes públicos.

En los últimos meses el sistema de justicia ha demostrado una parcialidad política en favor del ejecutivo nacional criminalizando el ejercicio de derechos ciudadanos reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por el Estado. La detención de Carlos Graffe, quien ha dedicado su labor de promover, difundir y defender Derechos Humanos desde las trincheras de un partido político de la disidencia venezolana, documentando y denunciando el alto nivel de contaminación del agua de la represa Cachinche y del lago de Valencia, el deterioro de la vialidad carabobeña y otras acciones, que sin ningún argumento legítimo, han sido desestimadas en todas las instancias o en contraposición ha operado el silencio administrativo. Este caso suma a las vulneraciones de derechos fundamentales y humanos que vienen ocurriendo en Carabobo desde el 1 de abril de 2017, fecha en la que inició de forma permanente y consecutiva el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la sociedad civil y diversos partidos políticos, en rechazo a las decisiones inconstitucionales aprobadas por el máximo tribunal de justicia, entre otras razones.

Exigimos y exhortamos al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público ajustarse al fiel cumplimiento de la constitución vigente, restablecer el orden jurídico y los derechos vulnerados y proceder a la inmediata liberación de Carlos Graffe. Como Organizaciones garantes de Derechos Humanos que impulsamos a las nuevas generaciones, asumimos el fiel compromiso de mantener nuestras exigencias y demandar al Estado el cumplimiento de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos de forma imparcial.  

1 https://www.el-carabobeno.com/juez-militar-privo-de-libertad-a-carlos-graffe-ramo-verde/

Suscriben este comunicado:

Organizaciones:

·         Acceso a la justicia

·         Cátedra de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

·         Centro de Acción y Defensa por los DDHH

·         Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH – UNIMET)

·         Centro de Justicia y Paz

·         Centro para la Paz y los DDHH – UCV

·         Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

·         Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

·         Frente Nacional de Mujeres

·         Nva. Esparta en Movimiento A.C

·         Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

·         Padres Organizados de Venezuela

·         Provea

·         Proyecto Venezuela

·         Sociedad Hominis Iura (SOHI)

·         Una Ventana a la Libertad

Personas:

• Alexis Zavala

• Daniella Rodriguez

• David Echeik

• Gustavo Andrade

• Leyla Ortiz

• Luis Manzanarez

• Maria Blanco

• Pedro Paraqueimo

• Mary Mogollon

• Yeiffer Graterol

• Ruben Quintero

• Francisco Herrera