Ex presidentes y miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hicieron el pasado 12 de agosto un llamado urgente a la comunidad internacional ante la situación en Venezuela, señalando que «se está ejecutando un ataque sistemático por parte de las autoridades civiles y militares contra la población, que está causando violaciones graves a los derechos humanos, configurándose delitos de lesa humanidad». También expresaron su rechazo «ante el secuestro de la voluntad popular».
Indicaron en el comunicado que «conforme al Derecho internacional consuetudinario y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante el derecho a participar en el gobierno de su país, el cual comprende el derecho de todo ciudadano/na a elegir a sus gobernantes mediante elecciones auténticas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. No obstante, conforme ha sido establecido por los informes de reconocidas y reputadas organizaciones y organismos internacionales, las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024 constituyeron una violación flagrante a los estándares de elecciones democráticas».
Agrega además que «los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la legislación interna. Basta decir que no cuentan con el sustento necesario de las totalizaciones por mesas de votación conocidas como las ‘actas'».
Sobre el recurso judicial intentado por el Poder Ejecutivo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los firmantes del comunicado señalan que «conforme al Derecho interno el único ente competente para emitir y certificar los resultados oficiales es el CNE y dicho tribunal carece de competencia para ello. Además, conforme ha sido establecido por los órganos de los sistemas interamericano y de las Naciones Unidas, el TSJ y los demás tribunales de dicho país carecen de la más elemental independencia política».
Alertaron que en Venezuela se está llevado a cabo «una represión masiva y sistemática por los cuerpos de seguridad civiles y militares, que hasta la fecha incluyen más de 2.000 detenciones arbitrarias, 24 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura. Este ataque sistemático en contra de la población civil constituye una violación flagrante de los derechos humanos, que configura la comisión de delitos de lesa humanidad. Estas informaciones han sido fehacientemente documentadas por reputadas organizaciones no gubernamentales y observadores en el terreno, las cuales están siendo objeto de amenazas y ataques».
Solicitaron de manera urgente a la comunidad internacional «adoptar todas las acciones necesarias conforme al Derecho internacional, a fin de lograr el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las pasadas elecciones presidenciales, lo que permitirá que se lleve a cabo una transición democrática de manera pacífica», así como «adoptar urgentemente todas las acciones necesarias, conforme al Derecho internacional, a fin de proteger a la población y prevenir y sancionar» las violaciones graves a los derechos humanos.
Finalmente instaron «a que los órganos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos) y del sistema universal (ONU), para que conforme a sus mandatos adopten las acciones pertinentes; incluyendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que adopte las medidas necesarias, conforme al Estatuto de Roma, para sancionar pronta y efectivamente a los responsables y para prevenir que dichos delitos internacionales continúen perpetrándose impunemente contra la población».
Consulte el pronunciamiento de ex presidentes y miembros del Sistema Interamericano de Dedrechos Humanos sobre Venezuela
