Durante el mes de octubre se incrementaron los actos de persecución contra personas vinculadas a la política. Las personas y organizaciones víctimas de la aplicación de estos patrones de persecución y criminalización estaban, en la mayoría de los casos, vinculadas con la organización y el desarrollo de la participación ciudadana de la elección primaria convocada para el pasado 22 de octubre.
A esta actividad, autogestionada por la sociedad civil y por los partidos políticos, fue convocada la ciudadanía. Su finalidad era escoger al candidato presidencial para representar de forma unitaria a la bancada opositora en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en el año 2024.
Durante esta jornada se desarrollaron múltiples irregularidades violatorias de libertades y derechos, como la expresión, reunión y participación política, a través de patrones que podríamos agrupar en actos de censura, amenazas, violencia y abuso del poder.
Patrones de persecución y criminalización identificados en el mes de octubre
Los 32 actos de persecución y criminalización documentados por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en el mes de octubre, y ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, se llevaron a cabo contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y contra la población en general.
En el monitoreo y análisis de estos 32 casos se identificaron las siguientes acciones: cuatro cierre de emisoras de radio, siete procesos judiciales irregulares, 18 actos de hostigamiento y amenazas, dos impedimentos de registrar un hecho noticioso y un bloqueo de página web.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de octubre, se identificaron 20 contra personas vinculadas con la política, 10 actos contra trabajadores de la comunicación y dos contra la población.
Es importante destacar que en los casos identificados respecto a la celebración de la jornada de participación ciudadana han sido vinculados como actos de persecución política. Sin embargo, estos casos atentan en general contra los derechos políticos de la ciudadanía, por lo que no es posible contabilizar la totalidad de las víctimas.
Estos casos forman parte del patrón de violaciones al derecho a la participación ciudadana consecuencia de la crisis institucional que atraviesa el país y que ha marcado los eventos electorales desde el pasado. Situación que se repite en los ataques sufridos por los trabajadores de la comunicación y la censura generalizada que se presentaron durante la celebración de las elecciones primarias.
Siguen los cierres de emisoras de radio
Durante el mes de octubre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró al menos cuatro emisoras de radio en el país. La emisora radial Esplendida 93.7 FM ubicada en El Tigre, estado Anzoátegui; la emisora radial Fe y Alegría 105.9 FM en Maturín, estado Monagas; la emisora radial Playonera 88.3 FM ubicada en el municipio Santa Rosalía en el estado Portuguesa, que también enfrentó el decomiso de los equipos de trabajo; y la emisora radial Carora 100.5 FM, situada en Carora, estado Lara.
Los actos de hostigamiento documentados durante el mes de octubre contra periodistas se llevaron a cabo en el programa Con el Mazo Dando, en donde su conductor, Diosdado Cabello, arremetió contra los periodistas Carla Angola, Patricia Poleo y Sergio Novelli. Cabello leyó una carta anónima en la que se refería a la organización de la elección primaria de la oposición y en donde alertaba sobre “periodistas recalcitrantes que viven de la extorsión”. También arremetió contra el periodista Alberto Rodríguez, llamándolo “palangrista” y “experto en sembrar terror”.
En otro hecho, Ricardo Tarazona, corresponsal del medio digital Qué Pasa En Venezuela, fue impedido de registrar las condiciones internas de la infraestructura del Complejo Educativo Yaracuy, denunciadas por representantes de los alumnos. Mientras que el día de las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre, Conatel censuró la cobertura del evento. Productores y reporteros denunciaron haber recibido un mensaje en donde se les prohibía registrar y publicar información al respecto, que señalaba: “A partir de esta hora no se puede emitir ningún comentario ni noticias que tengan que ver con la primaria de la oposición”.
Por su parte, organizaciones que monitorearon las elecciones primarias del 22 de octubre denunciaron distintas actos de hostigamiento contra la labor periodística, entre ellos la toma de fotografías por parte de sujetos desconocidos hacia periodistas que registraban el evento electoral, prohibiciones de registrar el evento, violencia verbal, amenazas, entre otras acciones.
Acciones contra ciudadanos
Durante la jornada de participación ciudadana celebrada el 22 de octubre, funcionarios de la alcaldía Manuel Monge, ubicada en Yaracuy, cerraron temporalmente un local que funcionaría como centro electoral. Ciudadanos en Yaracuy también denunciaron que personas que habían ofrecido sus viviendas como espacios para instalar los centros electoral estaban siendo víctimas de hostigamiento.
Ataques a personas vinculadas con la política
Juan Guaidó, dirigente opositor, recibió una orden de aprehensión de la Fiscalía. En su contra también se activó una alerta roja de la Policía Internacional (Interpol), por delitos de traición a la patria, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación.
La Fiscalía General también arremetió contra las elecciones primarias, designando dos investigadores por el supuesto cometimiento de al menos cuatro delitos: usurpación de funciones; usurpación de identidad, partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron; legitimación de capitales, por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda, y asociación para delinquir.
Bajo este procedimiento abierto contra las primarias de oposición, la Fiscalía citó a declarar en calidad de investigados a tres de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias (CNDP): Jesús María Casal, presidente; Mildred Camero, vicepresidenta; y Roberto Abdul, miembro suplente. Lo mismo ocurrió con los miembros de las juntas regionales.
Por último, bajo un patrón que viola el derecho de participación política, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ordenó a través de la sentencia 122 suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral por ser supuestamente “fraudulento”.
Hostigamiento y amenazas contra dirigentes políticos, partidos políticos y centros de votación
Las acciones ejercidas contra dirigentes políticos, partidos políticos y centros de votación, obstaculizaron la posibilidad de la ciudadanía de ejercer su derecho a la participación en el evento electoral del 22 de octubre.
María Corina Machado, candidata de las elecciones primarias, denunció que funcionarios de seguridad del Estado intentaron obstaculizar su visita al estado Carabobo mientras realizaba su campaña política.
El partido político Vente Venezuela, denunció que su sede próxima a inaugurarse, ubicada en Cumaná, estado Sucre, fue vandalizada. Sujetos desconocidos escribieron en la fachada frases como “No te queremos”, “deja el show”, “vete ya”, “fuera MCM”.
Por su parte, diversos centros de votación fueron atacados por sujetos desconocidos durante la jornada electoral. Al menos cinco centros electorales en el estado Cojedes fueron vandalizados con pintura en las fachadas y daños en la puertas. En el estado Aragua un centro de votación fue víctima de un robo en las mesas electorales y se escucharon detonaciones. Aún más, bajo la presencia policial, en los estados Lara y Cojedes, motorizados tomaban fotos de los votantes como forma de amedrentamiento, mientras que los funcionarios policiales pedían dirección y cédula de identidad a los votantes.
En un centro de votación en Caracas fue arrojada una bomba lacrimógena por sujetos desconocidos, afectando a personas mayores y a un miembro de mesa que sufrió un desmayo. Por último, un centro de votación ubicado en Caracas fue asaltado mientras que presuntos colectivos hicieron disparos al aire.
Adicionalmente, Diosdado Cabello amenazó con sumar las primarias como un delito para las inhabilitaciones, por lo que candidatos y candidatas inhabilitados por 15 años podrían estarlo por 30 años. Cabello aseguró: “Ahora todo esto que están haciendo se les suma. Todo lo que están haciendo al cometer este tipo de delito se le suma. Yo en lo personal siempre he dicho que pues en algún momento hay que aprobar la ley del poder moral. Hay personas que moralmente no están aptas para ejercer cargos públicos”.
Finalmente, la Comisión Nacional de Primarias informó el bloqueo de su servidor, lo que produjo la imposibilidad de recibir los datos para la totalización de la elección primaria, atrasando la publicación del primer boletín oficial con los resultados.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Octubre 2023
